Cavallero, ex intendente de Rosario y autor del proyecto que originó la ley, con el que se compatibilizaron otros de los diputados Juan Carlos Ayala (PJ-Chaco) y Rubén Giustiniani (Frepaso-Santa Fe), anticipó que también impulsará una investigación por parte de la Oficina Anticorrupción del secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, por la forma en que defendió a las telefónicas.

También precisó que realizará una presentación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se investigue la facturación de las telefónicas, por presunta evasión.

La ley vetada por el presidente Fernando De la Rúa autorizaba a los municipios de todo el país a percibir hasta un dos por ciento del total local de la facturación de las telefónicas por el uso del espacio aéreo y hasta un uno por ciento por el tendido de cables subterráneos.

Ayer se supo que los intendentes que impulsaron el pago de una tasa por uso de espacio público para las empresas de telecomunicaciones, habían pedido al Poder Ejecutivo Nacional el veto parcial de la norma sobre la prohibición del traslado del costo a los usuarios. En los considerandos del veto total a la ley del 2 por ciento publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo señaló que los "intendentes hicieron llegar la iniciativa de un veto parcial que recayera exclusivamente sobre la prohibición de trasladar el gravamen a los usuarios".

Pero el Ejecutivo tras "analizar detalladamente" la situación consideró que un veto parcial hubiera "desnaturalizado el sentido de la ley" y a su vez "transfería a los usuarios lo que era intención del Congreso Nacional hacer recaer sobre las empresas". Por ello, entre otras razones, decidió el veto total de la ley que impulsaba la tasa del 2 por ciento sobre la facturación de las empresas de telecomunicaciones por uso del espacio público aéreo y subterráneo.

Cuando el viernes se conoció el veto total de la ley, los intendentes no dudaron en considerar que "la medida dispuesta por el Presidente de la Nación favorecía a las empresas en contra de los ciudadanos". El primer argumento en contra del tributo, esgrimido desde el Ejecutivo, fue que el riesgo de que con la promulgación de la norma "quieran repetirse contra la Nación los importes devengados, por violación de lo establecido en el pliego de privatización de Entel".

Este concepto ya había sido expuesto por Telecom y Telefónica de Argentina quienes habían adelantado que si se implementaba el gravamen iban a recurrir no sólo a la justicia nacional sino a la internacional.

Por su lado, el presidente provisional del Senado, el radical Mario Losada, consideró "entendible" el sentido del veto dispuesto por el Poder Ejecutivo a la ley que dispuso el pago de una tasa del 2 por ciento por el uso del espacio públicos para las telefónicas.

"Pienso que es entendible la valoración que hizo el Poder Ejecutivo en el veto de que la imposición de esa tasa no debía recaer sobre el usuario", aseveró el titular de la Cámara alta al hacer referencia al veto total que estableció el Ejecutivo a la ley sancionada por el Congreso. En este sentido, Losada consignó que si bien él había votado "convencido" la norma en atención al reclamo de intendentes de todo el país, lo cierto es que al leer los considerandos del veto dispuesto por el Ejecutivo también juzgó que eran "entendibles" las valoraciones esgrimidas por el gobierno para tomar esa medida.