El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados la ley de implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), una norma que regula las relaciones de cooperación entre el Estado Argentino y el organismo internacional penal.
El proyecto fue apoyado por el bloque radical, el PJ, los partidos provinciales y las bancadas minoritarias y cosechó 53 votos a favor y ninguno en contra.
La iniciativa tiene por objeto adoptar la legislación local para hacer posible la actuación de la Corte penal Internacional, un organismo creado el 17 de Julio de 1998 y ratificado por el Congreso en febrero del 2001. La CPI es un órgano internacional permanente, vinculado con el sistema de las Naciones Unidas y con competencia para juzgar delitos de extrema gravedad, tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
La Corte Penal Internacional se creó en julio de 1998 con la firma de 139 países y fue ratificada por Argentina en febrero del 2001. Pero para poder cumplir con las obligaciones contraídas no es suficiente ratificar el Estatuto de Roma sino que es necesario sancionar la norma de implementación local que permita la efectiva vinculación del país con la Corte Penal Internacional.
Hasta hoy sólo unos pocos países de los 94 ratificantes del Estatuto han dictado la ley de implementación local.
