El ex senador nacional Emilio Cantarero negó todas las imputaciones que enfrenta por la investigación del presunto pago de sobornos en la Cámara alta para la aprobación, en abril de 2000, de la ley de reforma laboral.
Fuentes tribunalicias informaron que Cantarero se negó a responder preguntas en su declaración indagatoria ante el juez federal Daniel Rafecas, quien investiga el pago de sobornos a senadores, causa en la que el ex legislador está imputado por el delito de "cohecho pasivo".
El ex senador se presentó en los Tribunales de Retiro junto a su abogado defensor Andres Marutian y no aceptó responder las preguntas de los investigadores, pero entregó un escrito de descargo. En el documento -según refirieron fuentes allegadas a la investigación- Cantarero "negó las imputaciones en su contra".
En un primer momento, Rafecas había citado a Cantarero para el 22 de mayo pasado, pero el imputado alegó que tenía problemas de salud que le impedían trasladarse hacia el juzgado.
La predisposición de Cantarero cambió cuando trascendió que el juez Rafecas estaba analizando viajar hacia Salta -donde reside el ex senador- para interrogarlo personalmente.
Cantarero, es señalado por el arrepentido Mario Pontaquarto (por entonces secretario Parlamentario del Senado), como quien habría recibido 4.300.000 pesos para repartir entre sus colegas por la votación a favor de la cuestionada ley. Como prueba de sus dichos, el arrepentido entregó un "documento" que dijo haber recibido Cantarero en el que hay cifras manuscritas que van desde los 300 mil a los 50 mil pesos, al lado de los nombres mecanografiados de los senadores.
La trascendencia de Cantarero en los hechos se remonta a la entrevista que ofreció al diario La Nación, tras la aprobación de la ley, en la que dio cuerpo a las sospechas ya veladas sobre supuestos pagos de coimas a legisladores de la oposición para la aprobación de la reforma laboral.
Cantarero, al igual que sus ex colegas de bancada Augusto Alasino, Alberto Tell, Ricardo Branda y Remo Constanzo, están procesados por el cobro de sobornos, mientras que los ex funcionarios del gobierno de la Alianza fueron procesados por "cohecho activo", es decir el pago de las coimas.
