Durante la reunión de comisión se aprobó un proyecto que dispone derogar el artículo 7 de la ley que "establece la competencia de la Nación en la materia de seguridad y protección de personas y bienes en la ciudad de Buenos Aires". Se trata de uno de los puntos restrictivos de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires plasmados en la ley que tomó su nombre del senador bonaerense del PJ, Antonio Cafiero, uno de los impulsores de no ampliar las facultades del Gobierno porteño.

La decisión fue adoptada en el último tramo de un plenario de la comisión de Seguridad Interior, que contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, quien reafirmó la "voluntad política" de su distrito de contar con una policía propia para poder "conducir la política de seguridad".

"Nosotros tenemos una fuerte voluntad política de contar con nuestra propia policía y para eso debemos derogar esta barrera que hoy tiene la legislación vigente", subrayó. Ibarra destacó que "la verdad es que ser autoridad de una ciudad de 3 millones de personas donde la mayor preocupación es la seguridad y no poder dirigir la política de seguridad es un contrasentido".

De esta manera, Ibarra quien concurrió acompañado por el jefe de Gabinete, Raúl Fernández, y el secretario de Seguridad, Juan Carlos López, expuso en la comisión de Seguridad Interior -que conduce el radical Fernando Montoya- su postura favorable a la derogación del artículo 7 de la llamada Ley Cafiero.

En este contexto, la emisión del dictamen fue considerado como un triunfo por la mayoría de los diputados porteños, aunque aún la iniciativa -redactada por la ibarrista Silvana Giúdice- debe superar los filtros de la comisión de Legislación Penal, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

"La verdad, ser la autoridad máxima de tres millones de habitantes y no poder manejar una policía propia en la misma ciudad, es un verdadero contrasentido", planteó Ibarra. El funcionario porteño planteó esta posición en declaraciones que formuló luego de presenciar la reunión de comisión de Seguridad Interior de la cámara de Diputados, en la que se aprobó un proyecto para derogar la prohibición de controlar a una policía propia por parte de la ciudad.

Es la primera vez que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires pueden avanzar en el tratamiento de un proyecto que deroga una de las trabas que se estableció a la autonomía en la ley Cafiero, sancionada en 1995, como la prohibición de tener policía y justicia propia. En esa ocasión, los legisladores del peronismo condicionaron la sanción de la ley que estableció las bases de la autonomía a imponer como límites que no puedan tener una justicia, policía propia ni hacerse cargo del Registro de la Propiedad y el manejo del puerto.