El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó en la Legislatura un “paquete” de leyes orientadas a reformar la Justicia y el régimen de faltas porteño. El mismo contempla cuatro proyectos que fueron trabajados junto con los principales bloques de la casa política en el último mes y que ya están siendo tratados, que tienen por objeto avanzar hacia un sistema de premios y castigos apropiado para promover el cumplimiento de las normas locales. Se espera que en breve lleguen al recinto para su pronta aprobación.

Una de las iniciativas pretende introducir importantes modificaciones al Código de Faltas de la ciudad, que dan cuenta de la desactualización que éste tenía tanto en las multas como en las faltas. La segunda se basa en promover cambios en el procedimiento de faltas, a fin de obtener mayor agilidad a la sustanciación de las infracciones y las dos restantes están relacionadas con la creación de una nueva organización de la estructura administrativa de tratamiento de las infracciones, es decir, una nueva justicia de faltas.

Fuentes oficiales del Ministerio de Gobierno de la Ciudad anticiparon a Parlamentario que la creación de una Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales permitirá promover un tratamiento específico e integral de aquellas faltas que están vinculadas con la seguridad urbana, el medio ambiente, la higiene y sanidad, las condiciones bromatológicas de los alimentos y las actividades constructivas y prohibidas.

Asimismo, especificaron que ese organismo ayudará a descomprimir el actual cúmulo de trabajo que pesa sobre la Unidad Administrativa de Control de Faltas, que mantendrá el tratamiento de las faltas vinculadas con el tránsito vehicular y de peatones y la seguridad vial.

El nuevo sistema de los recursos técnicos y humanos, que permitirá alcanzar una óptima capacidad operativa y aumentar la eficiencia del servicio de administración de infracciones para garantizar la seguridad, dispondrá de agentes que deberán tener no menos de 30 años de edad y al menos cuatro años de ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial y serán seleccionados a través de concurso público.

Por otro lado, se prevé también estructurar a este organismo en diferentes agencias temáticas, cada una de las cuales tendrá competencia específica en estas materias. De esa forma se creará una Justicia medioambiental, una Justicia bromatológica, entre otras.

Inexistencia de sanciones

Desde el Gobierno porteño sostienen que hay un “peligroso vacío normativo”. Por esa razón resaltan la necesidad de incorporar nuevas figuras referentes al medio ambiente, al tratamiento de residuos patogénicos y peligrosos, a actividades constructivas y a la prestación de servicios de seguridad privada que hasta el momento no existían.

Algo que muchos ciudadanos porteños desconocen es que, al día de hoy, no existe sanción alguna para aquellas clínicas privadas que, por ejemplo, generen u operen residuos patogénicos sin tener certificado de aptitud ambiental y si bien incumplen con los requisitos que prevé la legislación vigente, no es pasible de sanción. Tampoco está contemplada como falta la falsificación de la declaración jurada vinculada a residuos patogénicos o el acopio de los mismos.

Por lo tanto, con el nuevo Código de Faltas se busca que los establecimientos que incurran en esa actividad sin la autorización correspondiente sean sancionados con multas que rondarán entre los 1000 y los 100.000 pesos, más una eventual inhabilitación y clausura.

Asimismo, hay otra preocupación vinculada a operaciones con PCV, que en la actualidad se están sancionando con infracciones de entre 5 mil y 20 mil pesos, y ahora con el nuevo Código habrá severas multas, eventuales clausuras e inhabilitación para la producción o comercialización de sustancias o equipos que contengan PCV, que hasta ahora no existía como falta.

En tanto, se cuadruplicarán las multas a aquellos establecimientos que elaboren y comercialicen alimentos que no cumplan con las condiciones de higiene adecuadas; se multiplicarán por diez las multas máximas para los titulares de establecimientos o vehículos que liberen sustancias contaminantes, para quien emita contaminantes y para quienes vuelquen efluentes.

Por otro lado, cabe destacar que se diseñó una nueva unidad de medida flexible para determinar el monto de las multas que permite que la Legislatura ajuste anualmente por ley los montos. Este año el valor de 1 UF es igual a $1.

Destino de los proyectos

Presentado el proyecto que hace pocos días salió de Asuntos Constitucionales y que ya obtuvo el dictamen de dos comisiones, una de ellas es la de Justicia, espera que salga con dictamen favorable del resto de las comisiones involucradas para que en breve sea tratado en el recinto.

Según informaron desde la Jefatura de Prensa del Gobierno de la Ciudad en exclusivo a Parlamentario, posiblemente a fines de agosto se aprueben los proyectos presentados por el Ejecutivo Comunal que, al parecer, no van a tener dificultades en obtener consenso.