El justicialismo procurará entre hoy y mañana celebrar un acuerdo con el radicalismo para votar esta semana un paquete de leyes en la Cámara de Diputados, cuyo tema central será la reforma a la ley de quiebras reclamada por el gobierno para apuntalar las negociaciones con los organismos internacionales.
Paralelamente se negoció todo el fin de semana para modificar la ley de Subversión Económica en el Senado.
La agenda parlamentaria diseñada por la bancada justicialista de Diputados -que conduce Humberto Roggero- contempla votar los proyectos que promueven la anulación del Impuesto a las Transferencias de los Combustibles (ITC) para la importación del gasoil, bancarización de deudas privadas de créditos hipotecarios y prendarios, y ratificar si ya fueron enviados los decretos de eliminación del CER y el plan bonos. Además, el oficialismo buscará dar un paso en el tratamiento legislativo para derogar las jubilaciones de privilegio y tratará de emitir un dictamen en la comisión de Previsión Social, que conduce el rionegrino Ovidio Zuñiga.
La posibilidad de votar una amplia gana de proyectos creció en los últimos días cuando avanzaron los acuerdos entre el gobierno y los legisladores sobre el controvertido tema del CER, que fue considerado una prioridad para el bloque justicialista, y las reformas que se introducirán a la ley de quiebras. En este contexto fueron claves las negociaciones encaradas por el Palacio de Hacienda con legisladores justicialistas y radicales, en las cuales se alcanzó un principio de acuerdo sobre los ejes centrales de ley de quiebras, que son la capitalización forzosa, y cómo se evaluará la cotización de la empresa quebrada.
Ahora los puntos de desacuerdos que aún persisten referidos al plazo de suspensión de ejecuciones se buscará saldar en la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto que se hará el próximo martes a la tarde para emitir el respectivo dictamen que se quiere debatir en la sesión del miércoles.
El diputado José María Díaz Bancalari señaló que la ley de quiebras incluirá el mecanismo de capitalización forzada o "cram down", pero "con garantía para el deudor, porque no puede quedar indefenso ante el acreedor". La ley 25.563 eliminó este instituto el cual un tercero o acreedor puede comprar las acciones de la empresa, el gobierno propuso su restablecimiento como figuraba en la antigua ley de quiebras, pero en este acuerdo se estableció que se volverá a poner en vigencia pero se dará mayores posibilidades a los deudores.
Otro punto clave es que los acreedores no podrá hacer una oferta menor que la realizada por el deudor en el plazo de exclusividad, y que la empresa se valuará de acuerdo a la tasación del mercado, tomando en cuenta sus activos y los bienes intangibles, es decir la ponderación que tenga esa marca. Otro proyecto que tratará de sancionar el oficialismo está referido a la eximición del pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) para la importaciones de gasoil con el objetivo de estabilizar su precio y solucionar el desabastecimiento.
También el justicialismo quiere debatir otro proyecto que abrirá polémica con las escribanías que es la bancarización de las deudas privadas de créditos hipotecarios y prendarios, que apunta a generar recursos adicionales para el fisco y proteger a los deudores sobre el valor de la cuota.
Respecto a la ley de Subversión Económica, se resolvió que no sea derogada, como pedía el FMI, sino que se limitará a modificar la norma atendiendo las sugerencias realizadas por el organismo. Al respecto, Díaz Bancalari sostuvo que la ley de Subversión Económica "será modificada, porque una derogación podría implicar una amnistía o un indulto encubierto para los delincuentes". Esta norma, que será tratada el próximo miércoles, es la que está siendo aplicada para investigar desde el banquero Carlos Rohm (Banco General de Negocios) hasta al ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
Al respecto, el senador justicialista Jorge Yoma advirtió que la derogación de la Ley de Subversión Económica sería "una amnistía" para decenas de personas que están siendo investigadas en base a esa norma, como por ejemplo el banquero Carlos Rohm."La derogación de la norma implicaría que se caigan todas las causas. Implicaría por parte del Congreso la sanción de una virtual ley de amnistía para todas estas personas que están siendo investigadas", enfatizó Yoma, al expresar su oposición a la derogación de esa ley.
El legislador riojano confirmó además que de acuerdo con la información oficial que le brindó el juzgado federal a cargo de María Servini de Cubría, con la derogación de la norma quedaría libre en forma automática Carlos Rohm, ex titular del Banco General de Negocios.
Mientras tanto, el canciller Carlos Ruckauf advirtió que si no son aprobadas las leyes que reclama el gobierno "seguirán empeorando las condiciones del país", pero aclaró que los proyectos del Ejecutivo pueden ser modificados.
"Si no se aprueban las leyes seguirán empeorando las condiciones del país, pero no significa aprobarlas como fueron remitidas sino lo que en definitiva se decida", puntualizó el canciller argentino sobre la modificación de la ley de Subversión Económica y de Quiebras.
Para el ex titular del Ejecutivo bonaerense, "la Argentina tiene que tener, como todos los países del mundo, reglas claras, y esto lo hablé con (el presidente de Chile, Ricardo) Lagos, que es socialista pero nunca se le ocurriría que Chile se pueda alejar del mundo".
