Esta medida apunta a subsanar la situación planteada en el Senado, donde el juez Liporaci reclama el desafuero de numerosos legisladores, mientras que estos se resisten a despojarse de los mismos.

Luego de un extenso debate de más de cuatro horas, los diputados aprobaron por 207 votos a favor y 5 en contra el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales cuyo tratamiento en el recinto se venía postergando desde abril último, debido a la fuerte resistencia que generaba entre los legisladores. Posteriormente el trabajo lo tuvieron los principales interesados en esta coyuntura: los senadores. Es que al cabo de una sesión en la que trataron la ley de emergencia económica y hasta escucharon al ministro de Economía, los padres de la Patria aprobaron después de medianoche en general y, en particular, alrededor de las 4 de la madrugada, la ley que había recibido media sanción en Diputados.

El proyecto establece que, cuando un magistrado abra una causa penal contra un legislador o funcionario sujeto a remoción o juicio político, “el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión”.

El dictamen fija que el llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero “en el caso de que el legislador o funcionario no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político”. Además, establece que el juez “no podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular, o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones, sin la autorización de la respectiva cámara”.

En su alocución en Diputados, Elisa Carrió, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, aclaró que los fueros parlamentarios “sólo garantizan exención de arresto y en ningún caso puede entenderse como exención de proceso”. En tal sentido dijo que “esta norma obligará a funcionarios y legisladores a comparecer ante la justicia y beneficiará a los legisladores honestos que podrán ir a los tribunales a demostrar su inocencia”.

De todos modos admitió que el tratamiento del proyecto obedece a una coyuntura particular, el escándalo de los sobornos, al señalar que “en estos casos siempre es mejor remitirnos a lo antiguo”.

Por su parte, el justicialista Carlos Soria, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, hizo especial hincapié en la importancia que la sanción del proyecto tendrá en el actual contexto político. “Esta norma no sólo es útil para que la justicia avance en sus investigaciones, sino también para quitar ese manto de sospecha que se instaló sobre la clase política en general”, afirmó Soria.

“Seguro que esta no es la mejor oportunidad para aprobar esta ley, pero es la única. La democracia en Argentina no está amenazada por ninguna conspiración pero tiene males íntimos que la gente nos refriega todos los días”, dijo Soria al fundamentar su apoyo a la iniciativa en el marco del debate en el recinto.

Desde la vereda opuesta, el demócrata progresista Alberto Natale advirtió que se avanzaba en el tratamiento de una ley “que en 10 años nos se pudo aprobar por las diferencias que ésta generaba y por el temor de muchos de tener que ir a la justicia”, aunque de todos modos no se opuso a la medida. Sí en cambio lo hicieron cinco diputados, entre ellos María Chaya (PJ-Salta) y Agustín Díaz Colodrero (Partido Nuevo-Corrientes), en tanto que hubo dos abstenciones, una de ellas de la santacruceña Cristina Kirchner.

“Estoy de acuerdo con la ley, pero voy a abstenerme de votar porque es sólo un parche, porque promueve una solución jurídica a un problema que es político, como es el escándalo del Senado”, afirmó la legisladora. “El abordaje de este problema exige la correcta catracterización. Parecería que hay un pacto de necesidad y urgencia y a cambio de esto el Senado trata antievasión y emergencia economica”, señaló la santacruceña.

Un momento saliente de la discusión fue el contrapunto entre el vicepresidente del cuerpo, Juan Pablo Cafiero, y el presidente del bloque del PJ, Humberto Roggero, sobre si estaban legitimados los senadores que tienen pedido de desafuero para votar las leyes de antievasión y emergencia económica.

“Nos hubiera gustado una abstensión de esos señores legisladores, porque ponen en sospecha al conjunto del Congreso nacional”, apuntó Cafiero. En esa misma línea argumental, uno de los dirigentes más cercanos al vicepresidente Carlos Alvarez agregó que “es una desprolijidad y le quitan legitimidad a la ley que hayan votado la antievasión y ahora vayan a votar la ley de emergencia”.

Estas expresiones tuvieron una rápida réplica del jefe de la bancada del PJ, Roggero, quien aseveró que no tenía “dudas de la legitimidad” de sus pares y dejó en claro que tampoco dudaba de “la honestidad intelectual” para poder sancionar las leyes. Roggero aseveró: “Soy político y no tengo una actitud vergonzante de la actividad politica” y subrayó que “la moda es destruir a un esquema” y esto “debe llevar a la reflexión” para ver como “se puede solucionar los poblemas de la gente”.

El proyecto aprobado establece:

* En caso de que el juez decida el arresto del legislador o funcionario procesado, la medida no se hará efectiva hasta tanto no sea separado de su cargo, medida que es propia del desafuero.

* Prohibe a los magistrados ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones sin la autorización respectiva de la cámara.

* Deroga los artículos 189, 190 y 191 del Código Procesal Penal, que son los que reivindican los jueces para pedir el desafuero previo a tomarle declaración indagatoria a un legislador.