El valor central de la sanción reside en el respaldo político que se concedería al Gobierno para que "en caso de resultar necesario" recurra al tribunal de La Haya, pese a que el Ejecutivo tiene la facultad de hacerlo sin consultar al Congreso.

El tratamiento fue originado en un proyecto de declaración presentado por el jefe del bloque PJ-Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, en el que se considera que Montevideo violó el Estatuto del Río Uruguay por haber autorizado en forma inconsulta la construcción de las plantas industriales, y por no suministrar la información sobre impacto ambiental.

La Cámara de Diputados tiene previsto aprobar este jueves un proyecto de declaración similar, elaborado por el titular de la bancada oficialista, Agustín Rossi.

En el Senado, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Carlos Reutemann, leyó un discurso basado en el informe que el canciller Jorge Taiana brindó la semana pasada en las dos cámaras parlamentarias.

El senador santafesino criticó la decisión de Montevideo de "autorizar en forma unilateral" la construcción de las dos papeleras, lo cual "ha vulnerado los compromisos asumidos por el Estatuto del Río Uruguay" suscripto en 1975, en el cual está contemplado la instancia de recurrir a La Haya en caso de un diferendo.

"En ningún momento el gobierno de Uruguay ha informado sobre los criterios para la selección de la localización de las plantas. Tampoco sobre los aspectos vinculados a las técnicas a utilizar, y mucho menos sobre el eventual impacto ambiental", sostuvo Reutemann.

Mucho más vehemente fue Jorge Capitanich, quien sin ambigüedades sostuvo que Montevideo "ha violado flagrantemente el Estatuto del Río Uruguay", y que ha incurrido en una "acción permanentemente obstructiva, basada en la política de los hechos consumados, violando la confianza política entre las partes".

El vicepresidente de la comisión, el radical Rodolfo Terragno, fue uno de los abanderados de la posición crítica a la propuesta del oficialismo, al considerar que la vía de La Haya "no es la solución al problema", ya que recién podría expedirse en 2010.

Terragno propuso un cambio en la declaración que incluya dos instancias previas al recurso ante la Corte: "Instar al Poder Ejecutivo nacional a agotar las negociaciones diplomáticas y las acciones conciliatorias" con Uruguay, y promover la creación de una "Comisión Parlamentaria Argentino-Uruguaya" para facilitar el consenso.

También la puntana Liliana Negre de Alonso cuestionó el proyecto del oficialismo por considerar que "los senadores debemos contar con información que no tenemos para decidir en igualdad de condiciones", tras lo cual criticó el accionar de la Cancillería por haber suscripto con Uruguay un acuerdo de monitoreo.

Durante su intervención, Negre de Alonso tuvo un duro cruce con Pichetto, quien fuera de micrófono la llamó "medalla de oro del gobierno uruguayo", por opinar en contra de la posición de la administración nacional.