El diputado nacional Guillermo Michel (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para crear el Registro Federal de Incumplidores de Obligaciones Alimentarias, a partir del cual los deudores de cuotas alimentarias no puedan acceder a los casinos ni al juego online, garantizando así la efectividad del crédito alimentario reconocido judicialmente.

Michel argumentó que “si bien varias provincias han creado registros locales de deudores alimentarios, la amplitud territorial genera desigualdades significativas que permiten que una persona inscripta en una jurisdicción pueda eludir efectos trasladándose a otra”. Por ello, sostuvo que “la creación de un Registro Federal permite superar esa limitación, dotando de eficacia nacional a las decisiones judiciales y fortaleciendo la coordinación interjurisdiccional”.

“La ley tiene dos objetivos: dotar de eficacia real a los derechos ya consagrados en tanto la cuota alimentaria es un bien jurídico de máxima jerarquía constitucional; y dar respuesta concreta a una realidad social que afecta a una gran cantidad de hogares en todo el país”, explicó.

Según el informe de UNICEF Argentina de 2024, más del 56% de las madres que no conviven con el padre de sus hijos no reciben la cuota alimentaria, proporción que asciende al 68% cuando se incluye a quienes no la reciben de manera regular.

El diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que propone suspender por el plazo de 180 días el procedimiento de exclusión del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

La Ley 24.977 regula el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), mientras que el artículo 26, inciso ‘c’, habilita la recategorización de oficio cuando la administración detecta desvíos respecto de la categoría declarada. A su vez, la Resolución General 4309/2019 (exAFIP) reglamentó los procedimientos de recategorización y exclusión.

“En un contexto de crisis profunda producto de decisiones de este Gobierno nacional que tiene como consecuencias la caída de ventas y volatilidad de precio, los parámetros objetivos del régimen de facturación, pago de alquileres y pago de servicios pueden no reflejar la capacidad contributiva real, ya que la inflación no produce una mejora real con un aumento nominal de facturación”, explicó en los fundamentos.

En ese sentido, el legislador massista apuntó que “las variaciones generan un desfasaje de períodos y la retracción del consumo genera irregularidades en los ingresos”.

Para el exdirector de Aduanas, “suspender la recategorización de oficio se fundamenta en una medida para cuidar la economía de los efectores autónomos y que no les genere un desvarío económico en sus propios proyectos y procesos laborales, de emprendimientos y/o profesión”.

Asimismo, el diputado dijo que se busca “evitar la informalidad por incapacidad de pago de las obligaciones por elevar las categorías”.

“Este proyecto pretende sostener el entramado productivo de nuestro país, sobre todo en los autónomos, que es el régimen formal de los sectores más frágiles de nuestra sociedad”, completó.

Además de Michel, la iniciativa lleva las firmas de Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipí” Alí, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Juan Luque y Emir Félix, de Unión por la Patria; y Nicolás Massot, de Encuentro Federal.

En pleno auge de las plataformas de venta electrónica, los diputados nacionales Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio de protección integral de los derechos de los consumidores. La propuesta tiene por objetivo, entre varios puntos, garantizar la transparencia entre usuarios y proveedores y es presentada como complemento de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

El propio legislador de Entre Ríos explicó a través de X que se trata de una iniciativa para “defender la industria local, el empleo argentino y combatir la competencia desleal generada por la mercadería ingresada de manera irregular a nuestro país y luego comercializada por plataformas virtuales”. Del mismo, contextualizó que “en los últimos años el comercio electrónico ha adquirido una importancia creciente en la comercialización de bienes y servicios”.

En el mismo anuncio, Michel explicó que “las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial no han sido objeto de las actualizaciones que permitan defender adecuadamente los derechos de los consumidores e identificar la trazabilidad de los proveedores”. Agregó, en ese sentido, que “es necesario actualizar la ley a los efectos de evitar que la mercadería que ingresa de contrabando a nuestro país se comercialice a través de plataformas digitales bajo apariencia de legalidad”.

De todos modos, dejó en claro que “esto no le va a generar ningún costo adicional al consumidor, pero sí le va a asegurar que la mercadería que compra sea genuina y haya ingresado al país en forma regular”.

Los puntos del texto

El proyecto de ley impulsado por los diputados de Unión por la Patria tiene por objeto garantizar la protección integral de los derechos de los consumidores y usuarios que adquieran bienes o servicios a través de plataformas de comercio electrónico o cualquier otro medio digital de intermediación, garantizando condiciones de transparencia, información, trazabilidad y la responsabilidad solidaria entre proveedores y plataformas.

El alcance de la norma, en caso de prosperar, será de aplicación a toda plataforma digital que intermedie o sea utilizada para transacciones comerciales electrónicas dirigidas a consumidores situados en el territorio de la República Argentina, independientemente del lugar de radicación de la plataforma o de los proveedores que la utilicen.

La iniciativa que impulsan Michel y Olmos exige que las plataformas deberán asegurar que toda publicación indique descripción y especificación del bien, manuales de uso cuando resulte aplicable; razón social, domicilio, CUIT, cuenta bancaria y dato de contacto del proveedor y del fabricante o distribuidor; y la documentación que acredite el origen y procedencia de los bienes objeto de oferta y publicación.

También exige que estén indicados la mención de las características de la garantía; los plazos y condiciones de entrega; el precio y condiciones de pago; los costos adicionales, especificando precio final a pagar por el adquirente; y la declaración Jurada de cumplimiento de la normativa aplicable.

Finalmente, define como autoridad de aplicación a la Secretaría de Industria y Comercio, y establece que incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y en el marco legal vigente de Lealtad Comercial, incluyendo multas, suspensión y bloqueo de operaciones, sin perjuicio de las ya aquí dispuestas.

Diputados y senadores peronistas de Entre Ríos le enviaron una carta al gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, en la que le solicitan una reunión para "evaluar en conjunto el impacto" que tendría el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, en lo que respecta a la modificación en el impuesto a las Ganancias.

Según advirtieron en la misiva, Entre Ríos "y, consecuentemente, los municipios, recibirían durante todo este año $81.265 millones menos" en coparticipación, lo que representa "un promedio simple mensual de $6.772 millones por mes".

"Entendiendo el grave impacto que esta reforma generaría en los recursos de nuestra provincia y municipios, es que solicitamos a Ud. una reunión de carácter político con su persona a efectos de evaluar su posición en este tema y que analicemos en conjunto alternativas para no afectar el presupuesto de Entre Ríos", sostuvieron.

La carta lleva las firmas del senador Adán Bahl y los diputados Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay.

Los legisladores explicaron que "el proyecto de ley de 'Modernización Laboral' introduce un artículo, el 191, que modifica la escala para el pago del impuesto a las Ganancias de las sociedades y reduce la alícuota de los tramos 2 y 3, reemplazando la alícuota del 30% por una del 27% y la del 35% por una nueva alícuota del 31,5%".

"Esta baja de la alícuota impacta en una menor recaudación del impuesto y, por ende, en una reducción de la coparticipación para las provincias y, por la ley provincial de coparticipación, en menores ingresos para los municipios", resaltaron.

Además, indicaron que "solo 144 grandes empresas se llevan más de la mitad del gasto tributario que efectúan el Tesoro Nacional y las provincias".

"En el Presupuesto 2026, el Gobierno (nacional) proyecta recaudar por impuesto a las ganancias $48,4 billones, 4,48 puntos porcentuales (pp) del PBI. De ese total de $548 billones un 29% corresponde a personas humanas y un 71% a sociedades. Es decir que $534,3 billones será el monto de recaudación que las sociedades aportaran al total de impuesto a las Ganancias", detallaron.

Y continuaron: "La reforma que impulsa el Gobierno va a reducir sustancialmente ese monto. De $534,3 billones para sociedades se recaudarían $531,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $3,1 billones equivalentes a 0,3 pp del PBI".

"¿Y dónde impacta esa caída de recaudación? En el Tesoro Nacional y en las provincias. Del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la Ley de Coparticipación Federal", agregaron.

El diputado nacional Guillermo Michel (Unión por la Patria) cuestionó el otorgamiento por parte del Gobierno nacional de un anticipo financiero de $220.000 millones a la provincia de Entre Ríos. “Como no tienen gestión, toman deuda”, expresó.

El massista se refirió al decreto 922/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el cual consideró es "una muestra más de la falta de previsibilidad del gobierno provincial y de que los problemas los van solucionando de la manera más fácil: más deuda de corto plazo”.

Para el legislador, el envío de estos fondos “deja en evidencia que como no tienen gestión, toman deuda”, en una fuerte crítica a la administración de Rogelio Frigerio.

En esa línea, el entrerriano objetó meses atrás la iniciativa del gobierno provincial de disponer de “facultades para emitir hasta USD 500 millones sin establecer objetivos claros, sin reglas de responsabilidad fiscal, sin control legislativo, y con el permiso para contratar bancos, asesores y realizar operaciones en moneda local o extranjera sin ninguna limitación ni exigencia de beneficio real para la provincia”.

Por otro lado, el diputado volvió a advertir sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para las grandes empresas que propone la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. “Entre Ríos va a perder 81.000 millones de pesos”, afirmó sobre ese eventual cambio al tributo coparticipable.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria por Entre Ríos Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna y Marianela Marclay, además del senador de ese espacio por la misma provincia, Adán Bahl, mantuvieron un encuentro este miércoles con los referentes sindicales Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio), Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP).

Durante la reunión, realizada en la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, se abordó la situación laboral de Entre Ríos, en particular de los trabajadores del citrus que están teniendo inconvenientes en el norte de la provincia. En tanto, junto a Molinari analizaron la problemática de los trabajadores del sector avícola.

También intercambiaron sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional en el Congreso y el posicionamiento de la central obrera. Asimismo, se refirieron al impacto en el poder adquisitivo de los salarios generado por el fuerte incremento de los gastos fijos de los hogares.

En ese sentido, Michel sostuvo que “una reforma laboral por sí misma no genera puestos de trabajo; para crear trabajo se necesita un proceso de crecimiento económico sostenido protegiendo y promoviendo la industria y la producción nacional”.

Además, el flamante diputado agregó “es inescindible analizar el costo tributario del empleo registrado a la hora de avanzar en una reforma laboral que amplíe derechos, promueva el crecimiento económico y la productividad, reduzca la informalidad y se adapte a las nuevas formas de trabajo. Es necesario analizar una segmentación por sector de la actividad y región”.

El diputado nacional electo Guillermo Michel alertó sobre el trasfondo impositivo detrás de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de una posible eliminación del monotributo.

En ese sentido, el exdirector de Aduanas afirmó que la propuesta responde a compromisos previamente asumidos con el Fondo Monetario Internacional. "Está en la página 16 del Staff Report del Fondo Monetario como un compromiso argentino de eliminar el monotributo”, indicó el especialista en derecho tributario.

De esta manera, el entrerriano señaló que "el tema no surge de una necesidad tributaria local, sino de un requerimiento del organismo internacional". "El FMI tiene en la mira al monotributo desde hace mucho tiempo. Es así porque el organismo quiere el régimen general para recaudar más”, aseguró.

La eliminación del monotributo que quiere el FMI perjudica de manera directa a 4,6 millones de pequeños contribuyentes https://t.co/utJo1D9ozP pic.twitter.com/p0VpgUP3ja

— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) November 14, 2025

Otro de los que opinó sobre el tema fue el diputado socialista Esteban Paulón, quien pronosticó que "la eliminación del monotributo sólo alentará la informalidad laboral y arrojará a millones de trabajadores fuera de la cobertura de obras sociales". "Parece que el objetivo de las 'reformas laborales' no es la formalización, sino la precarización", cuestionó.

En tanto, desde el Gobierno, este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó que se hable en base a trascendidos. "Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son", manifestó desde Casa Rosada.

El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos Guillermo Michel analizó la coyuntura política y valoró la renovación de liderazgos dentro del peronismo. “Es positivo que haya figuras del peronismo que se vayan refrendando con los votos”, dijo y agregó: “Fue un muy buen triunfo en la provincia de Buenos Aires que muestra la importancia de la unidad del peronismo”.

En ese sentido, Michel remarcó la relevancia de los resultados electorales del año pasado: “Es muy importante que el gobierno haya terminado en el 2023 y que haya perdido las generales solo por 2 puntos”. También señaló: “Que hayamos retenido la provincia de Buenos Aires y recuperado 13 municipios en el mismo año, permitió consolidar esto”.

Además, el dirigente entrerriano y referente del Frente Renovador sostuvo que “el peronismo hoy está en pie por cómo se terminó la gestión del 2023, más allá de las dificultades que vivimos”.

Finalmente, Michel transmitió un mensaje de confianza hacia el futuro del movimiento peronista: “Estoy esperanzado para lo que viene y tengo mucho optimismo por todos los cuadros políticos que se están formando de nuevo”. Y concluyó: “Estoy seguro de que si definimos un programa de gobierno, lo ejecutamos”.

Con el objeto de explicar otra de las medidas impulsadas en las últimas semanas por el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentaron este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja nuevamente tres funcionarios: el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel. Los tres expusieron sobre el proyecto de ley por el cual se crea el “Programa Compra sin IVA”.

Al cabo de la reunión, que se prolongó cerca de dos horas, y sobre el final el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, esbozó la posibilidad de tener una nueva reunión la próxima semana, “para dictaminar este tema”.

Poco antes había intervenido el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien habló del Presupuesto 2024, advirtiendo sobre las “separatas” del mismo y se quejó porque el ministro de Economía y el diputado Javier Milei “acordaron tratarlo después de las elecciones”. Carlos Heller negó que se tratara de “un acuerdo”, pero al respecto, Germán Martínez propuso ir avanzando con reuniones informales en las que se pudiera analizar el tema.

Asimismo se mostró disposición de parte del oficialismo para hacer las modificaciones que los diputados crean pertinentes sobre el proyecto Compra IVA.

La voz de los funcionarios

En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, destacó que acababan de recibir un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, con el cálculo del costo fiscal del proyecto. El mismo establece que el monto del reintegro será de 1,29% para el año 2024.

En su intervención, el titular de la AFIP recordó que este beneficio ya está en marcha y al día de ayer ya 10.700.000 personas habían recibido el mismo. “Esto significa que la medida ha sido correcta, con aceptación de la población -resaltó Castagneto-. Además de que a nosotros nos sirve que pidan el ticket. ES fundamental que utilicen el ticket porque nos da una trazabilidad de la comercialización”.

El funcionario recordó que los beneficiarios tienen que utilizar tarjeta de débito o código QR y al respecto pidió que carguen a través de la página de la AFIP un CBU, y que especialmente utilicen la cuenta sueldo y dio detalles de la manera como se va a instrumentar el beneficio a través de sus tarjetas.

Recordó que para los trabajadores formalizados, aquellos alcanzados por el beneficio son los que perciban no más de 6 salarios mínimo, vital y móvil.

A su turno, el titular de la Aduana dijo que el sistema elegido es el que en el mundo se denominan “IVA personalizado”. “Ya funcionó en nuestro país antes”, recordó, remarcando entonces que eso demuestra que se trata de “una política de Estado”, por cuanto en 2002 se probó un esquema para de alguna manera reducir el costo fiscal del IVA sobre la canasta básica alimentaria. Fue “con un esquema más simple, pero que no funcionó, que era la reducción de la alícuota”. Fue en tiempos en que Roberto Lavagna era ministro de Economía y “claramente no funcionó porque la baja de alícuota no se materializó por una reducción del costo impusitivo”.

En enero de 2003 se instrumentó un reintegro de 5 puntos del IVA para todas las compras con tarjeta de débito, menos combustible. “Funcionó muy bien hasta diciembre de 2016, cuando (el ministro de Economía Nicolás) Dujovne decidió cortar ese beneficio, que se reintegró en 2019”, recordó.

Michel sostuvo que el IVA es “un impuesto bastante sencillo de recaudar, pero tiene la dificultad de que es regresivo, porque no es como Ganancias: afecta tanto a las personas de bajo poder adquisitivo, como a las de alto poder adquisitivo”.

Informó entonces que la experiencia del IVA personalizado se ha realizado en el mundo y dio datos: “En Uruguay el IVA es del 22% y funciona allí la tarjeta Uruguay Social, que existe para los sectores vulnerables y el reintegro es automático. En Ecuador hay un reintegro para los discapacitados: se les devuelve el IVA automáticamente. En Canadá es muy parecido el sistema, es trimestral, contra la presentación de comprobantes. En Costa Rica es similar, y en Colombia, el último país que lo implementó, en 2020, alcanza a  un millón de hogares de menores recursos”.

Tras reiterar que el sistema hoy está funcionando “muy bien”, advirtió que están trabajando con aquellas provincias que no transfirieron las cajas a la Nación. “Muchas no están cumpliendo con la obligación de informar sobre los usuarios y por eso les estamos pidiendo que nos faciliten la lista de jubilados y empleados, para poder cumplir con el reintegro. No es cuestión nuestra, sino que los ministros de Economía (de las provincias) no nos han aportado la información”.

A su turno, la subsecretaria Claudia Balestrini destacó el objetivo de la medida, que “tiene que ver justamente con eliminar este impacto que puede tener la carga tributaria sobre el ingreso disponible, y permitir así aumentar la capacidad de consumo de determinados sectores. Por eso nos enfocamos en lo que es la canasta básica alimentaria”.

“El impuesto al consumo en cualquier lugar del mundo tiene una característica regresiva, y consideramos que si bien en los últimos años se fueron instrumentando distintos regímenes, este proyecto pretende que se instale como una verdadera política pública que atienda a los sectores cuyos ingresos son más dedicados al consumo”, agregó Balestrini, quien enfatizó que “este reintegro lo que soluciona es un problema de regresividad, como cualquier impuesto al consumo”.

La funcionaria remarcó que se trata de “un proyecto muy simple, con instrumentación transparente”, y detalló los sectores alcanzados: jubilados y pensionados que perciban como mínimo seis haberes mínimos. “Hoy estamos con un valor actual de 524 mil pesos”, precisó.

También alcanza a empleados en relación de dependencia, que perciban hasta seis haberes mínimos vitales y móviles, que a valor actual sería 704 mil pesos. Además perciben el beneficio quienes perciban AUH, asignación por maternidad y quienes estén como empleados de casas particulares.

Asimismo los que cuenten con Tarjeta Alimentar y Potenciar; también los monotributistas, sin importar la categoría. Hay excepciones, aclaró, como aquellos que se desempeñan con cargos públicos o sean directores de sociedades. También hay otras exclusiones que son generales: aquellos contribuyentes que perciban ganancias que estén sujetas a impuestos o aquellos que aporten al SIPA.

Balestrini destacó también que hay una facultad de ampliar el universo de contribuyentes.

Por último, precisó que el reintegro es hasta un 21%, siendo el límite actualmente de 18.800 pesos, aunque aclaró que en el proyecto de ley es del 21% de lo que sería la canasta básica alimentaria, con un valor actual de 23.000 pesos. Además, planteó que en el proyecto se incluyen las tarjetas de débito y también las de débito.

Ante la consulta de diputados de la oposición, Carlos Castagneto destacó las medidas tomadas por el Ministerio de Economía en los últimos tiempos, asegurando que a partir de ellas “la recaudación ha aumentado considerablemente, en función de que a partir de la aplicación de este sistema “Compra sin IVA” los supermercados o comercios de cercanía van a facturar mucho más.

Asimismo tiende esto a evitar la economía informal, e hizo votos porque en algún momento futuro todas las transacciones se hagan vía tarjeta. Aseguró que se están haciendo negociaciones para que las billeteras virtuales también se adapten al sistema y adelantó que se está trabajando en un proyecto de ley que alcanzará a aquellos monotributistas que al pasar de la última categoría caen en autónomos.

Por su parte, Claudia Balestrini informó que el costo fiscal determinado por la Oficina de Presupuesto del Congreso “es un cálculo de máxima, teniendo en cuenta el uso pleno del beneficio de todos los alcanzados. Siempre es importante en estos casos analizar el supuesto teórico, considerando el uso pleno. Ojalá se utilice cada vez más el beneficio”. Y concluyó: “Este punto del PIB va a ser menor por la compensación por la mayor venta que se va a registrar”.

Desde la oposición, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) expresó su coincidencia con Guillermo Michel respecto de que “cuando uno reduce la alícuota lo hace para todos los sectores, por lo cual terminan dando un beneficio para los que no lo necesitan”, y en ese sentido propuso focalizarlo en quienes más lo necesitan. Por ejemplo, “devolverle el IVA entero” a esos sectores, cosa en la que coincidió sobre el final el diputado oficialista Juan Marino (Bloque Piquetero).

Funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el Gobierno sobre blanqueo de capitales, en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera firmado con Estados Unidos el año pasado. 

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda arrancó solamente con la presencia de legisladores oficialistas. Luego se sumaron solo cuatro miembros de Juntos por el Cambio. Más temprano, los opositores habían participado de un encuentro con Patricia Bullrich. 

Durante las exposiciones del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas, Guillermo Michel, se hizo circular el proyecto para su dictamen, pero cuando la oposición llegó se cuestionó ese accionar y, explicación mediante, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que la semana próxima se convocará a una nueva reunión para sacar despacho. 

La palabra de los funcionarios

Al exponer sobre la iniciativa, Castagneto señaló que “la herramienta que presentamos, de carácter voluntario y excepcional, habilita por 360 días la declaración de tenencia de moneda nacional e internacional, que esté en el país o en el exterior, además de activos financieros, bienes muebles e inmuebles”. 

El responsable del ente recaudador consideró que esta es una norma que “el momento institucional y político requiere”, y mencionó que “quienes declaren podrán acceder a una alícuota impositiva especial que va modificándose a medida que vayan ingresando a través del tiempo”, mientras que a quienes no lo hagan “se les van a aplicar las normas vigentes” de sanción. 

Además, resaltó que lo obtenido por el blanqueo será “destinado a la realización de viviendas y obras públicas en todo el país, como así también para fortalecer el Tesoro Nacional”. “Las grandes maniobras de evasión fiscal atentan contra la gobernabilidad y democracia”, subrayó y observó que “la democracia que está cumpliendo con 40 años se enfrenta con intentos desestabilizadores y de recetas que nos llevaron a un pasado muy oscuro de nuestra historia”. 

“Desde todos los sectores del Estado debemos dar la discusión de lo que hay que hacer: trabajar para una Argentina mejor, defendiendo los derechos de los sectores mayoritarios de nuestro país, de los trabajadores”, dijo en tono electoral Castagneto, quien es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. 

En su alocución, el funcionario detalló que, a través de la OCDE, “Argentina mantiene intercambio de información con más de 108 países, que aportan a la AFIP la base de datos de argentinos que mantienen cuentas en esas jurisdicciones”. De esos informes se desprende que “un 45% de los casos resultan con desvíos significativos o inconsistencias”. “Argentina es tomada como ejemplo por el resto de los países de la OCDE en el uso del cruce de las cuentas y las bases de datos”, indicó. También informó que solo en julio de este año se han detectado “222 casos con desvíos e inconsistencias que alcanzan la suma de 116 mil millones de pesos”. 

A su turno, Michel ponderó que “la política de transparencia fiscal internacional ha atravesado a todos los gobiernos y es algo que debemos seguir sosteniendo entre todo”. “Es una política de Estado y la AFIP lo tomó como una cuestión de suma importancia a partir del año 2008, con la crisis de Lehman Brothers, que cambió el mundo financiero”, insistió. 

Sobre el acuerdo que se firmó el año pasado con Estados Unidos, remarcó que “es una política que se inició en 2016, (Alfonso) Prat-Gay era ministro de Economía”. Pero lo que se busca ahora es “hacer el intercambio a nivel masivo” para que “se pueda obtener por grupos de contribuyentes”. “De muchos argentinos que comparten una cuenta bancaria como apoderados o una sociedad como accionistas, esa información ya se está obteniendo”, precisó. 

El director general de Aduanas anticipó que a partir de septiembre se va a “obtener de manera masiva el paquete de datos de cuentas en el exterior” y, en ese marco, defendió: “Esta ley no la necesita esta administración, este Gobierno, sino como política de Estado la necesita la Argentina”. 

“Lo que presentó el Poder Ejecutivo no es algo nuevo ni novedoso”, sostuvo y recordó que hubo leyes de blanqueo en 1987, 1992, 2008, 2013 y la más reciente en 2016, bajo la gestión de Cambiemos. Sobre este último, apuntó que fue “la ley que más se discutió y que mejor esquema de recaudación tuvo, gracias a que Argentina comenzó a contar a partir del año de 2011 con todos los acuerdos de información que entraron en vigencia de manera plena y efectiva, y en el año 2015 es que se pudo obtener esta información”. 

Michel agregó que en 2021, en la ley de incentivo a la construcción, también se contempló en un capítulo un blanqueo “de similar naturaleza”. 

Además, el funcionario expresó que “después de la pandemia se han impulsado en muchos países estos regímenes de exteriorización”. “No es un régimen novedoso, pero esto tiene una particularidad y una razón de ser. El acuerdo con Estados Unidos va a cambiar la matriz tributaria de nuestro país, va a generar una expansión de la base imponible para Bienes Personales y Ganancias muy importante, estimamos en no menos de 90 mil millones de dólares para el año que viene, que va a ser de cuentas de argentinos que están en el exterior”, resumió. 

Al momento de las preguntas, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas dijo que le “llamó la atención que no esté incluida la posibilidad de una moratoria” como en otros casos, y cuestionó que “cuando se habla de beneficios para los cumplidores se delegan (en el Poder Ejecutivo) los beneficios, y eso es una potestad nuestra”. “No me parece que el Ejecutivo pueda decidir perdonar deuda o bajar en materia tributaria. Pero además creo que nuevamente un blanqueo, dando beneficios a los que están fuera de la ley, va a perjudicar a los que pagan”, enfatizó.

Castagneto le respondió que en los blanqueos “siempre se permitió al Poder Ejecutivo reglamentarlo” y así se vio en el gobierno de Mauricio Macri, cuando “tomó más atribuciones de las que correspondían, porque en ninguna parte se permitía a familiares”, algo que se judicializó luego. 

“Nosotros respetamos mucho a los cumplidores. Se ha firmado otro plan de pago de 84 cuotas para deudas impositivas y en el tema de seguridad social, un plan de 48 cuotas”, sumó el titular de la AFIP. 

En tanto, Michel contestó: “Entiendo su punto y es atendible, pero entendemos que cumple con el artículo 76 de la Constitución”. 

Discusión sobre la firma del dictamen 

Luego de las exposiciones de los funcionarios, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, aclaró que se había convocado a una “reunión informativa” y, ante el anuncio de Heller de que ya “25 diputados” habían firmado el dictamen, el opositor se quejó: “No es una manera correcta y adecuada de trabajar”. 

“Un dictamen es una previa y siempre hay posibilidades de seguir discutiendo, y hasta el tratamiento en el recinto, lo hemos hecho infinidad de veces que se han incorporado cambios o modificaciones. No implica que no se pueda seguir trabajando”, argumentó Heller, a lo que López contestó que esperaban al menos otra reunión. 

Luego el presidente de la comisión admitió un “error administrativo” en la convocatoria y le dijo a los legisladores de Juntos por el Cambio que como “no hay una inminencia de tratamiento” podían presentar un dictamen de minoría hasta el miércoles que viene. 

Sin embargo, más tarde, ante un nuevo intercambio, Heller anunció que la semana próxima se citará nuevamente para dictaminar. “Pese a tener el número y el dictamen, esta Presidencia va a volver a convocar a una nueva reunión, porque este es un tema de enorme importancia y por lo tanto no queremos que haya ningún resquicio para que nadie pueda decir que alguna cosa no se cumplió”, cerró. 

Puntos principales del proyecto

El proyecto, enviado el pasado 5 de junio, titulado "exteriorización del ahorro argentino", permite la declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros (incluye criptomonedas), bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes, incluyendo créditos.

La alícuota que se aplicará cuando exista repatriación será -sobre el monto exteriorizado- de un 5%, desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; de un 10%, hasta 240 días después; y de un 20% para los declarados entre los 240 y 360 días desde que se haya puesto en marcha.

“Si el o la declarante de los fondos efectuara la repatriación de activos financieros del exterior, se los someterá a igual alícuota a la que se encuentran alcanzados los bienes del país, en tanto si no verificara dicha repatriación quedarán alcanzados por una alícuota diferencial incrementada”, aclara el proyecto. De esta manera, en caso que los bienes no se repatrien, las alícuotas irán del 7,5% al 22,5%.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de declaración”, con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta USD50 mil.

Para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. De esto quedarán excluidos aquellos contribuyentes que fueron alcanzados por el Aporte Extraordinario.

Quienes ingresen al blanqueo quedarán liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: impuesto a las Ganancias, impuestos internos y al Valor Agregado, impuesto sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.

En cuanto a las exclusiones, no podrán blanquear aquellos que desde el 1ro. de enero de 2010 se hayan desempeñado en la función pública, como tampoco cónyuges, convivientes, padres e hijos de ex y actuales funcionarios.

El proyecto de ley sobre exteriorización del ahorro argentino finalmente comienza a ser tratado en Diputados. Será en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada para este jueves a las 12 en el Anexo C de la Cámara baja.

Fueron invitados Claudia Fabiana Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos y Guillermo Michel, director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país.

El proyecto siempre figuró en la grilla de las expectativas del ministro de Economía, Sergio Massa. Lo admitió él mismo, cuando dijo a fines del año pasado que esperaba su tratamiento en extraordinarias. En rigor, él hubiera querido/necesitado que saliera en diciembre, pues el texto en cuestión incluía fechas de vencimientos como si se tratara de una ley ya vigente a partir del 1° de enero. Sus primeros vencimientos operaban a fines de marzo pasado.

Pasaron extraordinarias y el proyecto no fue presentado sino hasta el 5 de junio de 2023.

El 8 de agosto, durante una entrevista, Sergio Massa responsabilizó a la oposición por frenar la norma que compensaría en términos de recaudación, según dijo, lo que se perdió con la sequía. “En la Argentina hace 8 meses que duerme en el Congreso una ley que compensaría en términos de recaudación todo lo que perdimos de la sequía, que es la ley de blanqueo, con suministro de información de quienes tienen cuentas en Estados Unidos, por parte del Gobierno de Estados Unidos”, aseguró.

Massa añadió esa vez que “tenemos el acuerdo firmado, pero vaya a saber uno por qué razón la oposición no quiere votar esa ley que es la que nos daría en detalle con nombre y apellido quiénes tienen cuentas en Estados Unidos. Eso no solamente es malo porque hace sentir un tonto al que paga impuestos todos los días, sino que además es malo porque le quita al Estado argentino casi 5.000 millones de dólares por año”.

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre blanqueo de capitales está dirigido a personas físicas, sucesiones indivisas y empresas. Quienes se acojan al régimen tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5% y 20%, y será mayor en caso de que los bienes declarados no se repatrien.

La iniciativa, titulada “Exteriorización del ahorro argentino” se enmarca en el acuerdo entre el ministro de Economía, Sergio Massa, el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, sobre intercambio de información financiera.

En el texto final se eliminó el capítulo referido a la figura del colaborador.

De acuerdo con el proyecto, que ya recibió numerosas críticas por parte de la oposición, se permite exteriorizar tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros (incluye criptomonedas), bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos.

Pasadas las 21 de este miércoles, la extensa jornada de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja entró en su parte final, decidiéndose que las exposiciones de los últimos dos funcionarios se hiciera de manera conjunta, sobre todo teniendo en cuenta que AFIP y Aduana son dependencias afines. Así, Carlos Castagneto y Guillermo Michel, titulares de esos organismos, respectivamente, expusieron juntos y luego los diputados formularon las preguntas.

Arrancó el exdiputado nacional Castagneto, quien planteó la importancia del sistema tributario para promover las políticas públicas. “La AFIP se encuentra ante un gran desafío: asegurar un desempeño recaudatorio que contribuya a cumplir con la reducción del déficit fiscal”.

El funcionario planteó estimaciones de recaudación que prevén un crecimiento del 78,8% en términos nominales, 35 billones de pesos, con una presión tributaria que se mantiene estable. “Hoy estamos en el 23,95%, pensando en una estimación para el año que viene en el 23,77%”, señaló y agregó que “los tributos que aumentarán levemente son aportes y contribuciones, ya que se prevé un aumento en los puestos de trabajo formales, y un aumento en la masa salarial en las distintas paritarias que se están trabajando, como así también una ascendente registración laboral a partir de la salida de la pandemia”.

Destacó que esa mayor recaudación se logrará a partir de la reducción de la evasión; en el impuesto a combustibles al corregir el atraso de las sumas fijas, con estimación de mayores litros vendidos. También con créditos y débitos por el aumento de las transacciones grabadas.

Asimismo se espera un aumento de la recaudación del impuesto a las ganancias.

Castagneto agregó que “aportes y contribuciones de la seguridad social”, se estima que se incrementarán en 2023 por la mejora en niveles de empleo y acciones que lleva adelante la AFIP.

El titular de ese organismo habló en un pasaje sobre la omisión detectada de personal laboral. Con el pago de la ATP, contó que vieron que los aportes que hacían los empleadores no coincidían con las declaraciones que hacían en el libro de sueldo manual. “Por eso es tan importante el libro de sueldo digital; cuando ponemos el libro de sueldo digital no se puede omitir”, expresó.

En ese sentido señaló que muchas veces quien se jubila después de 30 años de aportes, los mismos no coinciden con los aportes declarados por los empleadores. Por eso se está tratando de incorporar esos datos en la aplicación Mi Argentina, de modo tal que allí puedan estar los últimos 30 años de aportes y uno no tenga que hacer trámites engorrosos cuando llega el momento de jubilarse. “Cosa que pueda verlo ahí y sea de mucha agilidad para iniciar su jubilación”, planteó Castagneto.

Al referirse a las irregularidades detectadas con fondos en el exterior, destacó el intercambio que se hace con otros países. “Pasamos de 38 países en 2016 a más de 100 en 2022. Esto es más y mejor información de argentinos que ocultan los bienes que poseen en el exterior”, advirtió Castagneto, que contó que “firmamos acuerdos con más de 119 países. El acuerdo nos va a permitir conocer en detalle las cuentas de argentinos en Estados Unidos. Estimamos como mínimo 100 mil millones de dólares sin declarar, entre cuentas financieras y propiedades”.

A continuación, el titular de Aduana, Guillermo Michel, habló sobre los casos de sobre y subfacturación en los que está trabajando ese organismo. Ya había adelantado algo Castagneto sobre la detección de operaciones de subfacturación, y en ese sentido mencionó las 28.000 operaciones de cerca de 715 empresas por 650 millones de dólares, “donde hemos detectado sobrefacturación en mercaderías tan disímiles que van desde máquinas de minar cripto, hasta guantes de látex, barbijos, bienes de capital, bienes de uso… o casos burdos, como chatarra, o plaquetas quemadas de video cuyo valor real era irrisorio, de 20 mil dólares, porque era basura, y se lo trató de girar a un millón y medio de dólares al exterior”.

“Más allá de la denuncia de la Argentina en sede penal, se pone a consideración del GAFI esa información, para la justicia norteamericana, para que avance sobre los accionistas en Estados Unidos. Porque la mayoría de las sociedades que se utilizan para triangular ese tipo de operaciones están ahí, que es uno de los pocos países con los cuales Argentina no tiene un intercambio de información masivo”, comentó Michel, que destacó la detección y denuncia también de operaciones de subfacturación de exportaciones cerealeras y oleaginosas.

“Pero también minerales”, comentó el titular de Aduana como hecho “novedoso para Argentina”. Citó el caso del litio. “Hemos aplicado una multa de más de 7 mil millones de pesos a una empresa que subfacturó la exportación de litio a su casa matriz del exterior”, comentó.

Michel agregó que “estamos reforzando el análisis de empresas que se crean para exportar, sobre todo productos derivados del agro, cerealeras, oleaginosas, y no liquidan las divisas. ¿Por qué lo hacemos? Porque evitan ingresarlas al país y liquidarlas al tipo de cambio oficial, y las traen por afuera del circuito y las liquidan en cripto o al valor del contado con liquidación. Hemos presentado varias denuncias”.

Se refirió también al caso de las cautelares que han presentado empresas y en las que esta administración pone especial interés. “En la Aduana tenemos recopiladas 4.495 cautelares con valores originales de mil millones de dólares”, advirtió el funcionario, que destacó que están haciendo un trabajo que requiere un análisis “paso a paso”.

Al respecto precisó que “hemos destacado en la mayoría de las cautelares que el elemento sustancial, que es el peligro de la demora que habilita al juez a otorgar la cautelar, no se verifica, porque toda la mercadería que se pidió importar vía cautelar está en stock desde hace un año o dos”.

Puso el caso de una empresa textil que había obtenido una cautelar por 128 millones de dólares, tras lo cual la empresa desistió de la cautelar. Detectaron también empresas que habían obtenido cautelares para importar neumáticos por 70 millones de dólares, que también desistieron.

“No ponemos en tela de juicio el accionar judicial -aclaró-. En todos los expedientes nos presentamos argumentando que hubo una estafa procesal por parte de las personas que accionan con la cautelar, que han engañado al juez, y que solicitamos que se revea la situación”.

A la hora de las preguntas, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si dado que la mayoría de las cautelares se presentan siempre ante los mismos juzgados, pensaban denunciar a esos jueces, pero Michel insistió en que “entendemos que hubo casos de estafa procesal, que el juez fue engañado”, pero se mostró dispuesto a aportar ante los legisladores datos por juzgado y secretarías. “Si están de acuerdo, los vamos a aportar”, cerró.

Y pasadas las 22, se dio por concluida la extensa jornada de exposiciones.