La diputada radical Liliana Lissi presentó un proyecto de resolución en el Congreso para que el Poder Ejecutivo informe si el PAMI continuará prestando los servicios de rehabilitación para discapacitados. Específicamente, pidió que se detalle la prestación contemplada en el Programa Integral para Personas Discapacitadas (PROIDIS), que abarca la rehabilitación psicofísica y profesional, estimulación temprana, educación especial, capacitación laboral y transporte institucional, entre otros.

También solicitó que el Gobierno detalle el monto al que asciende la deuda con los prestadores de los servicios nomenclados en el PROIDIS para los 91.300 afiliados mayores de 60 años en condiciones de ser incluidos en este programa.

En un comunicado, Lissi señaló que "la embestida de las políticas sanitarias en nuestro país tendiente a producir la reforma total del PAMI acrecienta la crisis que atraviesa el organismo y provoca la amenaza de los prestadores de no continuar la atención de cerca de 4 millones de afiliados".

Recordó, además, que el PAMI fue "víctima desde 1994 de diversas políticas que, escudadas en objetivos eficientistas transformaron a la obra social más importante de Argentina y Latinoamérica en una institución deficitaria".

Por su parte, el diputado socialista Héctor Polino responsabilizó al Gobierno por la "desfinanciación" que sufre la obra social de los jubilados y culpó a la administración nacional por el déficit del PAMI.

Polino destacó que la situación que atraviesa este organismo se debe, en parte, a la "pérdida del ingreso por la renta que percibía el Banco Central procedente de infracciones a la ley del cheque", que debía ser girado directamente a la obra social para financiar las prestaciones para discapacitados. El legislador socialista consideró además que otro factor agravante es que el PAMI deba afrontar los servicios de sepelio "por más de 50 millones de pesos", cuando esta obligación, resaltó el diputado, "le corresponde al ANSES, que es una entidad estatal".

Asimismo, la diputada justicialista María Lelia Chaya pidió al Poder Ejecutivo que informe si el Ministerio de Economía "tal cual se comprometió en el punto 21 del último memorandum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional le gira al PAMI la suma de 200 millones de pesos mensualmente".

Además solicitó al Gobierno que responda si el Palacio de Hacienda se está haciendo "cargo de pagar las indemnizaciones por los despidos en el PAMI tal como se había comprometido en su momento" y si está girando los 120 millones de pesos y los avales para que el Banco Nación le preste 50 millones de pesos.