Legisladores del Frepaso y el PJ cuestionaron el aumento tarifario acordado entre el Gobierno y las empresas de transporte público, aunque algunos de los aliancistas se mostraron más contemplativos al evaluar que se trató de una decisión "inevitable", y producto de la herencia recibida de la gestión anterior.
El diputado Juan Pablo Cafiero buscó el lado positivo de la medida del Gobierno, y dijo que "servirá para incentivar las inversiones" de las empresas de transporte, no obstante entendió que "es entendible que a la gente le resulte injusto un nuevo aumento".
En declaraciones a Radio América, el legislador evitó confrontar directamente con el Gobierno, y añadió que "el Estado no podía pagar lo que debía porque heredó una situación caótica", y así explicó que se haya optado por el incremento tarifario, al sostener que "no había otra salida".
En cambio, Raimundi se mostró crítico en relación a esta medida, a la que calificó de "denigrante", y consideró como "la peor señal que puede dar un gobierno a la gente de menores recursos".
"No alcanza con la explicación que da el Gobierno. Es una decisión denigrante que demuestra, por un lado, la atrocidad de los contratos firmados por (Carlos) Menem, pero además demuestra la incapacidad negociadora del actual gobierno", enfatizó.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Transporte del Senado, el justicialista José Carbonell, se pronunció contra el aumento y advirtió que "no existen elementos que justifiquen el incremento".
A través de un escrito, Carbonell reclamó al ministro de Economía, José Luis Machinea, que envíe a su comisión la documentación que avala la decisión oficial de permitir un aumento en las tarifas de colectivos, trenes y subtes. El legislador por Tucumán, que además integra la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, señaló que pretende analizar a fondo el tema para impulsar luego un pronunciamiento legislativo sobre la cuestión.
En el caso de los trenes, Carbonell pidió informes a la Bicameral sobre el cumplimiento de las obras comprometidas por parte de los concesionarios de las distintas líneas. Y en el caso específico de los colectivos, el legislador dijo que la crisis que soporta el sector no es producto de las bajas tarifas, sino de la competencia de transportes alternativos como las combis y los micros "truchos", y de los altos montos que deben pagar en concepto de juicios perdidos.
El que obviamente salió en defensa de lo dispuesto por el Gobierno fue el titular de la Comisión de Transporte de la Cámaras de Diputados, el radical Alejandro Nievas, quien reconoció que el aumento de las tarifas del transporte público "es una medida difícil", pero aseguró que "no había otra forma" de atender las deudas que el Estado mantiene con las concesionarias de ferrocarriles y la crítica situación que atraviesan las empresas de colectivos.
El legislador intentó minimizar el impacto que causó en la población el aumento tarifario, que en promedio oscilan entre un 10 y un 16 por ciento. Indicó que, en el caso de los ferrocarriles, el incremento en los boletos "se viene hablando desde hace tiempo, ya que durante el gobierno anterior se autorizó una renegociación de todos los contratos, con aumento de tarifas incluido".
