La ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo, facultades propias de jurisdicción y legislación y su principal funcionario ejecutivo –el Jefe de Gobierno- es elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Se parece a una provincia pero le falta casi todo lo que tiene una provincia.

¿Qué no pueden hacer ni el Jefe de Gobierno ni el resto de las autoridades de la ciudad? No pueden intervenir ni disponen de autoridad en las siguientes áreas:

1. Transporte público de pasajeros de superficie y subterráneo.

2. Policía de la ciudad.

3. Sistema de bomberos.

4. Registro de la Propiedad Inmueble.

5. Inspección General de Justicia.

6. Tribunales de Justicia.

7. Jurisdicción sobre su puerto.

8. Riachuelo.

9. Sistema de agua potable y cloacas de la ciudad.

10. Autorización, control y regulación del juego.

En materia de coparticipación federal de impuestos la ciudad recibe 1,4% de la coparticipación primaria pero aporta el 25% de la masa de recursos coparticipables de todo el país.

La información pública basada en estadísticas dice que han aumentado en la Ciudad, en forma alarmante, los delitos que afectan la seguridad personal y, principalmente, las denuncias de violaciones producidas fuera del ámbito familiar. La misma estadística registra, además, cada vez más problemas derivados de la falta absoluta o de inconvenientes en la prestación de servicios públicos que los habitantes de la Ciudad deberían recibir y no reciben.

Como respuesta a esta situación el ministro del interior sostuvo que no es verdad que haya crecido el índice de delitos y dejó, para el recuerdo, un mensaje reconfortante y antológico para los golpeados habitantes de la Ciudad: “No existe un rebrote de violencia a pesar de que se hable, se incite, o se pregone una teórica situación que para nosotros, desde el punto de vista de nuestros análisis, no existe".

¿Qué han hecho, mientras tanto, frente a este cuadro de situación los “otros dirigentes políticos”? La mayoría de los diputados nacionales elegidos por la Ciudad se han unido sin diferencias partidarias y presentando un proyecto de ley –que el Congreso de la Nación debería aprobar– en el que demandan el traspaso a las autoridades de la Ciudad de las diez áreas mencionadas.

Este proyecto reúne el apoyo, casi sin excepciones, de todo el arco político de Buenos Aires: Silvana Giudice (Radical), Miguel Bonasso (Convergencia), Lucrecia Monti (Peronismo Federal), Claudio Lozano (Emancipación y Justicia), Rafael Bielsa (Frente para la Victoria-PJ), Elisa Carrió, Delia Bisutti y María América González (ARI), Mauricio Macri, Jorge Vanossi, Nora Guinzburg, Paula Bertol, Esteban Bullrich, Federico Pinedo y Hugo Martini (PRO).

Mientras tanto, el Jefe de Gobierno Jorge Telerman ha convocado al Consejo de Seguridad y Prevención del Delito y la Legislatura de la ciudad ha designado a cinco de sus miembros para integrar este Consejo. Pero será muy poco lo que puedan hacer si no tienen autoridad para aplicar lo que resuelvan.

El mensaje alarmante de esta movilización es que el Estado se mueve por reacción, cuando la gravedad de los hechos delictivos recién despierta el interés de los medios de comunicación. Esta es una deuda institucional y social que debió haberse pagado hace diez años cuando Buenos Aires fue declarada por la Constitución Nacional una Ciudad Autónoma que debía controlar los servicios que prestaba.

Los problemas derivados de la falta de autonomía real de la Ciudad y el traspaso de los servicios a su jurisdicción deberían excluirse de la campaña electoral iniciada para las elecciones del año que viene. En este punto, todos somos responsables, pero será imposible modificar este cuadro de deterioro si el Presidente Kirchner no interviene desprendiendo al gobierno nacional de las facultades que retiene sobre Buenos Aires.