Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la Cámara de Diputados analizaron las modificaciones propuestas a la Ley de Quiebras, para su tratamiento en la sesión prevista para hoy.
La aprobación de esa normativa es reclamada por el FMI, junto a la derogación de la Ley de Subversión Económica, que el Senado trataría también hoy y que el presidente Eduardo Duhalde adelantó que no será "derogada" sino "modificada".
La número dos del FMI, Anne Krueger, volvió a advertir en la víspera que "esta semana" se deberían aprobar las normas reclamadas por el organismo, para avanzar en un paquete de ayuda financiera. Así lo entendió el Gobierno de Duhalde que, fortalecido en el acuerdo con los gobernadores, está buscando consenso en los bloques mayoritarios del Congreso para el pronto tratamiento de las leyes en discusión.
Este acuerdo político facilitará hoy el tratamiento de la iniciativa, con la cual el gobierno aspira a poder rehabilitar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en búsqueda de una ayuda económica y desbloquear el acceso al crédito de otros organismos internacionales. Sólo expresaron su desacuerdo el Interbloque de Alternativa para República de Iguales (ARI), que comanda Elisa "Lilita" Carrió, aunque se estima que se expresarán en contra como lo hacen en todas las sesiones Izquierda Unida, Polo Social y Autodeterminación y Libertad, de Luis Zamora.
La discusión del despacho firmado en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General se realizará en una sesión especial convocada para esta tarde, aunque se estima que su sanción se producirá en la madrugada o en la mañana de mañana.
En esa misma sesión se procurará debatir el proyecto que exime del impuesto a la transferencia de los combustibles a la importación del gasoil.
El presidente de la comisión, Eduardo Di Cola, confirmó que hoy se discutirán en la sesión especial solicitada para el mediodía y afirmó que "eran necesarias estas modificaciones, más allá de los pedidos del Fondo Monetario Internacional". El proyecto consensuado entre el justicialismo y el radicalismo establece que el plazo de ejecuciones de hipotecas será de 180 días corridos -en lugar de hábiles como se fijaba en la ley sancionada en enero-, se reinstaura un sistema acotado de capitalización forzosa (cram down) y se otorgan facultades al juez para convalidar el acuerdo.
