El titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, admitió que "estamos preocupados por esta ley" y aseguró que desde la OA "lucharemos porque esta ley no sea retroactiva". Fleitas Ortiz de Rozas sostuvo que "faltó un debate público" porque "uno puede hacer muchas observaciones, pero estando publicada hay que ver cómo se puede operar para que no ocurra la impunidad".

Fleitas Ortiz de Rozas señaló que la OA hizo "infinidad de denuncias" y "en muchos de estos cada proceso demora un año" y opinó que "hay una potencial de impunidad que resulta de lo lento que es el sistema judicial".

En tanto, el ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, manifestó su curiosidad respecto de quienes están de acuerdo con la norma pero "plantean objeciones de oportunidad porque en todo caso harían que ninguna medida de ninguna naturaleza fuese posible de sancionar porque la oportunidad para este tipo de cosas nunca es buena".

"Si (la norma) es buena intrínsecamente cualquier momento es bueno por más que uno pueda decir que va a tener tal o cual consecuencia no querida", explicó Arslanián.

Aclaró que otro debate es si la norma es retroactiva o no y al respecto señaló que "las leyes rigen para el futuro, de modo que aquellas situaciones en donde haya sentencia, esas no tiene por qué ser revisables".

Por su parte, el ex juez Andrés D'Alessio, opinó que "lo que debería hacer el Gobierno es una campaña que explique la situación de cómo se lleva a cabo esto" y sostuvo "no parece que fuera irracional esta decisión" porque "la prescripción siempre fue parte del código penal".

En tanto, el ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, explicó que la sanción de esta norma "recoge los criterios jurisprudenciales existentes sobre una norma del Código Penal que ha traído muchísimos inconvenientes que se introdujo a finales de la década del 90".