El justicialismo buscará en un plazo de quince días convertir en ley los proyectos para penalizar la tenencia y portación de armas y para prohibir la reventa de teléfonos celulares extraviados, pero no avanzará en la aprobación de nuevas iniciativas a la espera que el gobierno anuncie en un plan integral de seguridad.
El Congreso completó la votación de una de las seis iniciativas que debatió el miércoles pasado, y quedó pendiente de aprobación en algunas de las Cámaras los proyectos sobre reactivación de celulares, libertad anticipada de condenados, penalización de tenencia de armas, y castigo de juego clandestino. El presidente del bloque de diputados justicialistas, José María Díaz Bancalari, consideró que lo mejor es esperar "el plan integral del gobierno" sobre seguridad para coordinar cuales "serán las iniciativas que requerirán sanción del Parlamento", previo a avanzar en un conjunto de nuevas leyes.
De este modo, el justicialismo solo acelerará la sanción definitiva en el Senado del proyecto del gobierno para penalizar la tenencia de armas y en Diputados sobre telefonía celular, y tratará de buscar un acuerdo sobre las dos iniciativas diferentes votadas en cada cámara sobre la libertad condicional de los condenados por delitos aberrantes.
Si bien se trata de proyectos diferentes porque uno modifica la ley 24.660 y otro el Código Penal la intención de los diputados y senadores del PJ es consensuar si avanzan con los dos proyectos, se compatibiliza en un solo dictamen o se espera alguna señal del Poder Ejecutivo.
De hecho, los diputados modifican ley 24.660 que se refiere a la salida transitorias de los condenados -que se otorga cuando ya cumplieron la mitad de la misma- para evitar que puedan tener ese beneficio los autores de homicidio calificado, violación o secuestro seguidos de muerte.
En cambio, el proyecto aprobado por el Senado modifica el artículo 13 del Código Penal para impedir la libertad anticipada de los condenados de delitos aberrantes cuando hayan cumplido los dos tercios de la sentencia. En este contexto, la segunda iniciativa de este paquete que será convertido en ley por el Senado es el agravamiento de penas por tenencia y portación ilegal de armas de fuego y de guerra, en el cual se estableció que en estos últimos casos serán delitos no excarcelable.
Por lo pronto, el oficialismo en la Cámara alta espera sancionar este proyecto en los próximos quince días, aunque habrá que esperar hasta el martes cuando se realice la reunión de Labor Parlamentaria para determinar si se debatirá esta semana o la próxima.
De todos modos, la intención del justicialismo en este cuerpo es mantener los cambios incorporados por los diputados para que los delitos de portación no autorizadas de armas de fuego o de guerra sean no excarcelables, así como la entrega de un arma a un menor de 18 años.
