La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside la legisladora porteña Vilma Ibarra -de no mediar un imponderable de último momento, como sucedió con los intentos anteriores- va a emitir dictamen favorable a un proyecto que tipifica la figura del acoso sexual.

La iniciativa, de autoría de varios senadores, indica que “será reprimido con prisión de seis meses a cinco años, el que prevaliéndose de una situación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de otra índole, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pudiera tener en el ámbito de esa relación”.

También señala que recibirá la misma pena “el que abusare sexualmente de una persona de uno u otro sexo cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

De acuerdo con la consulta realizada con varios integrantes de la comisión, existe un consenso general en torno a la ley pero faltan adecuar aspectos relacionados con las penas, “ya que se debe respetar una proporcionalidad dentro del Código Penal, lo cual es engorroso por tantos parches que recibió”, según dijo uno de ellos a Parlamentario.

Recientemente, en tren de recoger testimonios favorables al proyecto, la comisión recibió la visita del ex juez de la Corte Suprema Gustavo Bossert, del ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, y del secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Alejando Slokar.

A favor. Bossert indicó que “el acoso, que aún no está especificado en el Código Penal, se da cuando una persona que se encuentran en un lugar de jerarquía le pide favores sexuales a un empleado o empleada bajo amenaza de perjudicarla”.

También citó datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el sentido que las estadísticas -no solo en la Argentina, sino en el mundo entero- muestran una tendencia a un crecimiento de los acosos sexuales en los ámbitos laborales. Puntualizó además que muchos episodios de este tipo no son denunciados ante el temor del despido.

Por su lado, Gil Lavedra, aclaró que “hoy el acoso aparece en la figura genérica de la coacción a una persona, pero ahora quedaría definida en forma más precisa”, tal como ocurre actualmente con la figura del abuso sexual.

“No sólo funcionará como intimidación contra el acosador, sino que servirá para señalar una conducta seriamente cuestionada por la sociedad”, enfatizó el ex ministro.

Ante el planteo de algunos senadores respecto de los índices de reincidentes, Slokar aportó algunas cifras, afirmó que “de los 9.668 presos que hay en la actualidad como consecuencia de delitos sexuales, sólo 251 registran antecedentes.

Para algunos la norma está vinculado en forma indirecta, pero para otros directamente con una polémica abierta en relación con una deuda del Senado. ¿Cuál? La ratificación de un protocolo de las Naciones Unidas contra la discriminación de la mujer en todos los planos, conocido con las siglas en inglés CEDAW, y que recientemente Vilma Ibarra requirió nuevamente su puesta a consideración en el recinto de la Cámara alta, y que según voceros calificados del bloque que conduce Miguel Angel Pichetto a partir de la próxima sesión, o la subsiguiente, será aprobada.

En rigor, es una promesa que hace años que se formula, como en más de oportunidad reflejó las páginas de Parlamentario. Es que ni Carlos Menem, ni Fernando de la Rúa ni Eduardo Duhalde o Néstor Kirchner -pasando por los efímeros presidentes Ramón Puerta, Eduardo Camaño y Adolfo Rodríguez Saá- pudieron doblegar el lobby de la Iglesia Católica que se opone a la sanción de ese protocolo, porque lo consideran contrario a quienes objetan la despenalización del aborto, cuestionan la prostitución o manifiesten su oposición pública a la homosexualidad.

Sexo en las aulas

A este panorama en Senadores se suma una iniciativa en la Cámara baja, tendientes a auspiciar la educación sexual en las escuelas. Más precisamente, la norma lleva la rúbrica de María del Carmen Rico, del flamante bloque Justicialista Nacional.

El texto indica que se crea el programa Nacional para la Educación Sexual a concretar en los establecimientos educativos de gestión pública estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma Buenos Aires.

Establece que el programa está destinado a los/las alumnas que asisten al nivel inicial, a la Educación General Básica, al ciclo Polimodal o sus equivalentes, a la educación técnica, a la educación especial, a la educación de adultos, a la educación artística y a los Institutos Superiores de Formación Docente.

En los fundamentos, la iniciativa de Rico admite que “la escuela no reemplaza a la familia. Su función es la de transmisión del conocimiento, la escuela debe ser un espacio para la acción que se proponga hacer más igualitarias las relaciones sociales. La escuela es un espacio democrático, debe brindar a los niños y adolescentes, independiente de la región en que vivan, de la clase a que pertenecen, del credo político o religioso que profesen, en base común de conocimientos y habilidades”.

En otro tramo, enfatiza que el Estado debe esforzarse para que los contenidos transmitidos sean verdaderos, desprovistos de preconceptos, disociados de las creencias religiosas, que serán delegadas a los distintos grupos confesionales que en “libertad” enmarcarán el conocimiento en su propia escala de valores morales y religiosos.

Abriendo el paraguas, Rico afirma que “abordar el tema de la educación sexual en la adolescencia, tocando “temas como embarazos no deseados, aborto, enfermedades de transmisión sexual, que incluya la abstinencia voluntaria, mediante una actitud responsable y sana son cuestiones que al ser impartidas desde el espacio de la educación formal no hacen más que colocar a la escuela en rol complementario de la familia y no sustituto”.

En concreto, los senadores están abocados a cambiar el andamiaje jurídico para sancionar una ley en contra de los acosadores sexuales, en tanto en la Cámara de Diputados recién comienzan los primeros pasos para intercambiar opiniones para impulsar la educación sexual en las escuelas. En ambos casos se esperan fuertes debates y un final incierto.