Abuelos controlados

Diputados bonaerenses aprobaron un proyecto para encuadrar el funcionamiento de los institutos geriátricos y permitir una correcta fiscalización para evitar problemas a futuro.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó y giró al Senado dos proyectos de ley que apuntan a cubrir un vacío legal respecto de las habilitaciones y los controles de los establecimientos privados asistenciales o de recreación. El tema ganó las primeras planas de los medios de comunicación hace un tiempo y sirvió como disparador de acciones legislativas. Si bien había proyectos en estudios al respecto, los hechos públicos generaron la conciencia suficiente como para avanzar en el tratamiento y en la posibilidad de mejorar las iniciativas.

Las miradas se posaron sobre la necesidad de mejorar el procedimiento de fiscalización de los establecimientos, ya que la norma madre (Decreto-Ley 7314/67) establece las condiciones que deberán reunir los propietarios de estos establecimientos. Sin embargo, luego de ellos, según los legisladores bonaerenses, “el procedimiento de fiscalización no resulta eficiente”.

Con una metodología legislativa que no deja de llamar la atención de los entendidos, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos sobre la misma cuestión. Uno que realiza un abordaje general sobre los requisitos solicitados para la habilitación, funcionamiento y sobre la fiscalización. En tanto, el otro proyecto aprobado por los diputados agregaría la creación de un Registro de Establecimientos Geriátricos (REG) y la habilitación municipal específica.

Durante buena parte del último período legislativo fueron analizados cuatro proyectos de ley sobre la cuestión y todos ellos quedaron en la Comisión de Asuntos Municipales a la espera de un proyecto que, en teoría, giraría el Poder Ejecutivo.

Sacados del cajón

Pero ahora los proyectos de la diputada Silvia Caballero y Marcelina Pérez de Ibarra -ambas del bloque del PJ- lograron salir del letargo, donde quedaron las iniciativas de Tránsito Saucedo y Juan Pedro Tunessi. El proyecto del Poder Ejecutivo sigue sin aparecer y todo indicaría que no conocerá, ya que desde los principales despachos bonaerenses se habría dado la venia al de la diputada Caballero.

Ambos proyectos, de tratamiento dispar en el Senado bonaerense, parecen coincidir en la necesidad de realizar adecuaciones al sistema de fiscalización aplicable a todo establecimiento sanitario privado asistencial o de recreación, teniendo en cuenta que “luego de ser habilitado por el Ministerio de Salud”, debe seguir funcionando “cumpliendo los requisitos establecidos”.

El procedimiento de fiscalización, establecido por el artículo 13 del Decreto 7314/67, no otorga “incidencia directa” a los municipios sobre el accionar y desenvolvimiento del servicio privado asistencial o de recreación, a pesar que las dependencias comunales perciben una tasa por habilitación comercial.

Por consiguiente, los proyectos en tratamiento, en primer lugar, establecen que los municipios, en el caso de los geriátricos, serán quienes ejecutarán las acciones tendientes al cumplimiento de las normas provinciales vigentes sobre habilitación y funcionamiento. Percibirán los aranceles por habilitación, regularán el régimen de infracciones y, por consiguiente, el cobro de las multas que se apliquen.

Cifras elocuentes

En la provincia de Buenos Aires hay 1.357 hogares para ancianos censados y sólo 572 habilitados. Este dato ilustra, con alguna claridad, las deficiencias existentes en el control de los establecimientos geriátricos que funcionan en el territorio bonaerense.

Para la diputada Marcelina Pérez de Ibarra “esta actividad merece más que ninguna otra un exhaustivo control de las autoridades en materia de seguridad, dado lo dificultoso que puede resultar tener que evacuar a personas mayores en caso de incendio u otro accidente”.

En la actualidad, según estimaciones de los propios legisladores, los numerosos geriátricos que no están habilitados funcional en total desconocimiento de las normas que velan por la seguridad de los residentes. La pregunta que se impone es ¿quién controla a los geriátricos? La respuesta: el Estado provincial. “A la vista de lo que reflejan las estadísticas, lo cual se condice con lo que sucede en la realidad, las deficiencias en los controles son notorias”, asegura Pérez de Ibarra.

Cuando este tema conmovió a la opinión pública (a principios de 2005) tres ancianos murieron y 29 fueron internados con distintos cuadros de intoxicación en un geriátrico de Quilmes que se prendió fuego. En ese centro había una sola enfermera para cuidar a 32 abuelos.

Ambas iniciativas pretenden establecer un marco de habilitación adecuado y, en especial, se aspira a descentralizar los operativos de control y darle un rol más activo a los municipios, pero aún los proyectos están dando vueltas por el Senado y todo sigue igual que a principios de 2005.

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