La agenda de comisiones un martes intenso y reuniones también para el día siguiente. Los temas previstos.
La Cámara baja tuvo una labor bastante menguada a lo largo del año, que se reactivó con la sesión maratónica del último 26 de octubre. Pasadas las elecciones generales de este domingo, el oficialismo parece querer reactivar la actividad plenamente en las comisiones y ya anunció una batería de reuniones bastante amplia para este martes y miércoles.
Sobre todo para el martes, cuando tiene programada nada menos que seis reuniones, como en los viejos tiempos pre-pandemia. Que conforme lo establecido ya oportunamente serán enteramente presenciales, de modo tal que la actividad se retomará a pleno a partir de la próxima semana.
Muestra el oficialismo las cartas con antelación en Diputados: adelantándose a lo que se perfila como una nueva conformación de la Cámara donde puede llegar a tener un número menor de miembros, trata de aprovechar el tiempo que queda hasta el 10 de diciembre activando la agenda legislativa.
Arrancará así este martes a partir de las 13 con un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Justicia, para analizar el proyecto sobre neumáticos fuera de uso. Se trata de una iniciativa que prevé establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los mismos.
A partir de las 14, Recursos Naturales -comisión que preside el oficialista Leonardo Grosso– continuará con el trabajo analizando una serie de proyectos que incluyen la actualización del monto para las sanciones por residuos peligrosos; y comenzará a analizar el proyecto sobre gestión integral de envases y reciclado inclusivo, entre otros temas.
Para las 15 ha convocado Cecilia Moreau a una reunión de la Comisión de Legislación General que ella preside para tratar la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar; y una serie de iniciativas como la institución del Día nacional del Turismo Rural; el Día del Amor Maternal, en conmemoración de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo; el Día nacional de la Adopción; Día nacional del Lenguaje de Señas; Día nacional de la Juventud (en homenaje a las víctimas de la tragedia de Cromañón), y el establecimiento del 17 de agosto como feriado nacional no trasladable.
Para una hora después ha sido citada una reunión informativa de la Comisión de Mercosur, que tendrá que ver con las relaciones entre ese organismo regional y la Unión Europea, y para las 17 está convocada la Comisión de Acción Social y Salud Pública.
En ese encuentro se analizará la creación del programa nacional “Pancitas llenas”; una campaña nacional para la donación de plasma inmune para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina; y la creación del Día nacional del Médico Endocrinólogo, entre otros temas.
La intensa jornada se cierra con una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a partir de las 19 tratará un proyecto de ley que crea un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. También se tratará un proyecto sobre agricultura familiar y la creación de un fondo fiduciario para el mismo.
Para el miércoles hay previstas por ahora dos reuniones de comisión. La de Turismo analizará establecer con carácter de Fiesta nacional del Veranador, a la festividad que anualmente se desarrolla en la localidad de Andacollo, provincia de Neuquén, y otros proyectos similares, en tanto que para las 13 ha sido convocada una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para analizar entre otros temas el proyecto de gestión integral de envases y reciclado inclusivo; el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial; y la prórroga de la emergencia de tierras indígenas, entre otros múltiples temas.
El proyecto de Cecilia Moreau busca proteger la soberanía jrisdiccional y legislativa y toma como referencia la gestión macrista.
La diputada nacional y vicepresidenta del bloque Frente Todos, Cecilia Moreau, presentó un proyecto de ley para que los recursos naturales no puedan constituir garantía directa o indirecta de las operaciones de crédito público que concretare el Estado Nacional, Provincial o Municipal.
Con esta normativa, el contenido y lo producido en ellos resultaría inembargable, protegiendo la soberanía jurisdiccional y legislativa.
El proyecto nace como una forma de proteger los bienes, dice, “frente a los negociados que se llevaron adelante en el período 2015-2019 con una política de megaendeudamiento, que incluyó hipotecar los recursos naturales del país como garantía de pago de las operaciones de deuda externa. En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Mauricio Macri, estableció jurisdicciones a favor de tribunales extranjeros y no incluyó los recursos naturales entre los ítems inembargables”.
Es decir, sostiene la diputada oficialista, “si la Argentina ingresaba en default debía someterse a los tribunales arbitrales de Nueva York, Londres y Suiza y, de ser necesario, rematar sus recursos naturales para cumplir con los acreedores”.
Esta ley busca poner fin a este tipo de maniobras y resguardar a las futuras generaciones, expresa la vicepresidenta del bloque Frente de Todos.
Acompañaron con su firma los diputados Juan Carlos Alderete, Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Esteban Bogdanich, Mabel Caparrós, Pablo Carro, Carlos Cisneros, Mayda Cresto, Danilo Flores, Lucas Godoy, Graciela Landriscini, Leiva Aldo, Mónica Macha, Ormachea Claudia, José Luis Ramón, Ariel Rauschenberger, Nicolás Rodríguez Saá, Jorge Romero, Nancy Sand, Liliana Schwindt, Daniela Vilar, Liliana Yambrún y Carolina Yutrovic.
La denominada “Ley Yolanda” establece una capacitación obligatoria para los tres poderes del Estado. También se aprobó un proyecto para la reducción de los plásticos de un solo uso.
Mediante videoconferencia, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano aprobó un proyecto con media sanción que establece la formación integral en ambiente para las personas que se desempeñen en la función pública. Ahora deberá ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La denominada “Ley Yolanda”, en conmemoración de Yolanda Ortiz, primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, busca garantizar “una capacitación obligatoria en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático” para quienes trabajen dentro de los tres poderes del Estado.
“Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de ambiente de nuestro país en el último gobierno de Perón y esta ley es un espejo de la Ley Micaela porque pretende formar a todos los poderes del Estado con una perspectiva ambiental”, afirmó el presidente de la comisión, Leonardo Grosso.
Como introducción al proyecto, Carolina Cortés, de Jóvenes por el Clima, se refirió a “la importancia de abordar la crisis climática, implementando medidas públicas de adaptación y mitigación”. “Es imprescindible educar y formar a quienes nos representan y ejercen un cargo que los habilita a tomar decisiones, cuya perspectiva socio-ambiental suele ser nula”, explicó.
En tanto, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) consideró que “la política ambiental tiene que ser una política de Estado, tiene que atravesarnos a todos y todas, porque sino no hay forma de poder llegar a una justicia climática”.
El diputado Eduardo Fernández (Frente de Todos) también respaldó la iniciativa y consideró que “es fundamental que todo el Estado sea conocedor del ambiente, es un problema de la humanidad”.
Por otra parte, la Comisión también aprobó un proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la reducción progresiva y prohibición específica de los plásticos de un solo uso.
Jerónimo Batista Baucher, científico y ambientalista, creador de vasos biodegradables hechos de algas, explicó que “cada uno de nosotros está generando un kilo de residuos por día y eso acumulado representa, a nivel país, la generación de más de una tonelada cada dos segundos”.
“Este proyecto se fue enriqueciendo y plantea un enfoque no meramente restrictivo, sino que busca lograr una transición, generar una conversión en la industria y en los hábitos de la gente”, dijo.
La diputada Florencia Lampreabe (Frente de Todos) aportó datos sobre las consecuencias del plástico en el ambiente. “El 80% de los residuos plásticos van a parar a entornos naturales y, cada año, 13 millones de toneladas de plástico terminan en el océano, provocando la extinción de las especies marinas”, manifestó.
“Urge que sigamos avanzando en este camino de políticas públicas que apunten a la reducción de los plásticos a su mínimo indispensable”, agregó.
En la Comisión de Recursos Naturales, el Frente de Todos impuso su mayoría para rechazar una iniciativa de la radical Brenda Austin que prevé destinar el 0,02% del Presupuesto Nacional a la prevención y el combate de incendios.
El Frente de Todos bloqueó este lunes en la Cámara de Diputados un proyecto de la diputada Brenda Austin (UCR) que busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales.
El oficialismo impuso su mayoría -con 16 firmas contra 11 de la oposición- para rechazar la iniciativa en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos).
El proyecto de Austin, presentado hace unas semanas, propone destinar el 0,02% del Presupuesto Nacional para la prevención y el combate de los incendios.
La autora advirtió que el Presupuesto 2021 preveía originalmente “un recorte de más del 50% en los fondos destinados al Sistema del Manejo del Fuego”, además de “un recorte de las metas físicas”, como la reducción de horas de vuelo de aviones hidrantes.
Esa merma fue subsanada con una modificación en el dictamen, por la cual se agregó como fuente de financiamiento “una contribución obligatoria del tres por mil (3‰) de las primas de seguros excepto las del ramo vida, a cargo de las aseguradoras”.
Sin embargo, Austin consideró que esa modificación “no es el mejor camino” y pidió “que el Estado sea el que ponga los recursos”.
La cordobesa sostuvo que su propuesta “no va en sentido contrapuesto” al dictamen del Presupuesto 2021, e insistió en la necesidad de “contar con un piso mínimo de protección, que además supera con creces los fondos que tuvimos el año pasado”.
Desde el oficialismo, el puntano Karim Alume Sbodio fundamentó el rechazo, al considerar que el proyecto “es incompatible con el dictamen del Presupuesto”, que es “ampliamente superador”, y además habló de “diferencias en la técnica legislativa”.
La iniciativa recibió dictamen de comisión tras un extenso debate. Prohíbe modificar el destino original de tierras incendiadas por un plazo que va de 30 a 60 años. Juntos por el Cambio se opuso y denunció un retroceso respecto de leyes actuales.
El oficialismo y bloques minoritarios de la oposición avanzaron este lunes con el proyecto del jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies afectadas por incendios.
La iniciativa recibió dictamen favorable con 17 firmas en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos), y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.
Se trata de una modificación de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que impide realizar actividad agrícola, emprendimientos inmobiliarios o cualquier otro tipo de actividad que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego.
La prohibición será por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
Por un agregado propuesto por Graciela Camaño (Consenso Federal), el plazo de 60 años será “sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales y locales, como de los tratados internacionales aprobados y ratificados por la Nación en la materia”.
Con nueve firmas plasmadas en un dictamen alternativo, Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa por considerar que es un retroceso respecto de las leyes vigentes porque “viola” el principio de progresividad y no regresividad ratificado en el Acuerdo de Escazú, y además no distingue entre incendios accidentales e intencionales.
Al abrir el debate, Grosso sostuvo que “hoy mientras debatimos esta modificación de la Ley de Manejo del Fuego hay cuatro provincias que siguen teniendo focos activos, y se calcula que casi 900.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego”.
Además, el legislador advirtió que “el 95% de estos focos de incendio son el resultado de la acción humana”.
En defensa de la propuesta de ley, Daniela Vilar (Frente de Todos) aclaró que se busca atacar los incendios intencionales que tienen como objetivo “deforestar esas áreas con fines especulativos u inmobiliarios”.
Lo que se intenta, explicó Vilar, es prohibir el cambio en el uso posterior de la tierra para permitir “la restauración y la biodiversidad de los ecosistemas”. “Si hay tierras que ya tenían un destino (previo al incendio), como por ejemplo, la construcción de viviendas sociales, se podrán hacer sin esperar ningún tiempo”, aclaró.
La oficialista insistió en que esta ley “puede cambiar rotundamente el accionar de los lobbys inmobiliarios”.
Desde la oposición, Josefina Mendoza (UCR) alertó que el proyecto “no crea una mayor protección ambiental, sino que la disminuye”, ya que en el caso de los bosques nativos prohíbe el uso del suelo por 60 años posteriores a los incendios, cuando la Ley de Bosques “establece perpetuidad”.
Mendoza también señaló que “las áreas naturales también ya están protegidas por la Ley de Parques Nacionales”, y por otra parte cuestionó que el proyecto “no distingue entre incendios intencionales y accidentales”, y “se criminaliza al propietario de la tierra sin indagar en la culpabilidad”.
Otro radical, Fabio Quetglas, reconoció que “hay que combatir la especulación” pero sostuvo que “esta es una norma punitiva que se propone discursivamente solucionar el problema, pero no lo va a solucionar, porque el problema no está en la intencionalidad de los agentes sino en el contexto en que estos incendios se desarrollan”.
Quetglas afirmó que “los cambios (en el uso de la tierra) muchas veces pueden ser en favor de los ecosistemas, no necesariamente son en contra”, y coincidió con Mendoza en que “no puede ser que en una norma pongamos en idéntico rango los incendios accidentales y los intencionales”.
El oficialista Eduardo Fernández informó que de las 900.000 hectáreas incendiadas, 300.000 son de su provincia, Córdoba. “Nunca hemos dicho que esta ley va a solucionar todo. Estamos pensando en una medida urgente para este ecocidio”, señaló, y le respondió a Quetglas que “estas medidas no son punitivas, son de resguardo”.
Fernández consideró además que los funcionarios deberían recibir una “educación ambiental”, y subrayó que “hace falta dar una señal clara de que a través del Estado no vamos a permitir más la especulación”.
Grosso a Juntos por el Cambio: “Están defendiendo a los sectores que prenden fuego la Argentina”
Por su parte, José Luis Ramón, jefe de Unidad Federal para el Desarrollo y cofirmante del proyecto, sentenció que “el tiempo de los proyectos tibios ya terminó. Estamos frente a un problema ambiental, y en segundo lugar económico”.
“No es el pequeño productor el que ahora se beneficia con las quemas y los desmontes, sino los grandes emprendimientos inmobiliarios o agrícolas”, dijo, y agregó que “todos los años aparecen incendios en los mismos lugares y jamás aparecen los culpables”.
En tanto, Gabriela Cerruti (Frente de Todos) destacó que el Presupuesto 2021, que se tratará este miércoles, destinará “1.725 millones de pesos” al combate del fuego, gracias a un aumento que se incorporó en el debate en comisión.
A continuación, Brenda Austin (UCR) expresó: “Compartimos la intención y la preocupación, pero hay una disociación entre la herramienta y los objetivos. Esta no es la herramienta adecuada”.
La vicepresidenta de la comisión retomó el argumento de que los bosques nativos hoy están protegidos con la prohibición “perpetua” para el cambio de uso posterior a los incendios, cuando el proyecto establece un plazo de 60 años.
“Cuando hablamos de estándares ambientales siempre hay que ir por más, no por menos”, dijo Austin, y lamentó que “lo que están demostrando es que una mayoría circunstancial puede violar el principio de progresividad”.
Camaño, que acompañó la iniciativa de Máximo al igual que Ramón, se sinceró: “El problema de este proyecto es el autor, porque cualquier análisis que se haga de esta ley va a ser con un prisma absolutamente prejuicioso”.
La diputada de Consenso Federal recordó que en materia ambiental no puede haber retrocesos porque eso está consagrado en tratados internacionales, y que de lo contrario la Justicia “los hará valer” con una eventual declaración de inconstitucionalidad de la ley.
Hacia el final, Grosso retomó las palabras de Camaño: “Digan la realidad: el principal problema que encuentran en este proyecto es el autor. Dejen esa mezquindad política de lado y démosle una herramienta al Estado”.
“Están defendiendo a los sectores que prenden fuego la Argentina y no lo pueden decir. Ustedes pretenden que el Estado esté al servicio del mercado”, remató el presidente de la comisión.
En la reunión también recibió dictamen favorable un proyecto de Mario Arce (UCR-Formosa) para declarar “monumento natural” a la especie “aguará guazú” (Chrysocyon Brachyurus), que se encuentra en peligro de extinción.
El proyecto prohíbe la comercialización, caza total o captura del aguará guazú en todo el país.
Arce precisó que esta especie “se encuentra en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Santa Fe”, y advirtió que sufre “la destrucción de su hábitat, los peligros de las rutas y caminos, y el comercio ilegal”.
Por eso, consideró que se necesita un “marco legal de protección absoluta” para este animal y recordó en ese sentido que “hay legislaciones provinciales que han avanzado en esta línea”.
El diputado también destacó que se reunieron “más de 36.000 firmas” en la plataforma Change.org para impulsar la protección del aguará guazú.
La comisión dictaminó a favor de un régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua, propuesto por Brenda Austin (UCR).
La legisladora explicó que la iniciativa “busca la reducción de uso del agua en los baños, especialmente en los edificios públicos”, e informó que “los baños representan en el mundo el segundo factor de consumo de agua doméstico”.
El proyecto, indicó Austin, dispone “que en los pliegos de las licitaciones se establezca la exigencia de contemplar dos botones con distintos tipos de descarga para los baños públicos, lo que permitirá ahorrar más de un 40% de agua”.
En la reunión convocada para este miércoles iba a tratarse el proyecto de Máximo Kirchner sobre prevención de incendios forestales.
La comitiva de diputados que viajó a Bolivia para observar las elecciones del último fin de semana quedó varada en ese país por un paro de aeronavegantes y, como consecuencia, se suspendió la reunión de la Comisión de Recursos Naturales donde iba a tratarse el proyecto de Máximo Kirchner sobre prevención de incendios forestales.
El encuentro virtual había sido convocado para este miércoles a las 18 por Leonardo Grosso (Frente de Todos), quien integró la delegación junto a sus pares Paula Penacca y Federico Fagioli, también varados en Bolivia.
Fuentes parlamentarias aseguraron que la reunión se realizará la semana que viene, ya que el oficialismo tiene intenciones de avanzar con el proyecto que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego.
La iniciativa presentada por el jefe del bloque propone prohibir por entre 30 y 60 años la venta de terrenos que hayan sido afectados por incendios forestales, con el propósito de evitar que se desarrollen en esos predios emprendimientos inmobiliarios.
En la reunión suspendida también iba a tratarse otro proyecto para declarar Monumento Natural a la especie aguara guazú, y un régimen de promoción del uso de cisternas de doble carga en todo el país para el uso eficiente del agua.
Será en una nueva reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales. Fueron convocados 18 invitados.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos), retomará este viernes a las 18 el debate sobre la ley de presupuestos mínimos para la preservación de humedales.
En la que será la cuarta reunión informativa en modo virtual, la comisión escuchará a 18 especialistas, de cara a la firma de un dictamen consensuado entre numerosos proyectos.
Fueron convocados el abogado ambientalista Enrique Viale; Maristella Svampa (CONICET), Leonel Mingo (Greenpeace); Daniel Bracamonte (Partido Verde Argentina); Hernán Casañas (Aves Argentinas) y Gastón Fulquet (Fundación Humedales).
También participarán Jackeline Ermini (Jóvenes por el Clima Rosario); María Eugenia Testa (Círculo de Políticas Ambientales); Juan José Neiff (CONICET-Comité Científico Técnico de la Convención Internacional de Humedales); Jessica Vega (indígena mixteca) y Paloma Costa Oliveira (Youth Advisory Group del secretario general de la ONU).
La Lista continúa con Silvia Abral (Mujer de laya los Andes Marka y Ayllus Wayatayoc); Ariana Krochik y Mijael Kaufman Falchuk (Consciente Colectivo); Valeria Enderle (Fundación Cauce); María Aguilar (EcoHouse); Guadalupe Nava (Alianza por el Clima) y Cesar Massi (Colectivo de Naturalistas Santafesinos).
En una reunión de la comisión que preside Leonardo Grosso, expusieron sectores laborales y productivos.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservacion del Ambiente Humano realizó la segunda reunión informativa con el objetivo de delinear una ley nacional de humedales y contó con la exposición de sectores productivos, científicos y ambientalistas.
En primer lugar expuso Jorge Temporetti, de la Federación Agraria Argentina, quien consideró que una ley de humedales “tiene que estar enmarcada en una política de soberanía nacional, si hay intereses poderosos quedan dormidas”.
“En este momento hay leyes sobre las quemas pero no se aplican, acaba de salir una resolución de la Corte Suprema pidiendo que se apliquen”, reclamó.
Por su parte Adrián Mendizábal, integrante de la regional Delta y Pampeana de la Asociación Forestal Argentina, explicó que “los territorios sobre los que se quiere legislar son muy diversos y que, aún en el propio Delta, no es todo igual”. “Nadie más interesado que nosotros en preservar el suelo. Es fundamental la participación de los actores socio-económicos en el dictado de cualquier norma que tenga implicancia en el territorio”, dijo.
Miriam Sotelo, representante del pueblo guaraní de Corrientes, denunció que “ha habido un avance contra nuestro territorio, modificando el ambiente, las tierras y los cursos de agua”.
“Tiene que existir una ley que reconozca la existencia de un problema, haremos todo para frenar los proyectos que signifiquen la destrucción del ambiente”, manifestó.
En tanto, José Volante, miembro del grupo de humedales del INTA, aclaró que “no hay producción sustentable sin la conservación de la biodiversidad, hay un error en creer que se pueden disociar ambos conceptos”. “Necesitamos introducir la intensificación ecológica necesaria para la intensificación productiva”, remarcó.
El debate comenzó el jueves pasado con la participación de diversos profesionales, científicos y referentes ambientales. El objetivo es definir una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales en la Argentina, en un contexto marcado por los incendios en la zona del delta del Río Paraná.
Con la participación de especialistas, la Comisión de Recursos Naturales dio el primer paso para avanzar en un proyecto conjunto, en el contexto de los incendios en el Delta del Paraná.
Con motivo de los incendios en el Delta del Paraná, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por Leonardo Grosso (Frente de Todos), comenzó este miércoles con el debate sobre una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales, un tema pendiente desde hace varios años en el Congreso.
“Estamos empezando el tratamiento y la idea es poder debatir de cara a sociedad la construcción de una ley de presupuestos mínimos de protección de humedales”, arrancó Grosso, y destacó que recibió “más de cien solicitudes de organizaciones de la sociedad civil” para participar de las reuniones informativas.
El legislador señaló que a raíz de los incendios en el Delta del Paraná, que impactan en Rosario, “hoy por la mañana, casi como una señal de la naturaleza, el viento nos trajo el humo hasta la Ciudad de Buenos Aires, que pudo ser testigo del impacto de estas prácticas”.
Grosso explicó que hay presentados proyectos de varios bloques, como por ejemplo el Partido Socialista, de la mano de Enrique Estévez, y la Coalición Cívica, a través de una iniciativa de Maximiliano Ferraro.
Además, el oficialista recordó que el tema está en debate desde el año 2013 en el Congreso, donde los proyectos nunca pudieron avanzar. “Cada día que pasa es un día perdido y cada vez está más complicada la situación”, advirtió Grosso.
Elba Stancich, asesora en Agua y Ordenamiento Territorial del Círculo de Políticas Ambientales, abrió la ronda de expositores y enumeró los aspectos que, a su criterio, debería contener la ley, como la definición de “humedal”, la confección de un inventario -acotada en el tiempo y con la posibilidad de establecer áreas prioritarias- y un ordenamiento territorial, algo que consideró como “lo medular de esta ley”.
Stancich también propuso incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y criterios para las categorías de conservación y uso, “sin librar la decisión a cada provincia”, además de la propia asignación de fondos y la contemplación de una moratoria.
La experta además aclaró que “esta no es una ley ‘antiproducción’: las actividades que se desarrollan actualmente sobre los humedales se seguirán haciendo, solo que algunas se tendrán que adecuar a la ley”.
A su turno, Aníbal Faccendini, mágister en Ambiente y Desarrollo Sustentable, resaltó que “hablar de los humedales es hablar de agua, que es un elemento vital y esencial”, y agregó que estos ecosistemas “forman parte de lo que podríamos llamar ‘los nuevos derechos humanos de la tierra’”.
Faccendini advirtió que “hay muchas sospechas e intereses económicos en juego” y pidió “lograr una ley efectiva y práctica”. “Necesitamos un Estado con perspectiva ambiental”, acotó.
“Es necesaria una ley de presupuestos mínimos, pero no alcanza con eso. Los argentinos tenemos un sistema federal que nació para unirnos, no para desunirnos. El tema es cómo lograr también una ley de humedales específica” sobre la situación en las distintas regiones, dijo.
Javier García Espil, abogado, docente y especialista en Administración y Políticas Públicas, se refirió a la “pérdida de la extensión y degradación de las características” de los humedales y reclamó “una definición clara, precisa y operativa” que contemple “dónde hay humedales y dónde no” y “quiénes son los sujetos y territorios alcanzados”.
El especialista también remarcó la necesidad de conseguir “mejor información para aplicarla al ordenamiento del territorio y a la gestión ambiental”, a través de una ley participativa que incluya incentivos “para que no sea un proceso que nunca llegue a su fin”.
“Hasta que no esté el inventario y el ordenamiento, necesitamos ser muy precavidos con las actividades que se realicen”, indicó, y añadió que “no se trata solo de prever recursos o financiamiento sino de asignar esos recursos adecuadamente”.
El ingeniero químico y docente César Mackler defendió el proyecto de Estévez y sostuvo que “son los recursos naturales los que determinan las posibilidades pero también las limitaciones del desarrollo productivo de la región”.
“No debemos modificar estas áreas en función de políticas, planes, programas o proyectos que son diseñados sin tener en cuenta las características del sitio”, consideró.
Por su parte, Julián Monkes, ambientólogo y mágister en Desarrollo Rural, especificó que los humedales comprenden “un cuarto del territorio nacional” y son “sistemas muy heterogéneos” con “diversidad de problemas ambientales y lobbys que operan”, como la minería, la industria y el avance de emprendimientos inmobiliarios.
“Esta ley debería conservar áreas sensibles pero también planificar la producción en los territorios de humedales”, opinó, y se preguntó “de qué nos sirve tener una ley perfecta si después no vamos a contar con apoyo de los actores en territorio para que se cumpla”.
En tanto, la presidenta del Consejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, relató que “desde febrero se vive una situación muy particular con la quema indiscriminada de las islas” y advirtió que “un tercio de la ciudad de Rosario es territorio devastado, con lo que esto significa para los humedales del Paraná”.
Asimismo, Schmuck anticipó que el Consejo que preside sesionará este jueves en el Municipio de Sastre para poner el tema en agenda.
En la reunión informativa también expusieron Eduardo Toniolli (concejal de Rosario), Fabián Coppiz (Multisectorial por la Ley de Humedales), Laura Prol (Taller Ecologista de Rosario) y Sergio Rinaldi (periodista especializado), entre otros.
A la hora de las expresiones de los legisladores, el santafesino Germán Martínez (Frente de Todos) observó que hay un “enorme malestar social” con la quema de pastizales y consideró que “cuando hay un fuerte consenso en el rechazo, también allí hay un germen y empiezan a gestarse las condiciones para lograr una solución al problema”.
Martínez consideró erróneo creer “que si mañana no hay quema de pastizales estarán resueltos los problemas”, y en ese sentido habló de la pesca, la caza furtiva, los residuos sólidos, el combustible de las embarcaciones, los terraplenes y diques artificiales. “Tenemos que tener una respuesta integral”, concluyó.
Por su parte, Graciela Camaño (Consenso Federal) aclaró que “en materia de normas, en realidad, no tenemos tanto débito en el Parlamento, y de hecho los humedales tienen una protección” desde el año 1991, con la adhesión a la Convención de Ramsar.
“El problema es que no tenemos una ley individual, pero el problema va mucho más allá. Tenemos Ley de Bosques, tenemos Ley de Glaciares, tenemos Ley de Ambiente, tenemos una enorme cantidad de legislación. Lo que pasa es mucho más importante y serio: tenemos la necesidad de hacer un cambio cultural. Para nosotros, el hombre es el centro de la escena, y esto nos impide ver que en la escena no está solo el hombre; hay una diversidad increíble, el medioambiente, los seres animales y vegetales”, describió la diputada.
Desde la UCR, Brenda Austin destacó la participación de especialistas y explicó que el artículo 41 de la Constitución Nacional “es muy claro al respecto”, garantizando “un marco protectorio igual en todo el país”, por lo cual “la fijación de los presupuestos mínimos es competencia del Congreso de la Nación”.
La cordobesa recordó que en 2013 y 2016 el Senado avanzó con medias sanciones que luego no prosperaron en Diputados. “La mirada de las provincias ya está sobre la mesa. Hace falta que los diputados recojamos el guante”, enfatizó.
Maximiliano Ferraro, autor de uno de los proyectos en danza, destacó que “nos encontramos ante una oportunidad histórica de saldar una deuda de larga data que tenemos en el Congreso” y alertó que “estos ecosistemas están en peligro y necesitan una atención para que puedan ser preservados”.
“Esta deuda tiene que ver con el ordenamiento de nuestro territorio como instrumento de política pública y de gestión ambiental. Debemos garantizar la conservación y el uso racional de nuestros humedales a través de una ley de presupuestos mínimos, como parte de una agenda de desarrollo sostenible y de una recuperación económica verde”, aseguró.
Otro de los impulsores de la ley, el santafesino Enrique Estévez, coincidió con Camaño en que “estamos ante un debate cultural y las soluciones que tenemos que encontrar son con todos”, por lo cual pidió que el INTA, el CONICET, las universidades nacionales y las organizaciones civiles “no solo opinen, sino que tengan participación real en la ejecución de la ley”.
Estévez explicó que los humedales son “grandes reservorios de agua dulce” y que comprenden “el 20% del territorio nacional”. “Como sociedad tenemos que dar un mensaje claro de que tenemos que cambiar nuestro vínculo con la naturaleza”, insistió.
Organizada por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, participaron de la videoconferencia organizaciones ambientalistas, sociales y científicas.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa sobre la deforestación en Argentina, con la participación de organizaciones ambientalistas, sociales y científicas.
Al comienzo del encuentro, el titular de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), denunció el “avance del desmonte en plena cuarentena”.
“En estos tres meses, 38 mil hectáreas se han desmontado, (lo que) representa el territorio de una Capital y media. Por eso nos parecía importante contar con la palabra de personas entendidas en la materia y ver cómo el Congreso puede intervenir”, explicó Grosso.
En primer lugar Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, contextualizó la problemática de la deforestación. “Argentina está entre los diez países que más bosques ha perdido en los últimos 30 años. Hemos perdido 8 millones de hectáreas en tan sólo tres décadas”, dijo.
Giardini explicó que el 80% de la deforestación del país se concentra en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. “A pesar de la ley de bosques, sigue habiendo desmontes ilegales”, añadió, antes de recordar “el valor que tienen los bosques en términos de biodiversidad, clima, alimentario y medicinal”.
Posteriormente, tomó la palabra Silvina del Carmen Santillán, del pueblo indígena de Lule Videla e integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, quien manifestó que “las comunidades campesinas e indígenas se ven amedrentadas en el peligro constante de los desmontes ilegales”.
“Las familias campesinas están en lucha en el marco de la pandemia: defendimos y sacamos las máquinas y las topadoras que han querido destruir el monte. Es el lugar de nuestra vida y nuestra producción, sana y agroecológica”, remarcó Santillán.
En tanto, Máximo Mazzocco, fundador de Ecohouse y miembro de Alianza por el Clima, hizo hincapié en que “el concepto ‘ecocidio’ da cuenta donde estamos parados”. “Hablamos de una matriz que hace a la vida de este planeta. Cuando desforestamos ilegalmente, estamos matando miles de años de evolución”, dijo Mazzocco.
Del mismo modo, Elizabeth Bergallo, integrante del Foro Gualamba, se refirió al impacto socio-cultural de la producción de soja en el Chaco. “No se entiende cómo se permitió la actividad extractiva en la cuarentena, el Chaco es la segunda provincia más afectada por el Covid”, cuestionó.
Emiliano Ezcurra, de la Organización Banco de Bosques, también alertó sobre los desmontes en cuarentena. “Ha sido un escándalo que ha tenido muy poca condena, como si los desmontes fueran una actividad esencial. Las que tienen que estar en cuarentena son las topadoras”, aseveró.
También participaron de la reunión informativa Micaela Camino, integrante de Somos Monte; Juan Manuel Esteche, coordinador de Acción de Alianza por el Clima; Octorina Zamora, del Espacio Plurinacional Indígena Kanbá; y Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre.
