El oficialismo junto a sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se alzó este martes con el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, su tratamiento y debate en el recinto en el tiempo que resta hasta el recambio parlamentario está abierto: hoy por hoy no están los votos para ningún lado y el Gobierno apuesta a patear la discusión para después del 10 de diciembre.

Aunque un sector de la oposición no descarta que puedan “aparecer” las voluntades y, en un consenso entre los que firmaron dictámenes alternativos, avanzar con esta composición (cuestión difícil), el desafío de la Casa Rosada -y del flamante, todavía no asumido, ministro del Interior, Diego Santilli- estará en la negociación con los gobernadores.

El dictamen del oficialismo y sus aliados y el de Unión por la Patria -principal bloque opositor- reunieron la misma cantidad de firmas: 20. Pero el presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, desempató con firma doble. Así, LLA, que en la previa pujaba porque este martes no se firme nada, se quedó con el dictamen de mayoría con 21 rúbricas, un texto que reproduce sin modificaciones la versión enviada por el Poder Ejecutivo, que sostiene el déficit cero como principal punto.

Al oficialismo lo acompañaron con disidencias sus aliados del Pro, la UCR, Liga del Interior (radicales “peluca”) y otros diputados que responden a sus gobernadores como el misionero Carlos Fernández (Innovación Federal), la salteña Pamela Calletti (Innovación Federal) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo).

Luego siguió el de UP, firmado por todos los integrantes de su bloque en la comisión, 20 en total. El santiagueño Bernardo Herrera, que no estaba en Buenos Aires, fue reemplazado.

El tercer dictamen fue el motorizado por Encuentro Federal, que prevé un superávit un poco menor al proyectado por el del Gobierno, y contó con 6 firmas. A Oscar Agost Carreño e Ignacio García Aresca -quien responde al gobernador cordobés Martín Llaryora- de EF, se sumaron Pablo Juliano y Mariela Coletta, de Democracia para Siempre; y Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID.

Finalmente, el otro despacho de minoría fue el del Frente de Izquierda, suscripto por Christian Castillo.

De los 49 miembros de la comisión no firmaron ningún dictamen Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, y Fernando Carbajal de Democracia para Siempre, quien estuvo ausente.

Los dictámenes de Unión por la Patria y de Encuentro Federal (y otros) contemplan las leyes vetadas e insistidas: son las emergencias pediátrica y en discapacidad y el financiamiento universitario. En tanto, el de UP también contempla aumentos a los jubilados.

El debate en comisión

La reunión arrancó con la palabra del diputado libertario Julio Moreno Ovalle, quien consideró “importantísimo” contar con un presupuesto, que significa “el plan de gobierno”, al que se debe “respetar”. Recordó las prioridades establecidas por el Gobierno, que son las de tener “equilibrio fiscal sostenido” y “tener claro que con los presupuestos anteriores primero se ubicaban los gastos y después la forma de financiación”. La cual, agregó, era “a través de emisión monetaria, aumento de impuestos, o préstamos, o sea deuda externa”.

“Ahora tenemos equilibrio fiscal, no vamos a tener entonces acceso a ningún préstamo, porque gastamos lo que se recauda”, señaló luego, para remarcar a continuación un dato: “Después de haber unificado los índices de actualizaciones, ese presupuesto tiene un aumento del 5,49% ya con datos actualizados en relación a la inflación”.

Y cerró: “Va a ser un presupuesto superador, que va a tender a la acción social y va a tender a las inversiones para reactivar la economía”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo anticipó que desde su bloque presentarán un dictamen propio de rechazo al Presupuesto del Ejecutivo que “quedó desfasado de la realidad, no resistió unos meses porque el esquema económico que planteaba se fue al tacho y tuvieron que ir a pedir rescate al secretario del Tesoro de Estados Unidos y a su presidente” que plantearon un swap de 20 mil millones de dólares.

“El presupuesto plantea una serie de supuestos que difícilmente se comprueben tanto en la idea de la meta inflacionaria, de crecimiento, como la consolidación de una caída muy importante en las partidas sociales en lo que hace a la educación, cultura y salud donde hay una caída del 3% comparado al 2023 respecto de las universidades públicas, arriba del 48% en la caída de cultura y educación general, una caída de las partidas para los hospitales sostenidos como el Bonaparte y el Posadas, una caída en la atención en políticas de violencia de género que pasó de cien mil personas a 434”, precisó Castillo.

El diputado de izquierda sumó que hubo caídas en políticas de vivienda donde el Estado “ha dicho que no vamos a hacer ninguna vivienda cuando hay una demanda de más de 4 millones de familias en emergencia habitacional”. Así, cuestionó que el Presupuesto consolida una dinámica donde “le damos beneficios a los que más tienen y ninguna solución a las demandas del pueblo”. También, señaló que se aumenta la carga impositiva a 21,7%, cae lo recaudado por bienes personales y cerró con un repudio a la Ley de Leyes y al anuncio de la reforma laboral.

A continuación, el cordobés de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño admitió que tenían expectativa respecto de que el Gobierno emitiera un decreto llamando a extraordinarias, en cuyo caso no hubieran avanzado con el dictamen. “No hemos logrado ver en el Boletín Oficial siquiera eso, por lo que nos vemos obligados a hacer lo que el Cuerpo nos obligó”, señaló el legislador, que recordó que llevamos “dos años sin presupuesto, sin control del Parlamento, y además un ministro de Economía que no viene al Congreso ni a defender este presupuesto, ni cuando es interpelado. Esos antecedentes nos obligan a avanzar con el dictamen”.

En el dictamen alternativo que ya había adelantado oportunamente el diputado Nicolás Massot que presentarían figuran las tres leyes vetadas por el Ejecutivos e insistidas por el Congreso, ya que no ven que figuren en el presupuesto que ha mandado el Gobierno. “Creemos que tienen que formar parte del proyecto”, remarcó.

Agost Carreño anunció que proponen un dictamen que tiene modificaciones sobre el proyecto original del Gobierno, pero que “lo más importante es que no atenta contra la idea del déficit cero. Vamos a discutir prioridades, eso es lo más importante”. Todo esto tiene el objetivo, dijo, de “ordenar no solo el equilibrio fiscal, sino el equilibrio republicano que fue roto el año pasado”.

Agost Carreño insistió en que incorporaron en el dictamen propio las tres leyes desconocidas por el Ejecutivo, como son las de Financiamiento Universitario; Emergencia en Discapacidad y Emergencia Pediátrica. Incluye también un refuerzo presupuestario a la educación superior; una asistencia financiera a FADEA, además de un segundo refuerzo atado a que suba la recaudación del año que viene más del 1%.

“Proponemos regularizar el mercado eléctrico mayorista, sincerando los pasivos que se esconden en CAMESA, para que el dinero que debe el Tesoro lo asuma el Tesoro, y no como pasa ahora que está en los documentos contables” de las empresas del área. Habló también de la protección al patrimonio estratégico nacional, de modo tal que no pase como sucedió con el Regimiento Patricios, y expresó en ese sentido la preocupación por versiones que hablan por ejemplo de la venta de inmuebles en Córdoba para cubrir gasto corriente. Y que en caso de que se venda patrimonio, que el 70% de lo que se obtenga por esas ventas pasen a ser activos del Estado y no gasto corriente.

El diputado Agost Carreño habló también de transparentar los intereses de la deuda pública; en tanto que respecto del empleo público se propone hacer una publicación trimestral y que haya un “tope de cubrimiento de vacantes”, en tanto que sobre el empleo privado, fortalecer el Fondo Nacional de Empleo.

Por último citó cuestiones tales como la continuidad del sistema científico tecnológico; atender la obra pública con relación por ejemplo a rutas puntuales, que prevean un mecanismo sin dañar el déficit fiscal. Asimismo garantizar recursos a las provincias de cajas no transferidas.

Finalmente incorporaron dos cuestiones que tienen que ver con eliminar las cuentas de jerarquización, que es una caja para pagar sobresueldos de funcionarios que tienen los mejores sueldos dentro del Estado.

“Todo esto nos da un número de 0,89% del PBI”, finalizó, aclarando que eso dependía de cómo el gobierno instrumentara la partida de discapacidad.

Por el bloque de Unión por la Patria, el diputado Carlos Heller también informó la presentación de un dictamen de rechazo “total” al Presupuesto “a partir de una cantidad de objeciones conceptuales porque este proyecto que está puesto a considerar avanza en consolidar un modelo de ajuste fiscal, en la idea del Estado ausente”.

Heller lo calificó como “un proyecto que está en las antípodas de las políticas que nosotros entendemos que se necesitan para superar esta situación que vive la Argentina”. Así, comparó: “Nosotros queremos un país diferente, con un Estado presente que atienda las necesidades del pueblo, que intervenga en la asignación de recursos, que cuide las prioridades de la ciencia, salud y educación, que defienda el federalismo y no un proyecto que entrega recursos, decisiones y nos deja a merced de decisiones que se toman fuera del ámbito de los organismos de gestión que establece la Constitución”.

Además, planteó que “el presupuesto no superávit fiscal, sino que lo oculta un déficit fiscal. El proyecto del Presupuesto no tiene en cuenta los intereses de una enorme parte de la deuda que tiene el Estado y no se contabiliza”. A su vez, criticó el cálculo del presupuesto con un dólar de $1300. “Todos los números que plantean están cubiertos solo de entusiasmo”, apuntó. Heller indicó que “es imprescindible que se incluyan las leyes de emergencia en discapacidad, el financiamiento universitario y la recomposición del salario docente, la emergencia en salud”.

A su turno, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, dejó claro que la Argentina “necesita una ley de presupuesto que dé previsibilidad, para poder tener certeza del piso de financiamiento para universidades, obra pública… Por lo tanto, esta es una gestualidad importante: venimos a dictaminar con la conciencia de que la Argentina necesita una ley de presupuesto”.

Ahora bien, aclaró que no hablan de “cualquier presupuesto”. “Han quedado en claro las falencias que tienen el presupuesto (presentado por el Ejecutivo) en términos generales, sino que nuestro bloque planteó ante los funcionarios que asistieron”, recordó, e hizo hincapié de paso que no concurrió ni el ministro de Economía, ni el titular del Banco Central, ni los principales ministros del Ejecutivo.

“Lo cierto es que en todas esas reuniones fuimos dejando en claro que este proyecto, así como está, no parece darle a la Argentina las herramientas necesarias para alcanzar un camino de recuperación de la actividad económica, y de recuperación de la actividad productiva y de empleo en la Argentina”.

Germán Martínez aclaró que la propuesta que ellos hacen es la de que el Poder Ejecutivo tome el presupuesto y lo reformule, en función de una serie de cuestiones que contemplaban sobre todo los puntos clave que se están eliminando a través del artículo 30.

Aliada de LLA, por el Pro habló Germana Figueroa Casas. “Creemos que hay que sancionar un presupuesto, que la gestión pública tiene que estar ordenada y no manejarse por decisiones administrativas para poder tener un verdadero control parlamentario”, sostuvo y, en esa línea, afirmó que “el Estado necesita esta hoja de ruta que oriente el gasto, las inversiones, a los privados para saber a dónde estamos yendo”.

Tras definir que sancionar el presupuesto es “una señal de madurez institucional”, explicó por qué plantearon disidencias: “Faltaron algunas charlas, algunos análisis de artículos y observaciones, por eso firmamos con disidencia parcial. Hay aspectos que podrían tener revisión, ajustes para mejorar la asignación de recursos, fortalecer el federalismo y la transparencia”.

Desde Democracia para Siempre, el jefe de ese bloque, Pablo Juliano, criticó que “el dictamen del oficialismo está intacto”. Entonces, reflexionó que las conversaciones a las que fue convocada la oposición dialoguista “no movieron la aguja”. “¿Qué nota está tomando el Gobierno de las necesidades?”, se preguntó y agregó: “Nuestro dictamen, obviamente a los ponchazos, trata de contemplar reclamos de las provincias”.

Promediaba la reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada a partir de un emplazamiento votado en la última sesión de la Cámara de Diputados, y tomó la palabra el diputado oficialista salteño Julio Moreno Ovalle, secretario de dicha comisión. Él también tenía preguntas para hacer, pero antes dijo que le llamaba “poderosamente la atención que hayan venido a explicar el proceso para que entiendan especialmente los diputados de la oposición, y solo veo en este recinto a dos diputados interesados en las explicaciones que están dando”.

“Así que espero que en la discusión del Presupuesto tengamos la suficiente cordura para explicarles a los señores que puedan eventualmente oponerse al proyecto y el plan de gobierno del presidente Milei, que no han estado presentes en muchísimas discusiones que nosotros hemos convocado y lamentablemente ellos no han aprovechado la presencia de todos los miembros del Poder Ejecutivo”, concluyó.

En efecto, la última reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda convocada para escuchar a funcionarios que concurrieron a informar sobre el Presupuesto 2026 contó con una audiencia muy menguada, que fue deshilachándose con el correr de los minutos. Ya había pasado el día anterior, cuando asistieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias y durante la jornada la diputada del Pro Silvana Giudici observó que entre los diputados presentes no estaban particularmente aquellos que habían impulsado el emplazamiento, que establece que el próximo martes se emita dictamen.

Lo cierto es que este jueves, a la octava y última reunión con invitados concurrieron muy pocos diputados, a pesar de asistir nada menos que nuevamente el secretario de Hacienda, y el flamante canciller y exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Toda una curiosidad, siendo que la oposición se queja siempre -y con razón- de la inasistencia de funcionarios a las comisiones.

El Grupo Parlamentario de Amistad con Tailandia, presidida por el diputado libertario Julio Moreno Ovalle, se reunió este lunes en el Bajo Recinto de la Cámara de Diputados para recibir a una delegación del país asiático encabezada por Sirilak Niyom, Vice Secretaria Permanente para las Relaciones Exteriores, y el embajador de Tailandia, Krit Tankanarat.

Durante la reunión, el diputado de la LLA por la provincia de Salta y presidente del GPA dio la bienvenida a la delegación y destacó el vínculo diplomático entre ambas naciones. Así, celebró que “este encuentro que nos da la posibilidad de profundizar una relación diplomática de casi 70 años, siendo Argentina uno de los primeros países del continente americano en tender este puente con Tailandia, también es una relación que se caracterizó por una amistad muy valiosa entre ambos países”.

Asimismo, Ovalle sostuvo que “entre los notables avances alcanzados por el Reino de Tailandia, es oportuno destacar su reconocida capacidad emprendedora, su posición consolidada como economía exportadora a nivel mundial y su competitividad en los mercados internacionales”. “La reducción de trabas burocráticas y la existencia de un marco jurídico previsible han convertido a Tailandia en un destino altamente atractivo para las inversiones extranjeras”, añadió.

En tanto, el embajador de Tailandia dijo que “es un honor estar en el Congreso Nacional, una institución que ha jugado un rol tan importante en la democracia argentina”. Del mismo modo, Sirilak Niyom elogió al Congreso argentino “por ser un pilar de la democracia y la igualdad en esta región”.

“La diplomacia parlamentaria argentina está muy reconocida en el cuerpo diplomático y quiero reconocer su labor por fortalecer nuestros lazos permanentemente. Este año es muy especial porque se celebran 70 años de relaciones diplomáticas entre Tailandia y Argentina”, sostuvo.

“Espero que nuestro GPA siga aprovechando las oportunidades para acercarse, para fortalecer los lazos y espero poder darles la bienvenida a ustedes en Tailandia para continuar afianzando esta relación”, concluyó

Asimismo, en representación de la delegación de Tailandia, estuvieron presentes el Chakraphan Yuwari, Director de la División de América Latina; Chalida Chunark, Consejero (División de América Latina); Patchara Ponoum, Consejero (Secretaría de Política Exterior); Panupong Pechploy, Secretario de Primera (Embajada en Bs. As.); Papichaya Leenapaesanan, Secretario de Segunda (Embajada en Bs. As.) y Adisorn Lalitmongkol, Attaché (División de América Latina).

Por parte de la Honorable de la Cámara de Diputados estuvieron presentes la directora de Diplomacia Parlamentaria, Luciana Términe; la responsable de Asia, Suyay Mathiú; y el responsable de DIAPA en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago de SantPierre.

Se reunió este martes la Comisión de Economía de la Cámara baja, que preside el pampeano Ariel Rauschenberger, para analizar una serie de proyectos que tuvieron dictamen a pesar de los reparos expuestos por el oficialismo y sus aliados. Y en cuyo marco se dio una curiosa discrepancia cuando un legislador de La Libertad Avanza objetó iniciativas argumentando que ya había sido publicado un decreto que las invalidaba, cuando en rigor eso no sucedió, y en todo caso se debería tratar de un proyecto de ley que debiera aprobar antes el Parlamento.

El planteo surgió cuando se trataba un proyecto que en realidad no ameritaba demasiadas objeciones entre oficialismo y oposición. Es de la diputada Vanina Lis Marín, y se trata de la re-presentación de una iniciativa ya presentada en 2022, que busca modificar la Ley 25.603. En ausencia de la diputada pampeana, expuso sobre la misma el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien para poner en contexto contó que el origen de la misma debía buscarse en la Argentina de 2002, cuando gobernaba Eduardo Duhalde en medio de una gran crisis social, cuando no alcanzaba la comida, ni la ropa, ni nada de lo que necesitaban los sectores más humildes.

Fue entonces cuando un grupo de diputados radicales y peronistas presentaron un proyecto para darle destino a los rezagos de aduana. Desde ese momento la Secretaría General de la Presidencia fue la encargada de, a partir de esa normativa y otras resoluciones, llevar adelante la tarea de distribuir ese material, a través de organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. El proyecto presentado por Marín plantea que ese proceso pueda ser mejorado, garantizando lo que ya existe, pero también que “aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tengan un espacio de tiempo que no modifica sustancialmente el período de entrega de los bienes, pero que se haga de modo tal que pueda quedar claro quiénes son los que lo solicitan”, y aclaró que se haría una modificación al texto original para indicar hacia quién va esa ayuda, los destinatarios finales de la misma.

Aclaró que la iniciativa “no le quita la potestad a la Secretaría de la Presidencia para realizar la distribución final, sino que busca transparentar el sistema”. En ese sentido Martínez señaló que se le busca darle a las organizaciones un marco de difusión y transparencia, pero después queda en manos de la Secretaría General de la Presidencia la decisión final para decir hacia dónde va todo. Aclaró también el presidente del bloque UP que el proyecto tiene giro a Legislación General y recordó que se trata de un proyecto que vienen planteando desde que el peronismo estaba en el Gobierno, así que “bajo ninguna perspectiva obedece a ninguna coyuntura política. Es un sistema que funcionó y que es mejorable”.

Tras plantear la modificación en el artículo 3° modificando el 8 bis de la Ley 25.063, indicando que los organismos tienen que especificar los destinatarios finales de los bienes a ser distribuidos, Rauschenberger aclaró que el proyecto no tiene costo fiscal y su objetivo es “transparentar el tema  y darle más operatividad”. Pero antes de que pasara a la firma, el diputado del Pro Martín Ardohain planteó que si había modificaciones correspondía que se juntaran los equipos económicos para analizarlas. Aclaró que le parecía una propuesta interesante, pero que resultaba “apresurado tratarlo ahora, y más si tiene modificaciones. Entonces propongo que vaya a asesores y después juntarnos para dictaminar”.

Germán Martínez le respondió que se trataba de “un proyecto sumamente sencillo” al que solo estaban transparentando, e indicó que la modificación era un pequeño cambio en una oración, tras lo cual el diputado de La Libertad Avanza Carlos Zapata coincidió con su par del Pro en que “lo mejor, para estar tranquilos, lo analicen los asesores y en la próxima dictaminemos sin problemas”.

En el mismo sentido se pronunció el diputado salteño Julio Moreno Ovalle, pero fue más allá al objetar otros proyectos que figuraban en el temario como uno que ya venía con dictamen de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas al que no había tenido acceso, como así también otro para crear una Comisión de Acuerdos del Sistema Tributario y Aduanero Nacional, que “va a tener algún tipo de gastos que van a modificar el déficit fiscal. Y les quiero recordar a los señores diputados que ayer se publicó en el Boletín Oficial un decreto que de alguna manera le daba algún tipo de sanción a los diputados y senadores que sancionen temas que comprometan el déficit fiscal”.

“¿Qué decreto? -replicó Germán Martínez-. ¿Ayer? A no ser que usted tenga más información… Consultemos al Boletín Oficial, che”, pidió, tras lo cual advirtió: “No hay nada publicado en el Boletín Oficial… Aparte, no podría haber ningún decreto que limite el accionar del Congreso, por el artículo 85 de la Constitución. No hay ningún decreto publicado por nada…”.

El santafesino aclaró que solo había habido una cadena nacional del presidente, y con ironía deslizó: “Que haya habido una cadena nacional un viernes, mejoró… Porque la última vez nos metió a todos en la estafa #LIBRA”, dijo al recordar la intervención de Javier Milei en las redes sociales un viernes del mes de febrero. Y enfatizó: “No hay ningún acto administrativo ni jurídico que materialice lo que dijo (el presidente). Y si fuera secretario de Legal y Técnica, jamás le recomendaría que emita un decreto que limite las facultades del Poder Legislativo, que son facultades constitucionales”.

Finalmente volvió a intervenir el diputado Zapata, que admitió que la oposición tendría mayoría para dictaminar, y pidió 48 horas para analizar el proyecto y presentar LLA un dictamen en disidencia. Rauschenberger consideró que era demasiado tiempo para un proyecto tan sencillo y contra ofertó 24 horas, a lo que Martínez se mostró de acuerdo, aunque le recordó que “el trámite parlamentario no termina en esta comisión, sino en Legislación General, que presiden ustedes”. “Yo no soy dependiente de Legislación General, quiero expresarme a través de esta comisión”, repuso Zapata, a lo que Rauschenberger aceptó: “Tómense el plazo que necesitan, hasta 48 horas”, mientras pasaba a la firma un dictamen que sería de mayoría.

Los otros temas

Sobre los otros proyectos pendientes, se anunció que la diputada del Pro Nancy Ballejos retiraba el suyo para pedirle al Ejecutivo derogar la resolución general 1023/24 de la Comisión Nacional de Valores que autoriza a menores de edad, entre 13 y 16 años, a operar en el mercado de capitales; en tanto que la diputada Mónica Fein pedía que al no haber podido asistir para defender su proyecto para crear una Comisión de Acuerdos del Sistema Tributario y Aduanero Nacional, ese debate quedara para una próxima reunión.

En cambio sí pasó a la firma otro proyecto suyo, un pedido de informes ya citado, referido a las PyMEs. Lo defendió el diputado de UP Carlos Castagneto, que consideró importante, “porque se habla mucho del equilibrio fiscal, pero a las importaciones le sacaron los aranceles, cerró la Secretaría de PyMEs, cerraron 11 mil PyMEs y se perdieron más de 200 mil puestos de trabajo registrados”.

Moreno Ovalle reiteró que ellos no habían tenido acceso al dictamen de la Comisión PyMEs, pero Rauschenberger desechó postergar la firma del dictamen ante la “gravedad del tema”. Recordó que el proyecto original remitía dirigirse al secretario del sector que ya renunció y cuya secretaría desapareció. “No es una cuestión profunda que amerite un examen más exhaustivo”, observó anunciando que pasaban a la firma.

Por último se pusieron a consideración dos proyectos presentados por las diputadas de UP Micaela Morán y Blanca Osuna, para rechazar la resolución 1023/24 de la CNV que habilita a mayors de 13 años a realizar inversiones en el mercado de capitales. El mismo proyecto que la diputada del Pro Nancy Ballejos había pedido retirar.

La diputada Morán explicó que el tema había sido trabajado por varios diputados y recordó que hasta el momento los jóvenes podían invertir en fondos comunes de inversión, o billeteras virtuales, pero esta resolución trae “nuevos riesgos”, al tomar como tales “instrumentos más sofisticados”, como inversiones en el extranjero. En ese sentido advirtió que “se requiere tener herramientas de educación financiera para evitar muchas de las cosas como la estafa #LIBRA, por ejemplo, donde muchos menores fueron víctimas”.

Consideró que los menores no están preparados para usar esas herramientas, por lo cual pidió contar antes con la educación pertinente, admitiendo que tampoco los mayores están en gran medida habilitados para aconsejar sobre esos temas a los menores. “Esta nueva ‘libertad’ que les están dando a los menores puede llevarlos a decisiones que no tengan el debido asesoramiento”, alertó, remarcando además que “se da en el medio de una creciente adicción no solamente de los menores, que están ingresando a los sitios de apuestas ilegales, y esta resolución abre una p uerta a una nueva tribuna financiera que puede arrastrar a nuestros jóvenes a meterse en un ambiente que no es propicio para eso, sino también a prácticas que muchas veces son ilegales”.

El diputado Carlos Zapata relativizó esas prevenciones, asegurando que “no nos causa preocupación que una persona pueda estar autorizada a operar en el mercado de capitales. Depende de la actitud; el mercado de capitales no puede tomarse como algo vinculado a la ludopatía, sino con la inversión inteligente y el rédito esperado. De ninguna manera acompaño esta preocupación: repudio el rechazo”.

Aliado también de La Libertad Avanza, el diputado radical mendocino Lisandro Nieri dijo entender los riesgos planteados, pero pidió ponerlo en otros términos. “Si un menor, por una indemnización, o un trabajo, tiene fondos y no puede acceder a un menú de herramientas para preservarlos”, tiene el riesgo de perderlos. Valoró el papel de los mercados de valores, y observó que por ejemplo no podrían preservar el valor de su patrimonio sin poder acceder por ejemplo a la compra de un dólar MEP. “El permitirle al menor que pueda operar en el mercado de capitales es una buena alternativa para el menor”, dijo, cuestionando privarlo de tal posibilidad.

Como sea, los dos proyectos se unificaron y pasaron a la firma.

En sintonía con la prédica del presidente Javier Milei en favor de la reducción del gasto público y contra los “privilegios de la casta”, el diputado nacional de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle presentó un proyecto de ley que propone la derogación de cuatro regímenes jubilatorios especiales que actualmente benefician a expresidentes y vicepresidentes, jueces de la Corte Suprema, altos funcionarios del Poder Judicial, miembros del servicio exterior y jerarcas de la Iglesia Católica.

La iniciativa —que busca derogar las leyes 21.540, 22.430, 22.731 y 24.018, que instituyen privilegios previsionales para funcionarios políticos, judiciales y eclesiásticos— plantea que esas personas pasen a regirse por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), como el resto de los trabajadores y trabajadoras del país.

“Resulta indignante observar que una minoría goza de privilegios injustificados mientras millones de jubilados sobreviven con haberes mínimos”, argumenta Moreno Ovalle en los fundamentos del proyecto.

Cuatro leyes en la mira

Las leyes que el diputado propone derogar son:

✔ Ley 24.018: instituye asignaciones mensuales vitalicias para expresidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema. Fue sancionada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem.

✔ Ley 22.731: establece un régimen especial para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación.

✔ Ley 22.430: otorga una renta vitalicia a sacerdotes seculares del culto católico mayores de 65 años o incapacitados, que hayan ejercido por al menos cinco años.

✔ Ley 21.540: concede beneficios previsionales a obispos, arzobispos y al Vicariato Castrense.

Según detalla Moreno Ovalle, estas normas configuran un “plexo normativo de privilegios”, que permite, por ejemplo, que un expresidente acceda a una jubilación vitalicia sin límite de edad ni cantidad de años aportados, o que un juez de la Corte Suprema cobre el equivalente al 100% de su último salario.

Derogación sin efecto retroactivo

El proyecto estipula que la derogación no será retroactiva, conforme al principio de irretroactividad de las leyes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo podrá exhortar a los beneficiarios actuales a renunciar voluntariamente a esos beneficios.

Además, la ley invita a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al mismo principio de supresión de privilegios previsionales.

El legislador justifica su iniciativa en la necesidad de contribuir a la racionalización del gasto público, uno de los pilares del actual gobierno nacional. Según sostiene, mantener regímenes especiales de jubilación no solo es “injusto”, sino también “inviable” en el contexto de un sistema previsional deficitario y con gran parte de sus beneficiarios cobrando el haber mínimo.

“No hay verdadera justicia social ni equidad previsional mientras existan rentas vitalicias asignadas por ocupar durante pocos años un cargo público”, advierte el proyecto.

El texto cita, además, intentos anteriores de eliminar estos beneficios —como la ley 25.668 sancionada en 2002 y vetada casi en su totalidad por el entonces presidente Eduardo Duhalde— y repasa las sucesivas reformas previsionales que no lograron modificar el núcleo duro de los privilegios más evidentes.

Apuntes sobre los regímenes especiales

En un anexo extenso, Moreno Ovalle distingue entre regímenes especiales y regímenes diferenciales: los primeros, ligados a funciones jerárquicas o institucionales (como jueces, diplomáticos, religiosos o legisladores), y los segundos, relacionados con tareas insalubres o de alto desgaste físico (como mineros, ferroviarios, docentes o personal hospitalario en zonas críticas).

Para el legislador, algunos regímenes especiales pueden ser considerados válidos si están justificados por condiciones laborales exigentes o aportes más elevados. Sin embargo, insiste en que las jubilaciones de privilegio ligadas al paso ocasional por la función pública deben suprimirse por completo.

Repercusiones y resistencias

Aunque el proyecto no lo menciona directamente, su presentación se da en medio de reacciones del Poder Judicial frente a propuestas similares. El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Río Negro, por ejemplo, manifestó su preocupación ante la posible derogación de la Ley 24.018, que afecta directamente a jueces y fiscales.

También hay antecedentes de amparos judiciales colectivos —impulsados por asociaciones de magistrados y funcionarios— que han intentado frenar reformas previsionales bajo el argumento de afectación de derechos adquiridos.

El proyecto de Moreno Ovalle no oculta su carácter político y simbólico: sugiere un recorte concreto a los beneficios de quienes han ocupado lugares de poder, alineándose con el discurso libertario que denuncia a la “casta” y sus prebendas.

“Eliminar estos regímenes sería un gesto claro hacia una república más justa, donde los beneficios previsionales no dependan del cargo sino del esfuerzo y los aportes de cada ciudadano”, concluye el legislador.

El texto aún debe ser tratado en comisiones, pero ya marca una posición fuerte de La Libertad Avanza sobre un tema que combina ética pública, justicia social y racionalidad fiscal. En medio del ajuste y el debate por el equilibrio presupuestario, prevé poner nuevamente a las jubilaciones de privilegio en la mira.

Transcurría la reunión de Comisión de las Personas Mayores de este martes cuando desde Unión por la Patria aludieron al diputado oficialista Julio Moreno Ovalle por sus dichos del pasado 3 de diciembre cuando se refirió a la medida del PAMI respecto a restringir la cantidad de afiliados con cobertura total de medicamentos, a través de un "subsidio social" al que no podrán anotarse quienes cobren más de 390 mil pesos de jubilación.

En esa ocasión, el legislador salteño había considerado que "es un tema sensible, pero no creo que tenga que tener la sensibilidad que se le está dando en este momento”. Consultado sobre si los jubilados podrían "morirse" por no acceder a esos medicamentos, Moreno Ovalle contestó: “No creo que se pueda llegar a ese extremo. Esa persona puede tener parientes, gente que lo pueda ayudar. No me parece que sea para tanto".

Cara a cara con los representantes de organizaciones de jubilados y pensionados, quienes elevaron diferentes reclamos contra el Gobierno nacional en presencia del propio diputado de La Libertad Avanza, señaló de forma breve en una primera intervención que “estoy comprometido con los jubilados”.

Mencionado, por ser aludido en dos ocasiones, por Gisela Marziotta, titular de Comisión de las Personas Mayores, Julio Moreno Ovalle tomó la palabra y explicó: “Estoy acá para escuchar. La sensibilidad que estamos poniendo todos es porque queremos contribuir con el sector de las personas mayores”.

En defensa de sus declaraciones pasadas, el salteño aclaró: “En algún momento sacaron de contexto una conversación que hicimos en un programa de radio”, pero “no quiere decir que no tenga la sensibilidad y la necesidad de que este sector crezca”, agregó ante la atenta mirada de todos los presentes de la Sala 7 del Anexo del Palacio Legislativo.

A su vez, cargó: “Tengo entendido que ha sido uno de los sectores más castigados y más postergados en la historia de los últimos años de Argentina”.

Sin embargo, el diputado nacional que forma parte del bloque de La Libertad Avanza reafirmó que “obviamente voy a apoyar la postura de Javier Milei, porque creo que son las medidas necesarias para salir de este proceso de inflación”. En ese momento, los presentes en la sala comenzaron a abuchearlo e insultarlo, y el salteño reaccionó: “Yo los respeté a todos y no voy a contestar ningún tipo de agravio”.

Consultado por la decisión del PAMI de restringir la cantidad de afiliados con cobertura total de medicamentos, a través de un "subsidio social" al que no podrán anotarse quienes cobren más de 390 mil pesos de jubilación, el diputado libertario Julio Moreno Ovalle consideró que "no es para tanto" y "esa persona puede tener parientes" que lo ayuden a comprar los remedios.

"Es un tema sensible, pero no creo que tenga que tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizando alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad", le respondió el legislador a Ali Lijalad en radio El Destape.

Ante la pregunta del periodista sobre si los jubilados podrían "morirse" por no acceder a esos medicamentos, el salteño contestó: “No creo que se pueda llegar a ese extremo. Esa persona puede tener parientes, gente que lo pueda ayudar. No me parece que sea para tanto".

"Está buscando la forma de victimizar a este sector; pero sí, somos conscientes de lo que está pasando y que hay que mejorarlo", expresó y agregó que "el objetivo es eliminar el déficit fiscal que fue el origen de todas las crisis que lamentablemente venimos padeciendo hace muchos años".

El oficialista dijo que la decisión del PAMI "habrá sido una consecuencia de auditorías y de defender el déficit cero". "Lo primero y lo fundamental es preservar el déficit fiscal, todos los sectores están de alguna manera expuestos a preservar el déficit fiscal, entre ellos el sector de los jubilados, pero no exclusivamente los jubilados", insistió.

"Los subsidios le hicieron realmente mal a la economía; todos estamos de alguna manera padeciendo desmanejos que hicieron gobiernos anteriores", argumentó y prometió que "cuando esta situación mejore, yo le garantizo que van a volver a tener los mismos beneficios todos los jubilados".

Críticas de la oposición 

👉🏻Así de cruel es la mentalidad de los libertarios. No les importa en absoluto la vida de los jubilados y van diciendo por ahí que defienden el derecho sagrado a la vida. pic.twitter.com/llAl95LnVn

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) December 3, 2024

Este diputado de Milei cobra 4 millones de pesos y se burla de adultos mayores que apenas llegan a los 300 mil pesos de jubilación. Creen que tienen impunidad. Más temprano que tarde, el pueblo ajustará cuentas con estos miserables. https://t.co/iAveR65VhB

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 3, 2024

❌ EL GOBIERNO DE @JMILEI ES GERONTOCIDA

Repudio total al diputado de @LLibertadAvanza Julio Moreno Ovalle que justifica y festeja como el gobierno de @JMilei condena a las y los jubilados a la muerte sacándole la cobertura de los medicamentos de PAMI.

DEVOLUCIÓN YA DE LA… pic.twitter.com/LYr8qvixnt

— Mónica Schlotthauer (@monschlotthauer) December 3, 2024

En el marco de una reunión constitutiva, fue creado el Grupo Parlamentario de Amistad con Tailandia. Designaron al diputado de la Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle como presidente del GPA. En la misma reunión recibieron al embajador del Reino de Tailandia, Krit Tankanarat.

En ese contexto, el flamante presidente del GPA definió a Tailandia como “un actor importante en la región de indopacífico, se trata de la segunda economía de ASEAN”, además, recordó que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en 1955, más de 60 años largos con relaciones diplomáticas.

“La Argentina fue uno de los primeros países de Latinoamérica en estrechar lazos diplomáticos con Tailandia”, dijo. Asimismo, consideró “interesante la vinculación que podemos tener. Nuestro compromiso y de este gobierno en ayudar e incentivar todo lo que sea comercio exterior".

En la misma línea, el embajador Krit Tankaranat de Tailandia en Argentina, mostró su agradecimiento al expresar su “contento por la convocatoria del GPA ya que desde la pandemia no había estado muy activo”. Cuando recibí la invitación dije, esta es la oportunidad de encontrarme con los parlamentarios de nuevo, trabajar en conjunto y fortalecer nuestros lazos”, agregó.

En tanto, la diputada María Graciela Parola (UP) le dio la bienvenida, y expresó “la disposición a poder trabajar” desde lo parlamentario en distintas actividades. “Nos interesa poder continuar en este tipo de reuniones y poder profundizar la relación bilateral no sólo en términos ejecutivos sino también parlamentarios", dijo.

Entre los presentes estuvieron Phisek Panupat, consejero del Reino de Tailandia en la Argentina; las diputadas miembros del GPA, Alida Ferreyra, María Luisa Montoto; Gabriela Pedrali; Patricia Cardo, coordinadora de los Grupos Parlamentarios de Amistad de la Cámara baja, entre otros.