El Congreso respaldó la decisión del gobierno de plantear ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la controversia que mantiene con Uruguay por la instalación de dos papeleras en la ciudad de Fray Bentos.
La presentación había conseguido el miércoles el aval del Senado y hoy los diputados aprobaron una declaración idéntica, que otorga un respaldo político al gobierno para que "en caso de resultar necesario" recurra al tribunal.
El planteo encuentra como fundamento el Estatuto del Río Uruguay firmado por ambos países. Junto al oficialismo votó la UCR, los justicialistas bonaerenses y los partidos provinciales. El ARI y PRO se abstuvieron. A pesar de la amplitud del respaldo, la oposición marcó diferencias con las posturas asumidas por el gobierno nacional a lo largo del conflicto y, en especial, alertó sobre las posibles demoras que podría enfrentar la gestión en La Haya.
La sesión fue seguida desde los palcos por manifestantes llegados desde Entre Ríos, que acompañaron con aplausos las expresiones de solidaridad de los diputados con las protestas encabezadas por los vecinos de Gualeguaychú.
En defensa de la postura oficial, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Arguello (Frente para la Victoria-PJ), replicó las críticas de Uruguay a las protestas de la frontera. "No es cierto que el diálogo comienza cuando los cortes se levantan, el diálogo comienza cuando la construcción (de las plantas) se suspende", advirtió.
En ese orden, el diputado afirmó que el eventual reclamo ante el Tribunal Internacional de La Haya "es el último recurso al que la Argentina va a apelar luego de años de intentar un diálogo" con Uruguay.
Las divergencias con la estrategia oficial fueron marcadas con énfasis por el jefe del bloque de Propuesta Republicana (PRO), Federico Pinedo, para quien la estrategia de confrontación "puede terminar siendo negativa para nuestros vecinos de Gualeguaychú y puede ser negativa para los mecanismos de integración con Uruguay".
"No es conveniente introducir esta disputa en el marco de la integración del Mercosur", dijo el titular de la comisión de Relaciones Exteriores, en alusión a los perjuicios que podría ocasionar en el proceso de integración.
Federico Storani, que actuó como vocero de la posición de la Unión Cívica Radical, precisó que el bloque acompañaba el apoyo al gobierno para ir a La Haya "porque está (la posibilidad) en el tratado y porque fue aprobado de manera unánime por la Legislatura de Entre Ríos", pero confesó que los diputados del radicalismo son "francamente pesimistas con respecto al camino que se va a seguir".
Storani advirtió que el tribunal "tiene una predisposición en sentido contraria" a lo que busca la Argentina.
Como alternativa, el radical propuso crear una comisión binacional integrada por legisladores de ambos países "para descongelar la situación" mediante otro canal de diálogo.
El socialista Hermes Binner advirtió sobre las dilaciones que puede enfrentar la controversia en La Haya y Carlos Raimundi, del ARI, consideró que "debilita mucho" presentarse ante el tribunal "cuando no se trata de un país respetado por la defensa de su calidad ambiental".
Los legisladores de Entre Ríos repasaron, uno tras otro, la historia del conflicto y las protestas que llevan adelante los vecinos de Gualeguaychú desde octubre de 2003.
También fueron numerosas las referencias al contenido del tratado de protección de inversiones firmado entre Uruguay y Finlandia, país de origen de las empresas inversoras, que según expresaron legisladores como Claudio Lozano (CTA) o Eduardo Macaluse (ARI) incluye una cláusula de indemnización en caso suspensión de las obras por protestas ambientales.
La sesión incluyó también una defensa del diputado Rafael Bielsa (Frente para la Victoria a su gestión como primer canciller del gobierno de Néstor Kirchner.
