Los legisladores resolvieron citar para el próximo miércoles a los diputados de la Comisión Acusadora -que estaría integrada por el presidente de la Comisión de Juicio Político, Ricardo Falú, y por la legisladora Nilda Garré- para que presenten los cargos contra el juez del máximo tribunal.

Todos los senadores presentes en el recinto, a excepción del radical Raúl Baglini, juraron "administrar justicia con imparcialidad y rectitud conforme a la Constitución y a las leyes de la Nación".

Una vez oída la acusación por parte del Senado, ese cuerpo deberá darle traslado al acusado "para que la conteste en el término de 15 días", plazo que vencería a mediados de septiembre, y que sólo es prorrogable "sólo en razón de la distancia" si el acusado "no tuviere su despacho o domicilio en la Capital Federal". En ese marco, el acusado puede solicitar la "apertura a prueba", posibilidad a la que acudiría Moliné O'Connor dado que, en la defensa por escrito que presentó ante la Cámara de Diputados, ya había solicitado esa apertura y los legisladores le respondieron que podría requerirla durante la eventual sustanciación del proceso en su contra en el Senado.

Esa apertura a prueba consiste en la posibilidad de que el propio ministro acusado requiera el estudio de pruebas sugeridas por él mismo en su defensa, como así también la alternativa de convocar a personas que atestiguen sobre su desempeño ante los legisladores de la Cámara alta.

En caso de que la defensa del acusado ofrezca sus propias pruebas, el Senado deberá reunirse -en sesión pública o secreta- para evaluar si corresponde o no esa apertura, la que puede ser rechazada con el voto de los dos tercios de los presentes en caso de que las pruebas fueren "manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias".

De todos modos, el artículo 6 del reglamento del juicio político en el Senado establece que, en el caso de abrirse el juicio a prueba, "el término máximo para la producción de la misma será de 30 días", por lo que todo hace suponer que, de producirse, se extendería hasta mediados de octubre.

Finalizado el plazo para la prueba, se fijará el día para que se produzcan los alegatos, luego de lo cual el cuerpo deberá proceder inmediatamente a deliberar "en forma secreta si son ciertos los cargos que se imputan al acusado" y, más tarde, en una sesión pública, cada legislador deberá responder si el acusado es culpable o no de los cargos que se le hacen.

Tal como lo establece la Constitución Nacional, para que se proceda a la destitución del acusado, el Senado deberá reunir los dos tercios de los votos de los presentes, caso contrario la acusación queda archivada y el juicio político terminado.

De todos modos, una de las primeras decisiones que deberá tomar la Cámara alta en su conjunto es si proceden o no a suspender provisoriamente en el cargo mientras se sustancia el juicio político a Moliné O’Connor, tal como lo requirió la Cámara baja al aprobar su acusación.