La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que inicie acciones a nivel internacional para acusar de "criminal de guerra" a Margaret Thatcher por el hundimiento del crucero General Belgrano.
Se trata de una iniciativa -aprobada por unanimidad y sin debate- impulsada por el diputado radical Federico Storani que solicita investigar las responsabilidades de Thatcher "como criminal de guerra en la masacre y posterior hundimiento del crucero general Belgrano, ocurrido el 2 de mayo de 1982.
El ataque ocurrido el 2 de mayo de 1982, realizado a 36 millas de lo que Gran Bretaña definió como "zona de exclusión" y después de 30 horas de persecución, "violó el derecho internacional y en especial la Convención de La Haya de 1907". La "zona de exclusión marítima" fue fijada unilateralmente por el Gobierno de Gran Bretaña y comprendía unas 200 millas marinas alrededor de las Islas Malvinas.
En los hechos había funcionado como un bloqueo, notificado a la República Argentina cuando se iniciaron las hostilidades, es decir, como una delimitación de lo que se consideraba "zona de guerra".
La iniciativa, impulsada por el radical Federico Storani y varios compañeros de su bancada, precisó que el buque argentino fue alcanzado por los torpedos británicos -que había lanzado el submarino Conqueror- cuando se encontraba al sudoeste de la Isla de los Estados.
"El ataque representó un acto alevoso de agresión armada en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, del cese de las hostilidades establecido por la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU y de lo unilateralmente establecido por el mismísimo Gobierno británico", subrayó el texto. Agregó: "Resulta palmario que (el hundimiento del buque argentino) supuso la violación de las normas de derecho internacional que rigen la guerra naval y, más precisamente, la violación de convenciones como la de La Haya de 1907 y del Manual de Oxford de 1913 sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar".
Los diputados subrayaron en el documento que "la doctrina internacional establece que esta clase de crímenes se encuentran caracterizados por estar sujetos a normas imperativas de derecho internacional, por estar sometidos a jurisdicción penal internacional y por ser imprescriptibles".
