Busti realizó su exposición ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados para fundamentar el pedido de presentación de una demanda formal ante el Tribunal Internacional de La Haya, para dirimir allí el conflicto entablado con Uruguay por la instalación de las plantas papeleras.

El gobernador aludió a los emprendimientos industriales que Botnia y Ence tienen en Finlandia y España y destacó que "ambas firmas admitieron que encontraron en Uruguay menos control y exigencias que en sus países de origen".

"Ence posee una fábrica en Pontevedra, España, y los pontevedreanos son conocidos en su país como los olorosos, porque llevan impregnados en sus ropas y cuerpo el olor a huevo podrido característico de los químicos que emanan de las plantas", relató el mandatario provincial.

Busti destacó que entre 1964 y 1994 Ence "no cumplió allí con la normativa de vertido de líquidos y atmosféricos y fue condenada en 2002 por delito ecológico en Pontevedra y obligada a pagar multa de 433 mil euros".

El gobernador fustigó los argumentos provenientes de funcionarios uruguayos, que resaltan la fuerte inversión económica que representa para el país vecino la instalación de las plantas, con la consiguiente creación de una importante cantidad de puestos de trabajo, y sostuvo que los mismos "carecen de validez".

"Se trata de sólo 300 puestos de trabajo directo y o lo demás no alcanza para invalidar el sólido argumento del daño ecológico de magnitud que tales emprendimientos generaran", aclaró Busti.

Para el gobernador, la persistencia del gobierno uruguayo en defender las plantas "comporta una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos por denegar y ocultar información a los afectados con una claro intencionalidad de evitar el conocimiento público de los daños a los derechos humanos que generarán los proyectos industriales".

Busti hizo hincapié en la "gravísima contaminación ambiental" que producirán las plantas, que "por razones de lucro" se instalarán en la ciudad de Fray Bentos, con una población de 23 mil habitantes y a escasos 33 kilómetros de la localidad Argentina Gualeguauchú, donde la población asciende de 86 mil personas "sometiéndolos a severos riesgos y demostrando un total y absoluto desprecio por la vida".

"Están construyendo a escasos kilómetros de ciudades densamente pobladas las plantas de celulosa más grandes del mundo en volumen de producción y cuya tecnología de procesamiento destruirá recursos naturales argentinos durante 40 años y producirá la contaminación del suelo, del aire y el agua en una magnitud inusitada y con graves riesgos a la salud", abundó el mandatario provincial.

Entre las consecuencias que las plantas acarrearán para la salud de la población, el gobernador destacó que el tratamiento de los desechos provocarán "irritabilidad en los ojos y sistemas respiratorios, malformaciones, inhibición del sistema inmunológico, alergias, hiperactividad, diabetes, bajo peso al nacimiento, cáncer y muerte".