El Gobierno nacional avanzó un casillero en su disputa con la Corte Suprema de Justicia, al anunciar una "profunda reforma judicial" en la certeza de que se debe dotar a la Argentina de una magistratura "confiable".
En este sentido, el vocero presidencial Eduardo Amadeo adelantó que el Gobierno de Eduardo Duhalde tiene definido "en un 80 por ciento" una profunda reforma judicial que "va a cambiar el país".
Amadeo señaló además que las encuestas y "la sensación de la gente" demuestran que la Corte Suprema "no es confiable".
El gobierno estimó que entre 20 y 30 días podría resolverse el proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que ya cuenta con la voluntad política de los bloques legislativos del PJ, la UCR y el ARI para "avanzar lo más rápido posible" en ese camino.
El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, aseguró que el proceso de juicio político contra los integrantes de la magistratura podría definirse en un plazo de "20 a 30 días", que se iniciará hoy con la revisión de los 28 expedientes acusatorios, cuando se reúna la Comisión de Juicio Político.
El tema fue tratado el sábado durante un encuentro que mantuvo el presidente Eduardo Duhalde con representantes del Gobierno y de los bloques legislativos del radicalismo y del Frepaso, en la residencia de Olivos, en la que la oposición expresó su decisión de acompañar al oficialismo en la ejecución del juicio político. El titular de la bancada de Diputados del PJ, Humberto Roggero, sostuvo que "ya existe la voluntad política de la mayoría del bloque justicialista para iniciar el proceso mañana mismo", aunque aclaró que, "como sólo hablan los colegiados, cada bloque decide por su cuenta".
En este marco, añadió que "el peronismo ya tiene a todos sus integrantes incorporados a la Comisión de Juicio Político, quienes en las próximas horas se reunirán para decidir qué pasa con todos los expedientes, corroborar si ya están todos incorporados y analizar caso por caso".
Los bloques del PJ, la UCR, el Frepaso y el ARI en la Cámara de Diputados coincidieron en la necesidad de acelerar el tratamiento de los pedidos de juicio político que pesan sobre los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Juicio Político, que hasta el jueves último no estaba conformada, ya inició el trámite parlamentario de los 27 pedidos de remoción contra los magistrados de la Corte. El justicialista Sergio Acevedo, presidente de la Comisión de Juicio Político, insistió ante el fallo que destraba el "corralito" que "la Corte de ninguna manera pretende con esto resolverle el problema a los ciudadanos, sino generarle un problema al Gobierno".
Acevedo señaló que "la comisión trabajará mañana, tarde y noche para terminar antes de fin de mes los dictámenes de acusación por los pedidos de juicio político que pesan sobre los integrantes de la Corte".
Elisa Carrió, por su parte, líder del bloque del ARI, consideró que "el fallo constituye un chantaje" al sostener: "Esta decisión es una extorsión al Gobierno para evitar que avancemos con el proceso de remoción. No lo van a conseguir".
El jefe del bloque de la Alianza UCR-Frepaso, Darío Alessandro, acusó también a la Corte Suprema de "extorsionar al poder político para transformarse en intocables", y advirtió que el parlamento deberá "actuar muy rápido".
