Dos iniciativas, una en el Senado y otra en Diputados, pretenden reglamentar el libre acceso a la información pública. Desde 1994 hasta ahora a ningún oficialismo le ha interesado transparentar la información de la marcha del Estado.
Por Julio El Ali
La reforma constitucional de 1994 sumó a la Carta Magna la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual establece que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información libremente, sin censura previa.
Hasta ahora todos los intentos fracasaron con la excusa de que la norma tenía que ser lo más perfecta posible. Un eufemismo, ya que todos los oficialismos de turno -incluida la actual Administración de Néstor Kirchner- no demostraron interés en su sanción, por la sencilla razón de que deberían democratizar la información hoy reservada para acotados sectores.
La teoría de buscar la perfección quedó demostrada cuando los senadores, a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, introdujeron modificaciones al proyecto sancionado por unanimidad en Diputados -a instancias de Elisa Carrió-, obligando así a que debiera ser revisado por la Cámara de origen, que finalmente lo dejó caer sin pena ni gloria, perdiendo la iniciativa estado parlamentario.
Así las cosas, no existe una ley nacional que regule y permita el libre acceso a la información pública, lo que se ha convertido en una de las mayores deudas del Congreso.
En realidad, hace más de cinco años que tanto en Diputados como en la Cámara de Senadores se está tratando de lograr consenso para sancionar un marco normativo y cumplir con lo que establece la Constitución. Pero es un tema muy delicado y complejo porque el Estado es muy celoso de su información y no desea ser transparente en sus actos, una característica fundamental que se necesita para el buen desarrollo de la democracia.
La resurrección
Luego de la caída del proyecto, en ambas cámaras se volvieron a impulsar iniciativas para que, de una vez por todas, se salde esa deuda pendiente.
Los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales presentaron una nueva propuesta, con la particularidad de que rescata la mayoría de los aspectos positivos del proyecto aprobado en Diputados y algunos de los cambios hechos en la Cámara alta.
La iniciativa de los senadores tiene como objetivo principal regular el derecho de las personas para acceder a la información pública y así permitir una mayor participación de la sociedad en asuntos de interés.
El proyecto de ley contempla que el libre acceso a la información se aplique en los órganos de la Administración pública central y descentralizada, en las entidades no estatales, las universidades nacionales, institutos y colegios universitarios. También las corporaciones regionales, el Poder Legislativo, la Auditoria General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial y todos los ministerios públicos. Asimismo, los fondos fiduciarios integrados con bienes del Estado y entes privados, con o sin fines de lucro, que poseen información pública.
El cambio significativo es que de ser aprobada esta norma las personas podrán solicitar información a todos los organismos antes mencionados sin necesidad de contar con patrocinio letrado, ni deberán acreditar derechos subjetivos.
En tanto, en la Cámara baja, la diputada Elisa Carrió y su colega Marcela Rodríguez volvieron a presentar el proyecto original que en 2003 había obtenido la media sanción en Diputados.
Cabe destacar que la líder del ARI fue quien comenzó hace bastante tiempo a trabajar para la elaboración de un marco normativo que cumpla con lo que establece el artículo 13 de los derechos civiles y políticos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.
Si bien el proyecto de Sanz y Morales es muy similar al de Carrió -ya que comparten el mismo objetivo- la iniciativa arista no descuida la obligación del Estado de hacer pública la información que obre en su poder o bajo su control, o que haya sido producida por o para dicho sector. Para ello, establece la creación de la Comisión Nacional de Acceso a la Información, que será un ente con autarquía financiera y autonomía funcional, que funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y será autoridad de aplicación y garante de cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
¿Será apoyado?
Un dato no menor es que los autores de los proyectos de ambas cámaras son de la oposición. Los senadores pertenecen al partido radical y las diputadas son del ARI, lo que provoca alguna sospecha de cuál será el destino de las propuestas, que se encuentran en las Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y Diputados, respectivamente.
En la presidencia de esa comisión de la Cámara alta está Cristina Fernández de Kirchner, mientras que en Diputados el presidente es el salteño Juan Manuel Urtubey, quienes -obviamente- responden al presidente Néstor Kirchner, la persona que se reserva la última palabra en los temas más importantes.
Con este panorama, parece extremadamente complicado poder llegar a tener en los próximos meses una ley de libre acceso a la información, aunque hay esperanzas de que así suceda.
En realidad, la respuesta deriva en otra pregunta aún más profunda: ¿la oposición está dispuesta a ceder a las modificaciones que pretenden introducir los oficialistas? Es decir, que la ley sea de perfil kirchnerista.
El debate se encuentra instalado con mayor oposición en Diputados, ya que el proyecto sancionado por el Senado fue -según fuentes parlamentarias- modificado bajo la atenta supervisión de la presidenta de la comisión, por aquel entonces senadora por Santa Cruz.
Sin embargo, desde el bloque de senadores radicales confían en que el destino del proyecto esta vez será otro, ya que “es una iniciativa que contiene las modificaciones y está más apto para permitir un consenso entre las partes”.
Pero fuentes cercanas a la UCR en la Cámara baja dudan de que la propuesta logre ser sancionada con el mismo texto en el Senado, ya que existen varias diferencias.
La realidad marca que el oficialismo, con la ayuda de los otros bloques justicialistas que no pertenecen al Frente para la Victoria y algún otro legislador, ha logrado aprobar todas las polémicas leyes y reformas que han querido, como el caso de la que modificó la integración del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, se prevé que la última decisión residirá en la voluntad del Gobierno. Sin duda, si el Presidente desea seguir identificado con la política desarrollada hasta la actualidad, en materia de derechos humanos, debería recomendar la sanción de dicha norma y eliminar así toda contradicción.
Decreto presidencial
Hasta ahora, lo único que existe es un decreto firmado por el Presidente en diciembre de 2003, por el cual se regula, entre otras cosas, el derecho de acceso a la información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Este hecho significativo fue saludado desde todos los sectores políticos, ya que era un avance muy importante para el reconocimiento del derecho a la información y un primer paso en la lucha contra la cultura del secreto y el afianzamiento de prácticas institucionales más transparentes y participativas.
El decreto estableció como autoridad de aplicación a la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, y a la Oficina Anticorrupción como el organismo encargado de recibir todas las denuncias relativas al incumplimiento de la normativa. Sin embargo, según indican algunas encuestas, este derecho no es conocido por la mayoría de las personas, y sólo algunos pocos supieron de esta posibilidad por la apertura de archivos de la dictadura militar.
Por otra parte, en estricto off, fuentes legislativas afirmaron a Parlamentario que las razones por las que el viejo proyecto se modificó en Senadores, volvió a Diputados, y jamás tuvo tratamiento, fueron por un pedido del Gobierno a través de la presidenta de Asuntos Constitucionales del Senado.
Otros afirman que el proyecto no fue tratado porque las internas del justicialismo entre los duhaldistas y los kirchneristas “congelaron” varios temas que a fin del año pasado se cayeron.
En conclusión, la ley de libre acceso a la información pública es presentada por la oposición, pero está en manos del oficialismo, por lo que se puede llegar a un previo acuerdo y aprobar la norma. Aunque, en un principio, el kirchnerismo duda de la posición a tomar.
