Los senadores justicialistas intentarán esta semana doblar su apuesta contra el Gobierno, aprobando un proyecto de prórroga del período de sesiones ordinarias, que les permita manejar el temario del Congreso durante los meses de verano.
Con ese propósito el peronismo pretende sesionar el próximo jueves, día en que estará en condiciones de ser tratado en el recinto el proyecto de prórroga presentado por el titular de la bancada José Luis Gioja y el riojano Jorge Yoma, que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El Gobierno busca un acuerdo político que permita superar el conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y Legislativo que se avecina si el PJ cumple con su promesa de aprobar una resolución en ambas cámaras del Congreso de autoconvocatoria de prórroga de sesiones ordinarias.
El justicialismo que hoy controla las dos cámaras parlamentarias aspira a definir la agenda para votar entre otros puntos la derogación de las facultades legislativas cedidas al Ejecutivo y anular el decreto que impuso restricciones para el retiro del dinero de los bancos de ahorristas y empleados.
La estrategia de las bancadas del justicialismo es votar entre el miércoles y el jueves sendos proyectos de resolución donde se encomienda a los presidentes de ambas cámaras, Ramón Puerta (Senado) y Eduardo Camaño (Diputados) la convocatoria a sesiones ordinarias, según confirmaron los jefes de ambos bloques parlamentarios del PJ Humberto Roggero y José Luis Gioja. En ese sentido, el diputado cordobés confirmó el viernes que mañana se tratará de emitir el dictamen y el miércoles buscar la sanción sobre tablas del despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales.
La iniciativa presentada por el PJ solicita al presidente de la Cámara de Diputados, que conjuntamente con el presidente provisional del Senado disponga la prórroga de las sesiones ordinarias del período parlamentario en curso hasta el 28 de febrero del 2002.
La postura del justicialismo abrirá una fuerte polémica entre el oficialismo que rechaza de plano esta iniciativa y las bancadas opositoras sobre las atribuciones del Congreso para una autoconvocatoria a sesiones ordinarias, cuando está abierto el período extraordinario que fue extendido hasta el 28 de febrero, con un temario que incluye el presupuesto, el pacto federal, y la coparticipación, entre otros temas.
La última alternativa para evitar el conflicto de poderes es un acuerdo político donde se pueda consensuar un temario mínimo entre ambas fuerzas políticas, y así evitar que este diferendo puede terminar en una maraña judicial que deberá ser resuelta por la Corte Suprema, el tribunal que dirime las cuestiones de competencia constitucional.
La situación planteada en ambas cámaras no es la misma ya que en el Senado se avanzó en un dictamen y si lo tratan el jueves no se requerirá los dos tercios que harán falta en Diputados, donde el justicialismo necesitará el respaldo de otras fuerzas políticas para poder cumplir su objetivo.
El debate en el Senado y en Diputados no será sencillo y estará plagado de acusaciones desde el oficialismo que considera que el PJ está vulnerando la Constitución, según se desprende de las opiniones vertida por el ex presidente Raúl Alfonsín en la reunión de Asuntos Constitucionales, en la cual planteó que "aprobar una prórroga deja abierta la decisión judicial toda ley que se apruebe". En la misma línea argumental se han manifestado el vicepresidente del cuerpo, el radical Fortunato Cambareri, quien afirmó que "va a desatar un conflicto de poderes" y la storanista Margarita Stolbizer, quien expresó que la UCR rechaza que "se pueda autoconvocar a sesiones ordinarias cuando estas ya vencieron".
En la Cámara de Diputados apareció una tercera postura del AR que reconoce el derecho de que el Congreso pueda autoconvocarse, pero sostiene que sólo puede tratar decretos del Poder Ejecutivo y no puede debatir proyectos de ley, según indicó el diputado de esa fuerza política Mario Cafiero, quien sostuvo que el Parlamento "puede autoconvocarse porque nadie puede negar la posibilidad de reunirse, discutir y debatir" y agregó que "los temas que no serían objetables para ser analizados son los decretos de necesidad y urgencia".
Cafiero dijo que "no podemos crear una expectativa que después no se cumpla. Decirle a la gente que vamos a votar leyes que después no van a poder ser sostenidas desde el punto de vista jurídico; sería una mancha más que le damos al Parlamento".
El justicialismo quiere debatir un temario que incluye -aunque habrá una reunión el martes entre ambas conducciones del PJ para consensuar la agenda- la derogación de las facultades cedidas al Gobierno nacional, la reforma política, la instrumentación de un seguro de empleo y formación profesional y la modificación del decreto 1570 para lograr la libre disponibilidad en los bancos de los sueldos, jubilaciones, pensiones e indemnizaciones.
"Una interpretación literal de la norma permite sostener, como lo expresa Germán Bidart Campos, que la convocatoria a extraordinarias es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, en tanto que la prórroga de sesiones ordinarias es una facultad concurrente que pueden ejercer indistintamente, el Congreso y el Presidente", puntualizan los fundamentos de la propuesta.
