Hace años que se presentan en ambas cámaras proyectos de ley para aumentar las condenas a los violadores de menores, pero no hay clima para que prosperen.
Al sondear a legisladores de ambas cámaras sobre las razones por la morosidad en sancionar leyes que endurezcan las condenas para los autores de violaciones seguidas de muerte, el abanico de respuestas es amplio, si bien en algunos casos no se dice públicamente donde está el cepo que impide que prosperen.
En rigor, fuentes no sólo parlamentarias sino también del Poder Judicial coincidieron en admitir, en voz baja, que desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación han dejado trascender que no hay voluntad para avalar modificaciones de esta índole. Inclusive uno de sus miembros le respondió a una legisladora que lo consultó al respecto, que “en caso de que sea sancionada una ley en esa dirección y la Corte tenga que considerar una apelación a un fallo inspirado en ese futuro texto, avalaría el pedido de revisión”.
Una respuesta que sintetiza el pensamiento dominante en la nueva Corte Suprema, y que no llama la atención si se recuerda que en más de una oportunidad el juez Eugenio Zaffaroni se ha quejado en conferencias dadas en ámbitos universitarios de que “las leyes sancionadas con la impronta Blumberg implicaron un retroceso jurídico”.
En cuanto a lo que pasa en el Congreso, le tocó a la senadora peronista Silvia Giusti dar su versión sobre las razones de por qué no se aprueban esas iniciativas. Lo hizo en oportunidad de presentar nuevamente su proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación, luego de que perdiera vigencia por haber caducado el tiempo parlamentario para su tratamiento.
“Ya habíamos hecho una presentación similar en 2004, pero la burocracia y el prurito de algunos legisladores no permitieron que mi proyecto llegara al recinto, aun después de haber sido aprobado en la comisión respectiva y haber obtenido el visto bueno del bloque del PJ”, recuerda Giusti.
Otros intentos, pero más específicos en relación a la violación seguida de muerte -entre ellos los de los senadores Miguel Angel Pichetto y Sergio Gallia-, están más que demorados. Se trata de proyectos tendientes a endurecer las actuales penas que jamás obtuvieron el visto bueno del resto de los integrantes del cuerpo, quienes al ser consultados dan diferentes versiones de las razones de su no aprobación.
Apelan a eufemismos para justificar la inacción o la silenciosa decisión de no avanzar en tocar el Código Penal por razones que cada uno ubica en diferentes planos, desde lo ideológico a lo religioso.
Pichetto, jefe de la bancada de senadores oficialistas, ha planteado en su iniciativa declarar a los acusados de violaciones contra menores de edad como “delincuentes sexualmente peligrosos”, e incorporar esa figura en el Registro de Reincidentes, entre otras medidas.
Por su lado, el también justicialista Gallia presentó un proyecto para aumentar las penas contra los violadores e impulsar la reclusión o prisión perpetua cuando la víctima resulte muerta.
En la Baja tampoco
El panorama en la Cámara de Diputados es similar a la de Senadores. Uno de los últimos proyectos presentados corresponde a la radical bonaerense Vilma Baragiola, quien quiere crear un registro de condenados por delitos sexuales y mecanismos de liberación de datos relativos a esos delincuentes. “Es prioritario proteger a la sociedad de un tipo de delito que -según los especialistas en el tema y todas las estadísticas al respecto- tiene el mayor índice de reincidencia. El Estado no debe estar ajeno al daño que pudiera producirse a terceros omitiendo cuidados que una organización seria podría contener” señala Baragiola.
Asimismo remarca que el propósito de la ley es “es proteger a la sociedad de condenados que, al ser liberados, lleven en sí una gran carga de posibilidades de reincidir, además de contar con una herramienta más en la lucha contra el delito”.
Una inquietud similar tuvo la también flamante diputada nacional Paola Spátola, quien ante la creciente ola de delitos en la provincia de Buenos Aires le enrostró al ministro de Seguridad una supuesta pasividad en el tema. Spátola indicó que en el marco de los actos para repudiar el 30 aniversario de la última dictadura militar el gobernador Felipe Solá cubrió de elogios el rol jugado por León Arslanian en el juicio a las juntas militares, “cosa que yo misma destaco, pero tener memoria significa también no olvidarse de nuestra responsabilidades actuales de cara al futuro y no reposarnos sobre los laureles conseguidos en el pasado”.
En su proyecto, propone la creación de un registro especial de antecedentes de personas condenadas por delitos contra la libertad sexual.
La centralidad de la iniciativa es proveer “a una más eficaz prevención de delitos sexuales y mejorar las condiciones para el esclarecimiento de tales crímenes”, y está inspirado en la legislación francesa, que establece que esos datos pueden ser solicitados por organismos públicos o privados autorizados por el Estado.
Quien redobló la apuesta a la hora de aumentar las condenas es la misionera Irene Bosch de Sartori, del bloque Frente para la Victoria-PJ, que propone incorporar un artículo al Código Penal que establezca la pena de castración química para reincidentes, si la víctima de una violación resultara muerta.
Entre los anteriores intentos de cambio de la legislación se puede citar por ejemplo el de la diputada peronista bonaerense Nora Chiacchio, quien impulsa un registro de identificación genética de abusadores sexuales en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencias.
Por su lado, el justicialista salteño Juan Manuel Urtubey bregó hace un par de años por modificar el artículo 14 del Código Penal para impedir el beneficio de la libertad condicional a los condenados por violaciones o abuso deshonesto, cuando la víctima fuera menor de edad, pero al igual que todos los proyectos quedaron en la nada y nunca pudieron cruzar la avenida Rivadavia para ingresar al recinto del Cuerpo.
El que sí ingresó es uno de Carlos Ruckauf que logró media sanción. Establece la pena de reclusión perpetua al que abuse de un menor seguido de la muerte de la víctima.
En América también
En otros parlamentos latinoamericanos, de acuerdo con las informaciones recogidas por los legisladores y Parlamentario, también están abocados a la sanción de normas más duras, que en algunos casos llega a instaurar la pena de muerte para los violadores o la castración.
En Perú, un grupo de legisladores ha puesto nuevamente en debate la inclusión de la pena de muerte como la máxima sanción para quienes violen a menores de edad.
Para avanzar en esta iniciativa ese país tendría que renunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que no permite ampliaciones en las causales de pena de muerte luego de su firma. Un hecho que también incidió en más de un legislador argentino, que al tomar conocimiento de esta traba desecharon avanzar en proyectos en ese sentido.
En Chile, al igual que en Paraguay o Uruguay, más de un legislador se hizo eco de la demanda de una parte de la sociedad que reclama aumentar las penas tras conocerse un hecho de violación seguida de muerte. Aducen que las penas que se aplican para los violadores son muy leves.
Un grito que también sacude a la Argentina en situaciones similares pero que no tiene traducción legislativa en ninguna de las dos cámaras por el momento, aunque todo indica que el tema seguirá sin modificaciones porque no hay señales desde donde se ejerce el poder real de avalar una nueva modificación al Código Penal.
