La Cámara de Senadores votará el miércoles a favor de la destitución del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Boggiano, y de ese modo se dará punto final a la renovación del alto tribunal y a la denominada "mayoría automática" que funcionó durante la década de gobierno menemista.
Por su parte, el juez adelantó que en caso de ser destituido por el Senado, recurrirá a "organismos internacionales" para apelar esa decisión, y subrayó que el juicio político en su contra "no tiene fundamento", y le provoca "ganas de llorar".
"En caso de que sea destituido voy a apelar ante organismos internacionales, como Naciones Unidas, porque estaríamos ante una violación de los derechos humanos de un juez, y una violación del derecho que tiene un ciudadano de tener justicia independiente", señaló el funcionario.
Boggiano, que fue suspendido mientras se sustancia el juicio político por mal desempeño en sus funciones, advirtió: "Si me destituyen, la gente podrá decir que no hay Justicia en Argentina, porque estoy ante un proceso que no tiene fundamento, no es serio, no es parcial. Lo único que siento es ganas de llorar".
El proceso contra Boggiano se inició en abril de este año y terminará este miércoles 28 cuando, desde las 14, se reúnan los senadores en sesión especial de juicio político y voten si destituyen o no al magistrado cuyo alegato se escuchó el jueves en una reunión parlamentaria que duró casi cinco horas.
Para destituir a un funcionario de la Corte se necesitan los votos afirmativos de los dos tercios de los presentes en el recinto y, en el caso de Boggiano, las fuentes parlamentarias consultadas señalaron que es un hecho que casi todo el peronismo y el radicalismo votarán por su salida del alto tribunal.
Los legisladores que acompañan la posición de desplazar a Boggiano consideran que está "plenamente probado" el mal desempeño del magistrado en los tres casos investigados.
Boggiano se encuentra acusado por "mal desempeño" y se le atribuyen 14 cargos distribuidos en tres causas: Meller, Macri y Dragonetti de Román.
En el primero de los casos se le imputa "haber legitimado judicialmente un proceso administrativo fraudulento" y "negar la vía judicial de revisión de una resolución del Tribunal Arbitral de Obras Públicas" con un perjuicio millonario al Estado.
En esta causa también se lo acusó de "haber tenido una conducta gravemente autocontradictoria al modificar su voto" el "4 de noviembre de 2002, un día antes de la sentencia" cuando "poco antes, el 13 de septiembre" había firmado lo contrario.
