Mientras tanto, en la víspera la mesa de la conducción del bloque avanzó en el análisis del tema, decidiendo trasladar sus opiniones al plenario del bloque que se realizará este mediodía.

Los diputados debatieron sobre la posibilidad de acompañar un proyecto impulsado por legisladores de la izquierda, del ARI, del socialismo, del Frepaso, de la UCR y de algunos peronistas en el que además de la anulación de las dos leyes mencionadas, se plantea también la anulación de los indultos presidenciales a los militares decretados por el ex presidente Carlos Menem. La diferencia con este último punto, llevaría a los diputados peronistas a optar por bajar al recinto de sesiones con un proyecto propio, en el que sólo contemplarían las anulaciones a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

De la reunión en la que se decidió avanzar con el tema en la sesión del próximo martes participaron, entre otros, el presidente de la bancada, José Diaz Bancalari (Buenos Aires); Manuel Baladrón (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Omar Becerra (Tierra del Fuego); Juan Correa (Buenos Aires); María Alarcón (Santa Fe); Oraldo Britos (San Luis); Rubén Pruyas (Corrientes); Juan Urtubey (Salta) y Julio Solanas (Entre Ríos).

"Vamos a buscar una solución integral y definitiva; y en los próximos días realizaremos un análisis de fondo de la cuestión", explicó el presidente del bloque peronista.

Pese a que ya se da como un hecho que los diputados del PJ avanzarán en la anulación de estas leyes, varios de los integrantes de la bancada continúan sosteniendo una postura contraria a la posibilidad de anular esas leyes por considerar que una decisión de ese tipo tomada por el Congreso constituiría un "enchastre jurídico".

Según revelaron fuentes del bloque, los peronistas barajan tres alternativas frente a este crucial tema, entre ellas la posibilidad de avanzar en un proyecto conjunto junto a otras fuerzas, como la UCR y el ARI de Elisa Carrió. La segunda posibilidad es generar un proyecto propio, y la tercera opción sería no bajar al recinto si llegada la fecha de tratamiento del tema no hay un acuerdo sobre la postura del bloque.

Según los voceros consultados, en la reunión Díaz Bancalari admitió ayer que la posibilidad de la nulidad "es de una alta complejidad técnica", y señaló que el bloque pretende "una solución integral y definitiva".

De esta manera, en la reunión de hoy el PJ definirá su posición en un trabajo contrarreloj tras el pedido que impulsan los partidos de izquierda de buscar un tratamiento del tema en la sesión de 12 de agosto próximo.

A todo esto, el diputado justicialista Ricardo Falú urgió a la Corte Suprema a que brinde una solución definitiva a la cuestión de las denominadas leyes del perdón, al tiempo que estimó que el análisis del tema podría dilatarse más allá del 12 de agosto próximo en la Cámara baja.

Falú reclamó una "rápida respuesta por parte de la Corte" Suprema y desestimó que se requiera la presencia de nueve miembros en el Tribunal para tratar el tema, como lo señaló el titular del cuerpo, Carlos Fayt.

"Ese es un argumento que podría habérselo entendido como válido si no urgían los tiempos, pero ahora los tiempos urgen", enfatizó Falú, quien recordó que "hay un plazo que ya está corriendo y ya hay extradiciones que está pidiendo el juez (Baltasar) Garzón", desde España.

Mientras tanto, la Corte Suprema aclaró que se tomará todo el tiempo que "considere necesario" para resolver la constitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un tema espinoso del que dependen las extradiciones de ex represores de la última dictadura. Mediante un comunicado, el máximo tribunal de Justicia confirmó que se discutió -durante una acordada de cinco horas- la validez de las leyes del perdón, pero aclaró que "continuará trabajando" en el asunto "en los tiempos que considere necesarios" y "sin ningún tipo de presión" por parte del Gobierno.

"La Corte hace conocer que continuará abocada a la consideración del caso, trabajando para ello en los tiempos que la misma Corte considere necesarios para que todos sus miembros puedan pronunciarse fundadamente y sin ningún tipo de presión en temas tan trascendentes para la vida política nacional", indicó.

Los ocho integrantes del Tribunal estuvieron reunidos ayer más de cinco horas y uno de los temas polémicos que se debatieron fue el tratamiento que se dará a la validez de las normas, cuya inconstitucionalidad reclama fuertemente el Gobierno de Néstor Kirchner desde hace varios días.