Votaron un presupuesto sin facultades para Solá

La sanción en la Legislatura de la ley de Presupuesto de la provincia de Buenos Aires para el próximo año, derivó en una crisis dentro del justicialismo y dejó al borde de la ruptura a la bancada de diputados del peronismo.

El enfrentamiento entre el sector que responde al gobernador Felipe Solá y los diputados alineados a Eduardo Duhalde, se produjo cuando los legisladores duhaldistas modificaron el proyecto de Presupuesto girado por el Poder Ejecutivo.

El duhaldismo eliminó los artículos del Presupuesto que le permitían al gobernador reasignar partidas y designar personal, lo que generó el enojo de los diputados leales a Solá. Por su parte, los 19 diputados que responden al felipismo reiteraron que las modificaciones introducidas al cálculo de gastos y recursos de la Provincia "están condicionando la gobernabilidad".

Con el bloque del PJ dividido el duhaldismo consiguió, luego de una jornada signada por febriles reuniones y constantes encontronazos verbales entre representantes de ambos bandos, cerrar un acuerdo con los diputados del radicalismo. Esto les permitió a los legisladores que responden al ex presidente reunir los votos necesarios para lograr el quórum para sesionar y, posteriormente, las dos terceras partes imprescindibles para sancionar el proyecto.

El acuerdo entre el PJ y la UCR tuvo el acompañamiento de los dos diputados del PAUFE de Luis Patti y permitió la sanción de la norma que un día antes había quedado varada en la Legislatura provincial en medio de la fuerte disputa entre felipistas y duhaldistas.

El proyecto de Presupuesto de la Provincia para el 2005 prevé un gasto total de 17 mil millones de pesos y el nudo de las tensiones giraron a partir de las reformas que el propio oficialismo legislativo -con mayoría duhaldista- había decidido introducir en el proyecto elaborado por el equipo del gobernador Felipe Solá.

os cambios que finalmente aprobó la Cámara de Diputados y generaron la fuerte polémica entre felipistas y duhaldistas apuntaron, por un lado, a retirar las atribuciones al Gobernador, previstas en el proyecto, para que pueda cambiar el destino original de las partidas de dinero.

En el proyecto se proponía que el gobernador pueda disponer, según su criterio, la utilización de más de 2 mil millones de pesos asignados al ministerio de Economía (formalmente a la cuenta Obligaciones del Tesoro).

La otra decisión pasó por recortar parte de los 14 mil empleados que, según la iniciativa presupuestaria, preveía incorporar el Ejecutivo durante el año próximo.

Para los legisladores, la autorización para cambiar el destino de los recursos implicaba la concesión al gobernador de "superpoderes"; y para el Ejecutivo significaba el otorgamiento de "atribuciones normales" que "se vienen dando a los mandatarios desde 1984".

Según el proyecto aprobado en Diputados y en el Senado, el gobernador fue autorizado a incorporar cargos sólo en las áreas de Seguridad, Justicia y Salud y no en el resto de las dependencias de gobierno.

Las modificaciones al proyecto original provocaron la reacción de los 18 diputados enrolados en el felipismo, que resolvieron no bajar al recinto de sesiones para convalidar lo que consideraron un presupuesto "invotable". Con esa decisión, la bancada justicialista quedó con 34 diputados, lo que impidió que se votara un endeudamiento de 1500 millones de pesos incluido en el presupuesto y para lo que la Constitución exige los dos tercios de los votos.

Es que a la retirada de los felipistas se sumó el rechazo al tratamiento del presupuesto por parte de la bancada del radicalismo, lo que obligó a los legisladores justicialistas a aprobar el presupuesto pero sin los artículos del endeudamiento.

La crisis en el justicialismo se analizó por la mañana también en una reunión convocada por el gobernador en La Plata, a la que asistieron intendentes y legisladores enrolados en el felipismo, en la que Solá pidió "prudencia", según dijeron los voceros. Por la tarde, los diputados felipistas emitieron un comunicado en el que aseguraron que los cambios introducidos a la Ley de Presupuesto constituyen "un intento de condicionar la gobernabilidad en la provincia".

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