La norma, aprobada por unanimidad y sin debate, considera al servicio de Internet "dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que los demás medios de comunicación". En rigor, el proyecto fue elaborado sobre la base de un decreto publicado el 25 de noviembre de 1997 durante el Gobierno del ex presidente Carlos Menem.

Según la iniciativa, el "servicio de Internet es un medio moderno por el cual la sociedad en su conjunto puede expresarse libremente, como asimismo recabar información".