El diputado nacional Juan Fernando Brügge (Democracia Cristiana – Encuentro Federal) presentará un pedido de informes al Poder Ejecutivo luego de haber advertido días atrás que ningún organismo de Estados Unidos aceptó brindar garantías para el crédito que negocia el equipo económico. Según señaló, esa ausencia de respaldo oficial empuja a los bancos privados a exigir condiciones más duras a la Argentina.

El anuncio de Brügge se inserta en el corazón de una negociación financiera que el Gobierno de Javier Milei había presentado como un salvavidas externo. El diputado sostiene que la falta de información clara y la negativa del Tesoro estadounidense a avalar los préstamos obligan a pedir explicaciones formales: “Queremos saber cuántos bancos están detrás de estos 20.000 millones de dólares, qué tipo de garantías se están ofreciendo y qué compromisos asume el Estado argentino”, remarcó al justificar el pedido de informes.

Brügge recordó que los bancos involucrados acudieron inicialmente al secretario del Tesoro norteamericano para solicitar un aval que les permitiera cerrar la operación, pero la respuesta fue contundente: el Tesoro no asumiría ningún compromiso automático. “Les dijeron claramente: ustedes busquen sus propias garantías, hablen con la Argentina y definan cómo va a garantizar esos fondos”, explicó el diputado, señalando que esa decisión dejó en evidencia que no existe respaldo estatal estadounidense detrás del eventual financiamiento.

Según su análisis, esa negativa obliga a que las entidades utilicen sus propios encajes en la Reserva Federal como garantía, lo que encarece el riesgo y abre la puerta a intereses más elevados. Para Brügge, ese punto es determinante y justifica que el Congreso exija transparencia: “Es indispensable que el Ejecutivo informe qué tipo de acuerdo se está negociando y qué obligaciones futuras podría asumir la Argentina”.

El legislador comparó la situación con los créditos que algunas provincias solicitan en dólares y necesitan la garantía del Gobierno nacional: “Constitucionalmente, los avales recaen en el Estado central. Pero acá los prestamistas pidieron esa garantía y la respuesta fue que no. Eso modifica de raíz los términos de cualquier negociación”. Subrayó que, ante la falta de una “garantía automática”, los bancos podrían endurecer condiciones, elevar tasas o exigir colaterales más exigentes.

La advertencia de Brügge cobra más fuerza en paralelo a los últimos acontecimientos en el frente financiero internacional. El Wall Street Journal confirmó que el préstamo de USD 20.000 millones que estructuraba JPMorgan cayó definitivamente. Frente a ese revés, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, intenta ahora que ese banco —junto con Citigroup y Bank of America— arme un préstamo repo de USD 5.000 millones para cubrir vencimientos inmediatos. La urgencia es evidente: en enero deben afrontarse pagos por USD 4.000 millones, y el propio Caputo admitió que no tiene las divisas.

El diario estadounidense advirtió además que esos bancos quedarían expuestos si la Argentina no logra colocar nueva deuda para cancelar el repo, lo que podría agravar el riesgo y endurecer aún más las condiciones de acceso. Ese tipo de advertencias internacionales, para Brügge, refuerzan la necesidad de que el Congreso acceda a toda la documentación sobre las negociaciones en curso.

El diputado insistió en que, ante un escenario financiero tan delicado, la responsabilidad institucional es insoslayable: “Si el Tesoro de Estados Unidos se corrió y deja todo en manos del sector privado, la Argentina tiene que saber exactamente qué compromisos está asumiendo. No se puede avanzar en acuerdos de esta magnitud sin la debida información pública”.

Por eso, su pedido de informes buscará que el Ejecutivo explique en detalle el estado de situación de la negociación, las condiciones exigidas, los riesgos asumidos y el objetivo real de los fondos, ya sea para engrosar reservas vía swap o para libre disponibilidad. Para Brügge, la transparencia es una obligación constitucional y una garantía para que la Argentina no ingrese en un esquema de endeudamiento opaco que comprometa aún más su frágil situación financiera.

Un bloque de diputados del peronismo encabezado por Julia Strada presentó un proyecto de resolución para requerir al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe al Congreso los detalles del acuerdo de estabilización cambiaria firmado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El texto, acompañado por Paula Penacca, Germán Martínez, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Pablo Yedlin, Cecilia Moreau, Itaí Hagman y otros legisladores de Unión por la Patria, plantea diez puntos de consulta sobre el convenio, anunciado el 20 de octubre por el BCRA y valuado en USD 20.000 millones.

El pedido apunta a conocer qué funcionarios intervinieron en la negociación, si actuaron por indicación del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Economía, y por qué el Congreso no fue consultado antes de la firma. También interroga por las condiciones financieras del swap, la tasa de interés, los plazos de activación y la jurisdicción ante eventuales controversias.

Los diputados cuestionan además por qué el acuerdo no fue realizado con la Reserva Federal de los Estados Unidos, y si su firma implica cancelar el swap vigente con el Banco Central de China.

En los fundamentos, Strada y sus pares advierten que el convenio “supone una indebida injerencia en asuntos soberanos argentinos” y que “debería haber sido tratado y aprobado por el Congreso, conforme a los incisos 1, 2, 4, 7 y 8 del artículo 75 de la Constitución Nacional”.

El texto cita declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien en septiembre había anunciado un programa financiero integral para la Argentina, que incluiría “compra de bonos, un crédito stand-by, un swap y la redefinición de políticas tributarias”.

Los legisladores sostienen que ese conjunto de medidas “afecta la independencia del Banco Central” y que su Carta Orgánica impide asumir obligaciones o condicionamientos sin autorización del Parlamento.

El proyecto también hace referencia a recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció que el swap podría utilizarse para garantizar pagos de bonos en enero y julio, lo que para los autores del pedido “confirma que el acuerdo ya tiene prevista una posible activación”.

Por eso, el bloque opositor reclama que el BCRA detalle si se prevé utilizar parte del swap, cuándo y bajo qué condiciones financieras, y precise el destino que se le dará a los fondos.

La iniciativa concluye señalando que el Congreso debe “reafirmar sus atribuciones constitucionales” y exigir que el Banco Central informe de manera completa sobre el acuerdo suscripto con el Tesoro de los Estados Unidos.

El Gobierno intensificó en los últimos días las negociaciones externas con el fin de lograr un “acuerdo especial con el FMI” y renegociar el convenio firmado en mayo de 2014 con el Club de París, pero en el mercado crece la desconfianza porque no se captan señales “positivas” para llegar a esos objetivos.

Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo una intensa agenda de reuniones esta semana en Washington y también en Nueva York, hubo elementos de advertencia hacia la Argentina en las últimas horas.

Más precisamente desde la Vicesecretaría del Tesoro de Estados Unidos se emitió un comunicado donde insta al Gobierno a presentar un plan económico “sólido, que genere puestos de trabajo en el sector privado”, para conseguir el respaldo de ese país a las gestiones externas, lo que significó para algunos operadores del mercado como “una bajada de línea importante de Washington para el Gobierno”.

“El Gobierno norteamericano le está pidiendo a la Argentina un plan económico creíble, cosa que hasta ahora no se ha visto. Fue una manera de marcar la cancha sin muchas vueltas”, afirmó a parlamentario.com un importante broker local.

En ese sentido afirmó que “cuando se habla de plan se refiere a cómo va hacer la política fiscal, de ingresos, de gasto, de precios, el esquema cambiario, el comercio exterior y la evolución de las cuentas externas, todos aspectos en los que no hay manera de planificar algo en la Argentina en este momento”.

“Más con una brecha cambiaria que vuelve a ser motivo de preocupación de operadores e inversores tanto locales como externos”, agregó otro broker de la city porteña.

Y precisamente, el problema de la brecha cambiaria es motivo de creciente preoupación de consultores y economistas.

En ese sentido, el economista y especialista en temas agropecuarios David Miazzo recalcó que “a partir de julio se va observar con claridad la caída de la liquidación de exportaciones del sector primario”.

“El grueso de la liquidación ya se hizo. Uno puede ver que el ajuste en el tipo de cambio oficial se fue atenuando notablemente. Si bien el BCRA acumuló reservas y tiene poder de fuego, el tema es que un menor ingreso de divisas siempre activa una mayor especulación. Entonces, menor liquidación e ingreso de dólares implica una mayor brecha cambiaria”, enfatizó Miazzo, economista jefe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina).

Por su parte, Matías Lestani, director del Departamento de Economía de CRA, anticipó que “sin dudas va haber más tensión en el mercado cambiario”.

“Está claro que a partir de julio se va a observar una menor liquidación de divisas por parte de los exportadores y eso va a generar que se reduzcan más las importaciones. Entonces, con importaciones más restringidas, indudablemente se desacelera el ritmo de la actividad económica”, puntualizó Lestani.

El especialista consideró que “en lo que va del año en exportaciones se liquidó mucho más aprovechando el precio internacional de los granos, pero ahora la cotización se tranquilizó” y sobre el mercado cambiario consideró que “el dólar paralelo es factible que a partir de ahora empiece a tener una tendencia de suba, porque además habrá menor ingreso de divisas hasta la cosecha fina”.