Definen juicio político a Vázquez

La Cámara de Diputados aprobó durante un extenso debate a aprobar el dictamen acusatorio que elaboró contra el juez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez, señalado por los legisladores de "mal desempeño" en su cargo en el alto tribunal.

El presidente de la Comisión de juicio Político de la Cámara de Diputados, Ricardo Falú, consideró que "hay causas suficientes" para destituir al juez Adolfo Vázquez, y señaló que luego de esta etapa se avanzaría sobre la investigación del ministro Antonio Boggiano. "El juez Boggiano es la quinta pata de la mayoría automática y como hicimos con los cuatros restantes en la Comisión no podemos obviar la responsabilidad que nos toca de investigarlo", explicó Falú ante periodistas minutos ante del inicio de la sesión de la fecha.

En el recinto, Falú fue el preopinante de la acusación de 15 cargos en cuatro causas, y allí estableció la responsabilidad de Vázquez en las causas denominadas "Meller", "Macri", "Magariños" y "Dragonetti Román".

A pesar de esta posición que va en línea correcta a la iniciativa original del cuerpo que se propuso hace más de un año, por iniciativa del Gobierno nacional, las vacantes quedarían cerradas tras la virtual salida de Vázquez del Alto Tribunal.

Fuentes cercanas a la presidencia de la comisión señalaron que "ya no hay un escenario ideal para continuar con la renovación" y agregó que es "muy poco probable" que el Parlamento logre llevar a juicio político al ministro integrante de las "mayoría automática".

"Hasta acá llegamos" dijo la alta fuente quien valoró toda la tarea de la comisión que trabajó con libertad e independencia en cada una de las investigaciones.

La aprobación del dictamen de comisión contra Vázquez cerrará la primera etapa del juicio político, consistente en la acusación, mientras que la segunda etapa, correspondiente al enjuiciamiento público propiamente dicho, depende del Senado, que es el que determina si el magistrado incurrió o no en mal desempeño de sus funciones.

En tanto, y mientras dure la segunda etapa del proceso, el Senado puede decidir la suspensión preventiva del magistrado como recomienda el dictamen acusatorio de la comisión de Juicio Político de la Cámara, según recordó el titular de ese cuerpo, Ricardo Falú al realizar la defensa de ese despacho.

El tratamiento de la acusación contra Vázquez -que había sido acordado por los bloques parlamentarios en julio pasado- fue ratificado por la decisión del justicialismo que resolvió ayer en su reunión de bloque impulsar el debate en el recinto del dictamen, pese a las diferencias que generó en el propio seno del oficialismo la cuestión. Esas disidencias en el bloque oficialista, que surgieron por parte de una veintena de diputados en torno a la estrategia de renovar la Corte Suprema, fueron manifestadas por ex menemistas, pocos duhaldistas y algunos santafesinos que responden a Carlos Reutemann como Angel Baltuzzi.

Por su parte, la diputada del Frepaso, Nilda Garré, vicepresidenta primera de la comisión de Juicio Político, sostuvo que "esta cámara debe acusar a Vázquez, ejerciendo un mandato constitucional de control que hace a la división de poderes". También, desde el radicalismo, el diputado Juan Jesús Mínguez, vicepresidente segundo de la comisión de Juicio Político, advirtió que Vázquez "violó y transgredió la Constitución nacional" y recordó que la UCR presentó un pedido de juicio político contra el juez Antonio Boggiano "por las mismas causales".

El dictamen acusatorio de la comisión de Juicio Político contiene quince cargos por presunto mal desempeño desprendidos de los denominados casos "Macri", "Magariños", "Dragonetti de Román" y "Meller".

Si bien ese dictamen fue aprobado en diciembre pasado, los diputados prefirieron que primero se voten los pliegos de Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay previo a avanzar con esta acusación para evitar que se mezclen ambos temas. De esta manera, Vázquez se perfila a ser el cuarto juez de la Corte que integró la denominada "mayoría automática" -mote que se han ganado algunos jueces por convalidar las políticas de Carlos Menem- que fue obligada a dejar su cargo tras la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner.

El proceso comenzó con la investigación a Julio Nazareno, quien renunció previo a la votación de un dictamen en su contra, luego se avanzó con el ahora destituído Eduardo Moliné O'Connor y posteriormente se procedió a la apertura de otro sumario a Guillermo López, tampoco concretada por la dimisión de este juez.

Este magistrado puede convertirse a fin de año en el segundo ministro del tribunal que fue destituido en los últimos cincuenta años, ya que Moliné O'Connor fue removido de su cargo por la Cámara de Senadores el pasado 3 de diciembre. En cambio, el ex titular de la Corte Julio Nazareno y Guillermo López renunciaron a sus cargos cuando en Diputados ya estaba avanzado un proceso de juicio político en su contra, por los mismos casos que luego motivaron la acusación contra de Moliné O'Connor.

De todos modos, se estima que si Vázquez es depuesto sólo será por su actuación en el caso denominado "Meller" como sucedió con Moline O'Connor, que ha motivado no solo el juicio a miembros de la Corte sino una demanda penal contra la ex titular de ENTel María Julia Alsogaray.

Los quince cargos formulados por los diputados de la Comisión de Juicio Político, que se debaten esta noche en la cámara de diputados, contra el juez de la Corte, Adolfo Vázquez, se fundamentaron en el desempeño que tuvo el magistrado en los llamados casos "Macri"; "Magariños"; "Meller" y "Dragonetti de Román".

Los cargos formulados contra Vázquez fueron los siguientes:

Meller: a) haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudelento; b) Negar al Estado la vía judicial de revisión de una resolución administrativa, que ilegítimamente lo perjudica en centenares de millones de pesos, omitiendo el tratamiento de los serios planteos del recurso, las disidencias y la existencia del proceso penal, lo que hace presumir ante lo manifiesto de las irregularidades y arbitrariedad del caso, que su voto no estuvo motivado por el cumplimiento de su función como juez, sino otros intereses; c) Haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del artículo 14 de la ley 48.

Magariños: a) Invadir esferas de competencia propias del Consejo de la Magistratura de la Nación, arrogándose facultades de otro órgano del Estado. Ello es así toda vez que, conforme al artículo 114 inciso 4 de la Constitución Nacional es atribución del Consejo de la Magistratura ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados; b) Afectar garantías constitucionales, avanzando sobre el derecho a la libre expresión, derecho fundante de todas las demás libertades; c) Cercenar el derecho a la opinión científica expresada por Héctor Magariños como profesor universitario en ejercicio de su función académica; d) Violar la independencia del Poder Judicial, amedrentando a un juez de la Nación, a través de una sanción administrativa.

Macri: a) Obstruir el proceso legal, respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el juez federal de Concepción del Uruguay, en los autos "Macri, Francisco y Martínez, Raúl, s/presunto contrabando"; b) Causar un grave perjuicio al Estado Nacional, al alterar la política económica con respecto al régimen de importaciones y exportaciones; c) Convalidar la interpretación del principio de cosa juzgada, ya que no existía entre las casas identidad en los hechos, ni en los bienes jurídicos entre las causas identidad de los hechos, ni en los bienes jurídicos involucrados, ni en las pretensiones punitivas, requisitos indispensables para aplicar el aludido principio, beneficiando a un grupo económico; d) Uso arbitrario del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Dragonetti de Roman: a) Invadir la esfera de competencias propias del Consejo de la Magistratura, arrogándose facultades de otro órgano del Estado. Ello así toda vez que, conforme al artículo 114 inciso 4 de a Constitución Nacional, es atribución del Consejo de la Magistratura ejercer facultades sobre magistrados; b) Afectar garantías constitucionales, vulnerando el principio de proceso y el derecho de defensa; c) Violar la independencia del Poder Judicial, amedrentando una jueza de la Nación, a través de una sanción administrativa.

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