El Senado convirtió en ley el proyecto que regula la venta de telefonía celular, uno de los puntos reclamados por Juan Carlos Blumberg en su petitorio.
Los senadores aprobaron la norma por "unanimidad" con la presencia de 51 legisladores.
La norma aprobada en el Senado prohíbe la actividad de revendedores y mayoristas de teléfonos celulares -los llamados "bolseros"-, penaliza la compraventa de aparatos usados, crea un registro de usuarios y obliga a denunciar en forma inmediata el robo o extravío del celular.
También fija en 3 años de prisión la pena máxima para quien compre un teléfono "a sabiendas de su procedencia ilegítima".
La ley, que fue votada por unanimidad y ahora espera su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, era otro de los reclamos de Blumberg. Apunta a desbaratar una herramienta usada en secuestros extorsivos, la llamada desde celulares -en su mayoría robados o adquiridos ilegalmente- para pedir rescate.
El Senado aprobó 11 artículos que habían reformado en Diputados, e insistió en los restantes 5 con la sanción original. Los puntos más salientes son:
* Prohíbe la actividad de revendedores y mayoristas. La comercialización de celulares sólo se podrá hacer a través de empresas legalmente autorizadas.
* Las empresas deberán registrar y sistematizar los datos personales de todos los adquirientes. Y crearán un número gratuito de asterisco, disponible las 24 horas, para que la Policía pueda corroborar si un equipo está registrado a nombre del que lo porta. Un registro igual tendrá la Secretaría de Comunicaciones, y las empresas quedan obligadas a entregar sin cargo esos datos al Estado.
* Los clientes estarán obligados a denunciar en forma inmediata la pérdida o hurto de su teléfono. Y quedará prohibida la activación o reactivación de celulares reportados como robados o extraviados, sin expresa autorización de los propietarios.
* La alteración o clonación de líneas tendrá penas de un mes a 6 años de prisión.
* Al que adquiriere un celular a sabiendas de su procedencia ilegítima le corresponderán entre 6 meses y 3 años de prisión.
La reglamentación sobre los teléfonos celulares servirá como prevención contra el terrorismo: en España se logró detener a parte de los autores del terrible atentado de Atocha porque habían utilizado, precisamente, la tecnología celular para cometer el crimen.
