El texto de la norma empezó a fraguar en una reunión que mantuvieron el martes un grupo de senadores con el ministro de Educación, Daniel Filmus, y terminó de definirse en un plenario de comisiones que permitió obtener un dictamen firmado al día siguiente.

Si bien los radicales mantienen una objeción respecto al modo de repartir la carga del incremento presupuestario, existe acuerdo entre todas las bancadas para que la iniciativa sea aprobada como un gesto de consenso y política de Estado.

El eje central de la norma presentada e impulsada por el Poder Ejecutivo es el incremento del presupuesto educativo del 4 al 6 por ciento del PBI en un lapso de cinco años -desde 2006 hasta 2010-, con lo cual no sólo se pretende incrementar las partidas sino también darle previsibilidad a las erogaciones del sector.

Según las estimaciones de crecimiento económico del país, las partidas aumentarían de los 23.000 millones actuales a 53.000 millones de pesos para el final de la década.

La carga de ese aumento, según consta en el proyecto, se reparte 60 por ciento a cargo de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y 40 por ciento a cargo de la Nación.

Actualmente la proporción es diferente, ya que las provincias aportan el 67 por ciento, mientras que la Nación entrega el 23 por ciento restante. No obstante ello, los radicales y unos pocos justicialistas sostienen que el aumento debería distribuirse 50 y 50 por ciento, ya que no representaría una erogación muy costosa para la administración nacional.

Pero las consultas realizadas por la conducción del bloque oficialista con los ministerios de Educación y de Economía arrojó respuestas adversas para la opción promovida por la oposición.

El proyecto hace la salvedad de que en los ejercicios fiscales en los que no haya incremento en el PBI, o cuando la variación producida no genere un incremento en la recaudación como para cumplir las metas previstas, "la meta anual deberá adecuarse proporcionalmente al incremento de la recaudación".