Un grupo de diputados solicitó a la Justicia la realización de un cruzamiento de llamadas de 40 líneas de celulares que habrían sido adquiridos por una empresa supuestamente "fantasma" para "canalizar" las comunicaciones entre el Poder Ejecutivo y un grupo de senadores que habrían cobrado coimas para sancionar la Ley de Reforma Laboral en el año 2000.
Los diputados nacionales Graciela Ocaña, María América González, Gustavo Gutiérrez, Irma Parentella y Alberto Piccinini se presentaron en la Justicia para entrevistarse con los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, quienes participan de la investigación por las presuntas coimas en el Senado.
Entre las medidas solicitadas a los fiscales se encuentra la declaración del espía de la SIDE Eduardo Isaac García -presuntamente vinculado con la maniobra y quien ya fue citado para el próximo jueves- y el "cruzamiento de llamadas entrantes y salientes", a través del sistema Excalibur, de las líneas adquiridas por una empresa privada.
Los legisladores recordaron que el 10 de julio de 2001 se presentó en la Fiscalía un anónimo recibido en el despacho de Ocaña en el que señalaban como responsables de los sobornos al ex director de la SIDE Fernando De Santibañes, al ex jefe de Contrainteligencia Alejandro Brousson y el espía García.
García había sido citado a declarar como testigo por el juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral para mañana a las 10:00, pero la audiencia se pospuso para el próximo jueves a la misma hora.
Fuentes allegadas a la investigación precisaron que el espía ya fue relevado por el presidente Néstor Kirchner de la obligación de guardar secreto profesional, por lo que durante su declaración podrá revelar sin condicionamientos todo lo que sabe debido a su actividad.
En el anónimo también se mencionaban números telefónicos pertenecientes a una firma que habrían sido utilizados supuestamente para concretar los contactos entre el Poder Ejecutivo y los senadores.
Según datos que surgieron de un informe periodístico esa empresa tendría domicilio denunciado en la localidad bonaerense de Glew.
Sin embargo, Ocaña precisó en su escrito que la supuesta dirección de la empresa "es inexistente" y que en el sitio donde debería estar la oficina "se está construyendo una cancha de paddle" y la actividad comercial de la misma "seria irrelevante o nula" y tendría declarados ante la AFIP sólo dos empleados.
"Todo esto no coincidiría con el hecho de que la empresa era titular de 40 líneas de teléfonos celulares durante el período en el que se habrían cometido los ilícitos denunciados", evaluó la diputada Ocaña.
