La Cámara alta aprobó y giró a Diputados un proyecto que incorpora al Código Penal la figura de acoso sexual como delito que será castigado con hasta cuatro años de cárcel.
Este fue el tema central de la sesión, ya que el proyecto para ratificar la creación de la empresa estatal Aguas y Saneamiento (AySA) fue postergado.
El proyecto, que cosechó 46 votos a favor y uno en contra, prevé una pena de cuatro meses a cuatro años de prisión para quien, abusando de una relación de superioridad jerárquica, laboral o docente, reclama favores sexuales para sí o para un tercero.
El único voto en contra fue de la peronista formoseña Adriana Bortolozzi.
En la votación en particular se repitió ese resultado en el artículo primero y en el segundo, en tanto que en el tercero, al haberse sumado un nuevo legislador, fue de 47 a 1.
La víctima deberá probar, no obstante, que el acusado pidió un favor sexual bajo la amenaza de causar a la víctima un daño en el ámbito de esa relación.
La propuesta busca reducir la alta tasa de acoso sexual que se registra en Argentina, según se desprende de un informe que realizó en 1996 la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Según la encuesta, el 16,6 por ciento de las mujeres argentinas padecieron incidentes de carácter sexual en el trabajo.
Los medios de coerción del acosador podrían ser, por ejemplo, amenazas de despido, traslado, modificaciones perjudiciales de las condiciones laborales, como así también la concreción de las amenazas.
En los fundamentos, la iniciativa aclara que "no invisten el carácter de acoso los intentos de seducción que no se acompañen de ninguna forma de coerción, aún cuando resulten rechazados".
La propuesta fue elaborada por el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Bossert, y por quien fue ministro de Justicia del gobierno de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra.
De acuerdo con lo visto cuando el tema se trató en la Comisión de Legislación Penal, presidida por la frentista Vilma Ibarra, existe respaldo de todas las bancadas para aprobar esta norma, lo que se reflejó en la votación final.
Vilma Ibarra destacó que el delito tiene dos grandes aliados: la vergüenza y la necesidad económica de las perjudicadas.
Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani resaltó que el proyecto "crea una medida disuasoria a un problema que existe pero que es silenciado por la falta de una norma que proteja a las víctimas". Giustiniani, el misionero Maurice Closs y el formoseño Luis Naidenoff fueron los únicos representantes masculinos que hablaron en el recinto, durante un debate dominado ampliamente por la rama femenina del Senado.
"La cultura machista todavía esta instalada en nuestra sociedad", se quejó la justicialista Silvia Gallego, quien además denunció que durante el debate del proyecto en la Comisión los hombres "lo tomaron con humor".
El proyecto dispone una pena de prisión de cuatro meses a cuatro años al que "abusando de una relación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de índole similar, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño en el ámbito de esa relación".
Ahora el proyecto deberá pasar a ser tratado en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Actualmente, el Código Penal no contempla en su articulado la figura de acoso sexual, y en cambio sólo prevé penas para el caso de abuso sexual.
