El Senado aprobó en general el proyecto de ley que establece un marco regulatorio para la producción y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), y postergó para la próxima semana su tratamiento en particular. El proyecto, que se aprobó por 52 votos a favor y 1 en contra, iba a ser considerado íntegramente en la sesión, pero la falta de acuerdo sobre algunos puntos obligó a postergar su el resto de su tratamiento por una semana.
Los senadores no llegaron a un acuerdo final en relación a las fuentes de financiamiento del Fondo Fiduciario creado por la ley, a la autoridad de aplicación y a la denominación bajo la cual operará el nuevo marco.
Los legisladores buscan con esta sanción un mecanismo de regulación del precio de las garrafas, cuyo precio se triplicó desde la caída de la convertibilidad, pese a que es utilizado por miles de personas que no tienen gas natural, en especial la población de menores recursos.
Uno de los puntos aún no resueltos del proyecto que se votó es el que declara de "interés público" la producción y comercialización del GLP. La variante que proponen varios senadores es la de convertirlo en "servicio público", como establecía el dictamen de la comisión de Energía.
El segundo punto polémico es el que prevé la creación de un Fondo Fiduciario para atender el consumo residencial de GLP envasado para usuario de bajos recursos y para la expansión de redes de gas a zonas no cubiertas por redes de gas natural.
El tercer artículo que obligó a postergar el debate en particular es el octavo, que dice que la Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación y que "podrá delegar en el Enargas las tareas de fiscalización y control técnico". En este ítem, senadores de diferentes bancadas coinciden en que la redacción debe decir taxativamente que el Enargas "será el encargado de la fiscalización".
Con respecto a las tarifas, establece que la autoridad de aplicación fijará, para cada región y para cada semestre estacional de invierno y verano un precio de referencia para el GLP de uso doméstico nacional en envases de hasta 45 kilos. También el proyecto contempla la posibilidad de la libre importación del GLP sin otro requisito que el cumplimiento de la normativo vigente, pero limita la exportación ya que previamente se exige que se debe garantizar el abastecimiento interno.
Por otro lado, se acordó que la Cámara de Diputados sancione una ley complementaria que contemple una rebaja del IVA del 50 por ciento que se aplicará a toda la cadena de venta del GLP.
En defensa del proyecto, el presidente de la Comisión de Energía, Nicolás Fernández (PJ-Santa Cruz), explicó que el de GLP es "un mercado desregulado con abuso de posición dominante que genera zozobra en muchos sectores de nuestro país".
"El gas en garrafas ha divido al país entre los que están en la periferia y los que están en los grandes centros. Los usuarios de gas licuado no son voluntarios; son prisioneros de un mercado donde la infraestructura no llegó", remarcó Fernández.
En nombre del radicalismo, el jujeño Gerardo Morales adelantó que su bloque "comparte el tratamiento de la iniciativa porque busca regular este mercado", aunque advirtió que la norma debe especificar que se trata de un "servicio público" porque "es una actividad regulada, que debe ser controlada y fiscalizada por el Estado".
En el cierre del debate, el chubutense Marcelo Guinle (PJ), precisó que "el mercado del gas, que es la materia prima, está desregulado" y que "al salir de la convertibilidad nos vemos en la obligación de regular; en lo que constituye una obligación de orden social".
