La agenda de este año contiene importantes leyes a sancionar, pero algunas deudas legislativas persistirían. Los jefes de los bloques mayoritarios plantean los principales puntos a tratar.
Por Julio El Alí
El hecho fundamental que todavía genera variadas repercusiones dentro de los bloques e influirá en las cuestiones legislativas de este año fue la destitución de Aníbal Ibarra y la relación con el nuevo jefe de Gobierno, Jorge Telerman. Independientemente de ese significativo suceso político, hay numerosas normas que esperan ser resueltas, como por ejemplo las leyes de Compras de la Ciudad, Educación Sexual, el Código Procesal Penal Contravencional, el Plan Urbano Ambiental y las normas vinculadas a una reforma política, entre otras.
En el caso específico de la Comisión de Educación, allí se deben analizar ciertos temas fundamentales, como la ley General de Educación y la de Educación Sexual, ambas deudas importantes de la Legislatura. Estas iniciativas despertarán polémica, pero se deberá avanzar en la búsqueda de un consenso, aunque las cuestiones vinculadas con la sexualidad sean fuente de fuertes disputas, en las que intervienen posturas no sólo ideológicas sino también religiosas.
Por otra parte, el proyecto de una ley que rija y guíe los grupos de normas implementadas en el sistema educativo porteño implican un complejo entramado de relaciones que involucran a varios sectores que deberán ponerse de acuerdo para cumplir con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución, que plantea que la ciudad debe organizar un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de Educación, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. Sin dudas, no es tarea fácil.
Reforma política
Dentro de los cambios en el marco político, el tema más difícil de consensuar es la confección del Código Electoral porteño. La Ciudad de Buenos Aires, desde 1996, se basa en la legislación nacional para convocar a elecciones. Pero se debe estudiar la elaboración de un Código propio, ya que se realizarán los comicios de los dirigentes de la comunas y debe ser algo más específico donde se prevea algunas particularidades de la Ciudad. Si bien el año pasado se logró un previo acuerdo plasmado en un despacho, el proyecto finalmente quedó en la nada.
Autonomía
Lograr la aprobación de varios proyectos ya presentados, como ser la ley de Puertos, permitiría el inicio de una nueva etapa en el camino hacia lograr la autonomía total de la ciudad. Sin embargo, esta no es tarea fácil porque intervienen en la problemática el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Es decir que además de la búsqueda de consenso local entre las partes hay que luchar para arreglar un acuerdo con otro distrito y la Nación.
La principal traba para el traspaso de la Policía y las dependencias judiciales de primera instancia a manos de la Ciudad, por ejemplo, es la denominada ley Cafiero, que debe derogar el Congreso Nacional. Sin dudas, este paso es una gran traba a pesar de la ligazón entre el diputado Alberto Pérez, presidente de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales, y el presidente del Senado, Daniel Scioli.
Deudas de larga data
Por otra parte, la Carta Magna establece la creación del Consejo Económico y Social, pero nuevamente este tema no parece encontrarse en carpeta de ninguno de los bloques mayoritarios. Cabe recordar que se pasó por alto su conformación pese a que se encuentran presentados una importante cantidad de proyectos al respecto. Según la Constitución, este órgano debe estar integrado por asociaciones sindicales de trabajadores, organizaciones empresariales, colegios profesionales y otras instituciones representativas de la vida económica y social. Además, el artículo 45 establece claramente que el Consejo debe ser presidido por un representante del Poder Ejecutivo, que tendrá iniciativa parlamentaria y que deberá ser reglamentado por ley.
Otro de los proyectos que restan ser tratados por la Legislatura es el Plan Urbano Ambiental. Este plan también se menciona en varios artículos de la Constitución, donde se determina la importancia de la iniciativa, que debe servir de marco para la normativa urbanística y las obras públicas. Sin embargo, este tema viene postergándose desde hace tiempo, pues prevalecen -cada vez que va a ser tratado- las diferencias entre los sectores intervinientes en la elaboración del proyecto final, lo que hace que todo vuelva a fojas cero. Una de las consecuencias de esta falta será la ineficaz aplicación que tendrá la celebrada ley Basura Cero, ya que tampoco se puede cambiar una norma referida a los espacios verdes.
El resto de las iniciativas que duermen en la Legislatura son las leyes: de Talles, que propone que los comercios tengan ropa de todos los tamaños; de Ética Pública; de Patrimonio Arqueológico; de Presupuesto Participativo; de SIDA; el Código de Publicidad en Vía Pública; de Mobiliario Urbano; y el de Tribuna Popular. Quienes esperen algunas de estas normas deberán tener mucha paciencia.
