Un tema sobre el que indirectamente se había pronunciado el día anterior el jefe de Gabinete, al ser interrogado sobre la situación de Pinochet.

Entrevistado por Radio América, Rodolfo Terragno dijo que si bien era lógico sostener la no extraterritorialidad de las leyes, “tampoco se puede pedir la extraterritorialidad del perdón”. Es de suponer que ahora mantenga el mismo razonamiento aplicado no ya para Chile sino para puertas adentro.

La idea esbozada por Terragno parece ser común a la del Gobierno respecto al caso Olivera, por cuanto el ministro de Justicia adelantó que la Argentina brindará “apoyo consular” al militar detenido, pero no mucho más. O sea que se lo proveerá de algún abogado para que lo asesore, pero para defenderse tendrá que hacerlo de su propio pecunio.

Es que más allá de que esa actitud va en consonancia con sus convicciones, la Alianza no quiere comprarse un nuevo conflicto interno al asumir una defensa irrestricta de la no injerencia de la justicia de otros países en territorios ajenos. Cosa que sí hizo en su momento respecto a la detención de Augusto Pinochet. De todas formas, según aclaró una fuente consultada en la Casa Rosada, en este tema “se privilegiará la imagen internacional”, por lo que el Gobierno optará por mantener un perfil bajo sobre el tema y no enfrascarse en una contienda institucional con Francia.

Lo beneficiará el hecho de que Olivera sea infinitamente menos “famoso” que el general chileno, confiando en que el caso se solucione sin mayor intervención oficial, como sucediera en su momento con la detención del marino Scilingo en España.

El riesgo de la actitud argentina respecto al caso Olivera es sentar un precedente en materia de extraterritorialidad judicial. De tal manera, todos los militares que tuvieron alguna participación en el Proceso quedarían librados a su suerte en caso de que decidieran salir del país. Esto con relación a hechos del pasado, porque de cara al futuro, el tema ya está prácticamente resuelto, por cuanto la Argentina ha adherido al Estatuto de Roma, que crea una Corte Penal Internacional encargada de juzgar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Precisamente el miércoles pasado la Cámara alta ratificó ese convenio internacional, y se descuenta que Diputados le dará una rúbrica definitiva en no más de un mes.