El Senado bonaerense aprobó modificaciones al Código Procesal Penal provincial y para agilizar los procesos en los casos en los que el autor de un delito sea sorprendido in fraganti y prohibió la excarcelación para los que porten armas sin autorización y tengan antecedentes por delitos dolosos.
El proyecto, que pasó a la Cámara de Diputados, amplió además las facultades de las víctimas de delitos de impugnar resoluciones judiciales adversas y extendió la competencia de los juzgados Correccionales a los delitos que tengan una pena privativa de libertad de hasta seis años.
La iniciativa fue consensuada por los legisladores justicialistas con el Poder Ejecutivo provincial, resultando rechazado por el radicalismo provincial que solicitó la intervención de la Policía y el Servicio Penitenciario.
Una de las medidas aprobadas por el Senado de Buenos Aires modificó el Código Procesal Penal provincial para prohibir la excarcelación a los detenidos que hayan protagonizado delitos con portación de armas de fuego, que debe ser ratificada por Diputados.
Los cambios al Código Procesal Penal otorgan facultades a los fiscales para abocarse de lleno a las causas vinculadas a los delitos más graves, estableciendo un "criterio de oportunidad" para seleccionar los asuntos que estén en sus manos.
En el caso de los juicios, establece mecanismos tendientes a evitar que los procesos se hagan más lentos como consecuencia de las continuas apelaciones.
El paquete aprobado por el Senado también propicia la realización de "juicios directísimos" para los casos de flagrancia, es decir, cuando el acusado sea detenido "in fraganti" mientras comete el ilícito.
Los legisladores también facultaron a las víctimas de un delito a impugnar resoluciones judiciales que les resultaren adversas.
Otra de las modificaciones al Código Procesal obliga a los fiscales penales a direccionar prioritariamente la investigación hacia delitos graves, incorporando criterios de oportunidad reglados.
Por otra parte, le puso un límite a la posibilidad de archivar causas por parte de los fiscales, que no tendrán la atribución de hacerlo cuando "mediaren razones de seguridad o interés público".
El paquete incluyó -basado en varios proyectos de los legisladores- la puesta en marcha del mecanismo de "juicio directísimo" para los casos de flagrancia, en el que la investigación preparatoria no podrá durar más de 15 días.
El procedimiento en caso de flagrancia -cuando el autor es sorprendido en el momento de cometer el ilícito, inmediatamente después o mientras es perseguido por la fuerza pública- se aplicará en el caso de delitos dolosos cuya pena máxima sea 15 años de prisión o reclusión. También se aplicará cuando se trate de delitos dolosos de acción pública sancionados con pena no privativa de la libertad, según explicaron fuentes legislativas.
Así, el fiscal deberá tomar conocimiento de la detención y en el término de 48 horas, solicitar al juez que se declare el caso como de flagrancia, y tendrá un plazo no mayor de 15 días, improrrogable, para completar la investigación.
Otro de los puntos del paquete legislativo aprobado establece que la Justicia deberá "denegar la excarcelación en los supuestos de simple portación de armas de fuego sin la debida autorización".
