La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado resolvió reiterar la invitación al embajador de Estados Unidos, James Walsh, para que proporcione información sobre un supuesto pedido de coima a banqueros extranjeros para frenar un proyecto de ley que perjudica al sector financiero local.
La decisión se adoptó durante una reunión de la comisión que preside la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner, en la cual los senadores escucharon al vicejefe de Gabinete, Jorge Amadeo, quien negó haber tenido conocimiento de actitud ilícita alguna, así como haber realizado comentarios sobre el proyecto en cuestión.
A diferencia de Amadeo, que acudió a la invitación de la comisión, Walsh se amparó en la inmunidad diplomática establecida por la Convención de Viena, lo cual causó desagrado entre los legisladores, que aclararon que el diplomático sólo había sido invitado a colaborar con la investigación y no citado. Ahora se insistirá para que el embajador se exprese por escrito.
Mientras tanto, el juez federal Claudio Bonadío citó para esta semana a prestar declaración testimonial a los jefes de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA), quienes habrían recibido exigencias por parte de un grupo de senadores para frenar la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso. Fuentes judiciales confirmaron que el titular de ABA, Mario Vicens, y otros miembros de esa asociación deberán presentarse el próximo jueves ante el juez Bonadío, quien instruye una causa en la que se investiga la exigencia de coimas por parte de senadores a banqueros.
Hoy a las 10 deberá presentarse a declarar el periodista Thomas Catan, quien escribió a mediados de agosto una nota en el diario inglés The Financial Times en la que reflejaba la presunta extorsión, que motivó la radicación de dos denuncias en la Justicia Federal.
La resolución del magistrado incluye el libramiento de un oficio al apoderado del Senado, Juan Carlos Salerni, para que indique el estado parlamentario de la norma a la que aludió el periodista del diario londinense.
Las medidas ordenadas por Bonadío fueron solicitadas por los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan, quienes requirieron al magistrado que dé impulso a una denuncia formulada por la senadora por el PJ tucumano Malvina Seguí, con el patrocinio del abogado Roberto Brallard.
A ese expediente se agregó otro iniciado -minutos después- por la Comisión de Asuntos Legislativos de la Cámara alta que recayó en lo de la jueza federal María Servini de Cubría y que se anexó (por "conexidad") con la que tramitaba Bonadío.
Las actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia del periodista Catan, en el Financial Times del 22 de agosto, donde aludió a un supuesto pedido de coimas que los representantes de bancos extranjeros habrían transmitido a los embajadores de sus países. Según la publicación británica algunos banqueros habrían recibido un pedido de sobornos "para no avanzar" en el tratamiento de un proyecto del senador Luis Barrionuevo destinado a crear un fondo de desempleo para los empleados bancarios.
La propuesta contemplaba la creación de la Comisión Nacional de Trabajadores Bancarios que se financiaría con el dos por ciento de las comisiones que las entidades crediticias cobran a sus clientes.
El juez también dispuso que se enviaran oficios al apoderado del Senado, Juan Carlos Salerni, para que indique cuál es el estado parlamentario de la cuestionada norma. Varias de las medidas dispuestas por el juez fueron sugeridas por los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuán, quienes impulsaron la investigación.
Amadeo dijo ayer ante la comisión que efectivamente Catan le había preguntado telefónicamente el 22 de agosto a las 19 si tenía conocimiento de un pedido de coima para frenar el proyecto, a lo cual respondió negativamente. "Le dije al periodista que no sólo no había escuchado nada sino que esa misma tarde había mantenido una entrevista con el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Mario Vicens, para analizar la cuestión del CER, quien me dijo que no entendía de dónde había obtenido el Financial Times esa información", narró Amadeo.
Los senadores le preguntaron además si había formulado algún comentario sobre el proyecto -en alusión al supuesto veto presidencial- a lo que Amadeo respondió también negativamente.
"No me corresponde formular ese tipo de comentario y tampoco tenía sentido político que yo generara un conflicto por un proyecto que estaba verde", dijo Amadeo.
La declaración del funcionario demandó cerca de media hora, casi el mismo tiempo que los senadores se tomaron para lamentar la decisión de Walsh de no colaborar con una investigación que intenta dar transparencia al funcionamiento de las instituciones.
La negativa de Walsh fue motivo de un breve debate, ya que el radical chaqueño Eduardo Moro pretendió enviarle una nota comunicándole que la comisión de Asuntos Constitucionales "deplora" la conducta del diplomático. El vicepresidente del bloque PJ, Miguel Angel Pichetto, rechazó esa posibilidad recordándole que no le correspondía a una comisión parlamentaria manifestarse en esos términos con un embajador, y propuso a cambio remitirle un cuestionario para que Walsh aclarase algunas de las inquietudes de los legisladores.
"¿Qué hubiese ocurrido si el embajador argentino en Washington hubiese sido invitado por el Senado de los Estados Unidos a informar al cuerpo?", se preguntó Kirchner.
Tras algunas consideraciones acerca del tono que debería tener la nota al embajador, la presidenta de la comisión quedó facultada para redactarla, aunque deberá hacerla circular antes de su envío entre los legisladores.
