La jueza federal aclaró que eso está determinado en el artículo 106 del Código Electoral. La hermana de Javier Milei acusó a Gendarmería de “cambiar el contenido de las urnas”.
La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría avaló un pedido planteado por La Libertad Avanza para que, finalizado el balotaje, los fiscales de su espacio puedan acompañar el recorrido de las urnas hasta su entrega a la Junta Electoral.
En la solicitud, los apoderados del partido, Karina Milei -hermana de Javier Milei– y Santiago Viola, reclamaron que se permita ese proceso de vigilancia establecido en el artículo 106 del Código Electoral, algo que habitualmente sucede en las elecciones.
Dicho artículo indica que “los partidos políticos podrán vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que se entregan al correo hasta que son recibidas en la Junta Electoral. A este efecto los fiscales acompañarán al funcionario, cualquiera sea el medio de locomoción empleado por éste. Si lo hace en vehículo particular por lo menos dos fiscales irán con él. Si hubiese más fiscales, podrán acompañarlo en otro vehículo”.
En la presentación que realizaron ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1, los apoderados de LLA recordaron las denuncias de irregularidades que les llegaron por las redes sociales sobre los comicios generales del pasado 22 de octubre. En ese sentido, consideraron que “deben tomarse algunas medidas a fin de extremar recaudos de cara a la segunda vuelta”.
Pero además, acusaron a Gendarmería Nacional de “cambiar el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa” en distintos puntos del país.
Sin embargo, sobre las irregularidades que se habrían cometido, señalaron: “Lamentablemente, la única información y prueba que contamos al respecto es lo recabado a través de redes sociales y personas que decidieron no identificarse”.
Tras las PASO, una ciudadana presentó un amparo que fue rechazado ya que no es un requerimiento de la Constitución Nacional para llegar al Poder Ejecutivo.
A dos días de las elecciones generales, María Servini de Cubría, jueza nacional electoral, rechazó el amparo para que los candidatos a presidente de la Nación sean sometidos a un examen físico y mental y explicó que esos estudios no forman parte de los requisitos que la Constitución Nacional establece.
En la resolución, amplió que “se encuentra fuera del alcance de este Tribunal la imposición de requisitos, normas, evaluaciones y/o procedimientos no previstos en la Constitución Nacional y en la legislación electoral vigente mediante los cuales quienes se postulan al cargo de presidente de la Nación deban perseguir y cumplir a efectos de materializar ese objetivo”.
En tal sentido, el fiscal electoral Ramiro González ya había alegado que todas las postulaciones ya están oficializadas y que venció el plazo para presentar impugnaciones. También, en sintonía con Servini de Cubría, postuló que esos requisitos no están estipulados en la Constitución.
La causa fue presentada por la ciudadana María Valeria Viglianchino, quien presentó un amparo colectivo y reclamó que se obligue a los cinco candidatos a presidente de la Nación a someterse a un examen físico y mental que determinen su idoneidad para ocupar el cargo.
Así las cosas, señaló que lo contrario sería una “una conducta ilegal y arbitraria” ya que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los ciudadanos “son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad” y que los empleados públicos tienen que hacerse ese tipo de estudios, por lo que no puede ser menos para quien aspira a ocupar el cargo más relevante del país.
Además, propuso que los exámenes se realicen en una institución pública y que si cualquiera de ellos “no se encuentra apto y es electo, el Senado de la Nación que se abstenga de tomarle juramento y que se lo inhabilite para ocupar el cargo”.
El único candidato en expresarse respecto al tema fue Sergio Massa, quien indicó que los candidatos que pasen a la segunda vuelta, en caso de que haya esa instancia, “se sometan voluntariamente a un examen físico y mental”. Tras ello, Javier Milei respondió que “no habría problema en hacerlo”.
En la semana, la jueza federal Servini de Cubría había informado que hubo más de 300 denuncias por “vulneraciones” al momento de emitir el sufragio.
El Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires decidió este viernes que no habrá boleta electrónica en las elecciones generales del 22 de octubre, y anunciaron que junto a la Justicia Electoral están definiendo el nuevo formato.
A través de un comunicado, la IGE consideró que “la BUE (Boleta Única Electrónica) es un instrumento válido y ha mostrado sobrados beneficios en las elecciones PASO del 13 de agosto, pero luego de la decisión de la Justicia se encuentra abocado junto a las autoridades judiciales al diseño de un nuevo sistema”.
El domingo pasado durante la jornada electoral, varias escuelas presentaron problemas a partir de fallas técnicas en las máquinas. La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue una de las personas que se encontró con dificultades técnicas a la hora de emitir el voto y debió repetir el proceso por siete veces.
Los inconvenientes en las máquinas de siete colegios porteños generaron un retraso de varios minutos, por lo que la jueza María Servini de Cubría cuestionó “el grado de improvisación”, ya que ella había planteado el problema desde el sábado. Tras ello, dictó que en esas escuelas se podría votar hasta las 19 y 30.
Entrada la semana con la culminación del escrutinio, la jueza federal informó que se realizaron 300 denuncias en las fiscalías del distrito debido a vulneraciones al momento del sufragio en las máquinas de voto electrónico.
Desde la Ciudad, argumentaron que “se detectaron fallas en 251 máquinas de votación de la BUE, de las cuales 166 se repararon en el momento y otras 85 tuvieron que reemplazarse”. De ese modo, ampliaron que fue una “tarea que no demandó más de 5 minutos en cada caso”.
“Esos casos representan menos del 2% de las más de 14.000 máquinas destinadas al operativo de la jornada electoral, por lo que no puede atribuirse a ello las dificultades registradas”, cerraron desde la IGE.
El diputado del FdT explicó que Ramos debió haberse excusado de la causa de los chats entre D’Alessandro y Robles.
Tras la aparición de unos chats con supuestas conversaciones entre el juez Sebastián Ramos y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro, el diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) anunció que pedirá denunciar al magistrado por falso testimonio, tras su declaración en la Comisión de Juicio Político.
Además, el legislador oficialista -miembro de la Comisión de Juicio Político- advirtió que va a elevar la denuncia en el Consejo de la Magistratura (el cual también integra). “Ramos negó en la audiencia tener vínculos con D’Alessandro y al rato aparecen audios en tono de amigos para manguearle autos”.
Entrevistado en AM 530, Tailhade recordó que la juez María Servini de Cubría se había excusado de la causa entre D’Alessandro y Silvio Robles, asesor de la Corte, por tener vínculos de amistad con el ministro porteño. De ese modo, manifestó que Ramos “debió haber hecho lo mismo cuando recibió la causa que luego archivó”.
“Esos chats existieron, y las relaciones existen. Lo más importante es el reconocimiento y será interesante en que se profundice con las medidas que tomará la Comisión de Juicio Político y el Consejo de la Magistratura”, lanzó el diputado.
Siguiendo con las denuncias de connivencia entre la gestión porteña y la Justicia, el diputado confirmó que será citada a declarar la esposa de Silvio Robles, Laura La Torre, ya que Tailhade afirmó que “hay chats que la involucran en la causa”.
La jueza federal con competencia electoral dijo que no expondrá a su grupo de trabajo si antes no reciben la vacuna.
La jueza federal María Servini de Cubría confirmó este jueves que se contagió de Covid-19 pese a tener la primera dosis de la vacuna y, en ese marco, hizo un reclamo a las autoridades para que inmunicen a los trabajadores del Juzgado Federal N°1 -con competencia electoral- de cara a las elecciones.
“Si no vacunan a todo el equipo no se pueden hacer las PASO”, advirtió la magistrada de 84 años sobre los comicios previstos para el próximo 8 de agosto.
La noticia se conoció en coincidencia con la primera reunión que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, mantendrá con referentes de la oposición en el Congreso para iniciar un diálogo formal sobre el calendario electoral.
En declaraciones al canal América, la jueza insistió: “Si no vacunan a mi gente te diría que no, yo no voy a exponer al equipo de 25 personas que trabaja en este tema”.
Servini de Cubría cuestionó el plan de vacunación nacional y también apuntó al Gobierno porteño porque le suspendieron el turno que tenía para aplicarse la segunda dosis.
Además, reveló que habló con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para que se le respetara el turno, pero no tuvo respuesta.
“Más que sorprendida estoy enojada, porque yo tenía el turno para la segunda dosis el 26 del mes pasado y me llamaron para decirme que me suspendían el turno. Hablé con un alto funcionario de la Ciudad para que me vacunen porque yo estoy trabajando, lo mismo que personal que está trabajando conmigo. Si me hubieran dado las dos dosis no me hubiera contagiado”, enfatizó.
Y agregó: “Estoy enojada porque el tema de las vacunas se manejó muy mal, y también se lo estoy diciendo lamentablemente al presidente (Alberto Fernández)”.
“Le hablé a (Diego) Santilli para ver si me pueden hacer una excepción y darme la segunda porque estoy yendo a Comodoro Py. Y me dijo que se iba a ocupar, ¿viste el llamado? Yo no”, se quejó la magistrada.
