La jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner, rechazó la última recusación planteada por la querella de la vicepresidenta, en relación a su vínculo con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad.

El pasado 9 de enero, la titular del Senado compartió en sus redes sociales el escrito, junto al mensaje: “En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”.

En la presentación, que había sido realizada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, se señaló que Capuchetti se desempeñaba de manera rentada como investigadora del Instituto de Seguridad Pública (ISPP) porteño; al tiempo que se cuestionó la imparcialidad de la jueza.

En su escrito, difundido por la agencia Télam, Capuchetti expresó que “la parte recusante invoca actividades académicas generadoras de supuestos vínculos con funcionarios locales, desplegando un amplio espectro de cuestiones sin más desarrollo que su sola mención, sin profundizar en el presunto interés que guardaría la suscripta y el motivo por el cual debería ser apartada para entender en estos actuados”.

Esta no es la única de las recusaciones planteadas contra la magistrada, ya que la primera que se presentó llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, donde se encuentra a cargo del juez Guillermo Yacobucci.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, anunció este lunes que presentó una recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la investigación por el intento de magnicidio que sufrió la expresidenta el primero de septiembre.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la vicepresidenta expresó: “En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”.

En los últimos días, la magistrada había sido denunciada por el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que la acusaba de tener un contrato como investigadora senior en un instituto que depende del Gobierno porteño y dar clases en un instituto de la Policía de la Ciudad.

En la redacción de la recusación -de 33 páginas- que presentaron por los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Adzabal, relacionaron directamente a Capuchetti con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro por “dependencia laboral”.

El ministro se encuentra de licencia, luego de la filtración de supuestas conversaciones entre él y un hombre cercano a la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles, previo al fallo de que le devolvió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

Del mismo modo, el documento recordó los incidentes ocurridos previo al ataque contra la vicepresidenta cuando a su hijo, Máximo Kirchner, se le negó el paso por agentes de la Policía de la Ciudad “entre insultos y golpes”.

“Queda más que claro el interés que Capuchetti puede tener respecto del resultado del proceso”, señaló la recusación, en alusión a que la vicepresidenta Cristina Kirchner observó vínculos claros entre la jueza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la recusación de la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contra el fiscal Diego Luciani por la causa “Vialidad”, el funcionario judicial respondió a los planteos realizados para su apartamiento. En ese sentido, señaló que el abogado Carlos Beraldi “en su escrito deja constancia que actúa siguiendo expresas instrucciones de su representada”, y aclaró que “coincidir en alguna actividad deportiva no es un motivo de la recusación”, por lo que eso “nunca ha incidido y va a incidir en la objetividad de mi trabajo”.

Este viernes, el fiscal sostuvo que “la razón invocada por las defensas no se encuentra comprendida dentro de ninguno de los supuestos de la Ley porque la supuesta amistad íntima invocada no se aplica a la relación entre fiscales, jueces y defensores”.

“La Ley es clara, restrictiva y no admite secciones ni otras interpretaciones y esto, señores jueces, lo saben muy bien los letrados que me recusan. A tal punto es así, que en el caso del Dr. Beraldi en su escrito deja constancia que actúa siguiendo expresas instrucciones de su representada”, señaló Luciani.

En ese sentido, remarcó que “saben que las causales de recusación de un fiscal, artículo 71 del Código Procesal Penal, son de interpretación restrictiva. Esto es así porque los fiscales debemos ajustar nuestra actuación a la ley”.

“No estamos sujetos a las exigencias de la imparcialidad.  Los fiscales somos la parte acusadora del proceso y, tal como se ha sostenido en innumerables precedentes, el apartamiento del conocimiento de una causa de los representantes del Ministerio Público Fiscal debe ser evaluado con el máximo de ponderación y prudencia”, indicó.

En tanto, ratificó: “Señores jueces esto ya es suficiente para que se rechacen todos los planteos efectuados por la defensa porque no hay ninguno de los supuestos contemplados en la Ley para recusar a un representante del Ministerio Público Fiscal”.

A su vez, invitó a la reflexión y a las aclaraciones, ya que “se han hecho eloculaciones mal intencionadas pendientes a poner en duda en tela de juicio mi objetividad como representante de los intereses de la sociedad”, por lo que expresó: “Me veo en la obligación de despejar toda duda al respecto”.

En esa línea, recordó que “es la primera vez que me recusan en toda mi trayectoria judicial en un proceso penal. Nunca antes me habían recusado. Trabajo desde los 18 años, empecé gratis, en diferente dependencia, fiscales, en la justicia nacional, federal”.

“A lo largo de toda mi carrera he establecido relaciones con diferentes personas dentro de la Justica. Compañeros de trabajo, funcionarios, empelados, fiscales, jueces, abogados particulares. Este es el caso de Rodrigo Gómez Uriburu con quien, aclaro, más allá de ser una causal de recusación, no me une ninguna relación de amistad íntima, sino de aprecio y de respeto que nunca ha incidido y va a incidir en la objetividad con la que trabajo cada caso”, explicó Luciani en referencia a la foto en la que se lo ve participando en partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri.

Y precisó que “la circunstancia de coincidir en alguna actividad deportiva o si se quiere académica, científica, de recreación, social, bien saben los defensores que no es un motivo de la recusación. Sencillamente porque la ley no lo contempla y ese es el marco legal al que debemos regirnos”.

“A nadie se le hubiese ocurrido recusar a un magistrado por compartir con otros una actividad deportiva que las mismas asociaciones y colegios de abogados organizan todos los años en las cuales participan jueces, funcionarios”, expresó el fiscal y agregó: “Si siguiéramos el razonamiento que proponen las defensas, llegaríamos al absurdo de comprender que cualquier acto social que compartimos, tanto ocasional como habitual con jueces, se erigen en causal de recusación”.

Y cerró: “Entonces le estaría vedado ser parte de un torneo deportivo y compartir espectáculos deportivos. Es tan ilógico que el motivo de recusación que realmente me cuesta contestarlo porque no resiste ningún análisis, a nadie se le ocurriría pensar que alguna de esas circunstancias pudría conmover la objetividad o imparcialidad de los magistrados”.