El proyecto también apunta a lograr la suspensión por cuatro años de los trámites de ejecución de las sentencias de desalojo dictadas en los procesos judiciales que tengan por objetivo principal la desocupación de esas tierras. Además, la norma pretende que por el término de dos años las comunidades aborígenes puedan presentarse ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a fin de llevar a conocimiento de las autoridades la existencia de conflictos judiciales respecto del dominio o la posesión de las tierras ancestrales.

La remisión del proyecto fue anunciado en Casa de Gobierno por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, junto al titular del bloque justicialista de la Cámara de Diputados, José María Díaz Bancalari, y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Jorge Rodríguez.

La ministra destacó que la aprobación de este proyecto permitirá "devolverle la equidad a los pueblos originarios" y anticipó "un trabajo muy fuerte en materia de tierras de comunidades aborígenes para alcanzar un diagnóstico real y poder asesorar y respaldar en sus derechos a estos pueblos".

Rodríguez, por su parte, destacó la intención del gobierno de "generar políticas de tierras de fondo" para las comunidades indígenas y que en un plazo de cuatro años permita relevar la situación de cada una de las comunidades para determinar qué tipo de política encarar.

En referencia a las comunidades indígenas asentadas sobre terrenos fiscales, la política del Gobierno es proponer un programa de regularización de tierras a las provincias o municipios, para que las comunidades puedan tener el título comunitario que otorga la Constitución nacional.