El justicialismo dio un paso más en su ofensiva para rechazar la convocatoria a sesiones extraordinarias propuesta por el Poder Ejecutivo, y aprobó en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado un dictamen que prorroga las sesiones ordinarias del cuerpo.
El paso no es menor si se tiene en cuenta que la prórroga de ordinarias implicaría un duro golpe al Poder Ejecutivo y a la gestión del presidente Fernando De la Rúa, que perdería la facultad de controlar el temario de debate del Congreso durante el período de extraordinarias. Es que, de hecho, el decreto con la convocatoria a extraordinarias perdería sentido ya que le extensión de las ordinarias facultaría al Congreso a manejar su agenda de trabajo sin necesidad de ceñirse a los temas que habilita el Poder Ejecutivo.
La movida tomó por sorpresa al radicalismo que, a pesar de poner lo mejor del bloque en la comisión, no pudo evitar que la amplia mayoría de 14 miembros que ostenta el PJ impusiera su criterio y emitiera despacho.
El Gobierno respondió por la tarde con otra jugada: el presidente firmó un decreto para llevar la convocatoria a sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, esto es, cubrir todo el período de inactividad habitual del Congreso.
La administración delarruista pretende que sean extraordinarias las sesiones porque en ese caso el Congreso sólo puede tratar unos pocos temas, entre los que figura el Presupuesto Nacional 2002, la ley de Coparticipación Federal y la aprobación de tratados internacionales. El temario del Gobierno incluye, además, la autorización al Presidente para ausentarse del país y la prórroga de la vigencia del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que vencen el 31 de diciembre próximo.
Por su parte, en la Cámara de Diputados el justicialismo ya comenzó a dar sus primeros pasos para acompañar la movida de sus compañeros del Senado, al presentar un proyecto de características similares y comenzar a integrar la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar la iniciativa. No obstante, este último paso recién estaría finalizado la semana próxima, ya que la actividad en la Cámara baja se vio fuertemente resentida por el paro nacional dispuesto por las centrales obreras contra las medidas económicas del Gobierno.
Sin embargo, el paro no fue impedimento para los senadores peronistas que avanzaron con su estrategia de acorralar al Gobierno y reunieron de apuro a la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Cristina Fernández de Kirchner (Santa cruz), para emitir dictamen a la prórroga de ordinarias.
La jugada fue más que veloz, ya que la comunicación de la convocatoria a la comisión fue transmitida al PJ a última hora del miércoles, lo que obligó a la UCR a acelerar la designación de sus miembros en el cuerpo.
El debate estuvo acaparado por el duelo verbal entre peronistas y radicales: los primeros decididos a firmar dictamen, mientras que los hombres del UCR -estuvieron Raúl Alfonsín, Raúl Baglini, Jorge Agúndez-, trataron de evitar lo inevitable, que la mayoría peronista imponga su número y su criterio. Es que además de la discusión política, los representantes del justicialismo y de la UCR enfrentaron sus posiciones de interpretación constitucional respecto de la facultad del cuerpo para autoprorrogar las sesiones ordinarias.
Así, en un duro esgrima político el PJ impulsó su proyecto aduciendo que la posibilidad de autoprorrogar las ordinarias es una "facultad implícita" del Poder Legislativo, contemplada en el inciso 32 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
