La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable sobre el proyecto de reparación económica para exiliados políticos, que ya fue sancionado en el Senado.
Ahora, la iniciativa será analizada por las comisiones de Justicia, Familia y Presupuesto y Hacienda y a mediados de abril podría ser debatida en el recinto.
La iniciativa, que alcanzaría a unas 5 mil personas, busca completar el sistema de indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado, que debieron exiliarse entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 para evitar ser secuestrados, torturados y asesinados.
En los últimos meses del gobierno de Isabel Martínez de Perón la Triple A desató en el país una sistemática persecución a opositores políticos, fueran o no justicialistas. La decisión política de la Triple A, que lideró el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega de iniciar un proceso sistemático de persecución y asesinato de militantes políticos y gremiales había comenzado a fines de julio de 1974 cuando asesinaron en la calle al diputado Rodolfo Ortega Peña.
"No nos vamos a dejar presionar mediaticamente y mucho menos por aquellos medios que la han pasado muy bien en la dictadura", sostuvo el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, el peronista Hugo Perié, al término de una reunión con integrantes de una agrupación de exiliados y antes de emitir el dictamen favorable. A fin del año pasado, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de pagar una indemnización a Susana Yofre de Vaca Narvaja, que se exilió en México, y cambió la postura de pagar solamente a quienes antes de su exilio habían sido perseguidos o encarcelados.
El proyecto de ley, que fue elaborado por el senador justicialista Marcelo López Arias y que contempla una reparación económica de 74,66 pesos por cada día pasado en el exilio, fue respaldado también por el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Rodolfo Matarollo, quien participó de la reunión.
