La discusión condensa el contenido de los proyectos del kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse y de la peronista Mirta Pérez, que en los próximos días comenzará a ser estudiado por los asesores de la comisión para intentar avanzar en un documento consensuado. La ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad señala en su artículo 33 que "el condenado mayor de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución que asuma su cuidado".

Vargas Aignasse propone incorporar un artículo que precisa que "no será aplicable el beneficio (de prisión domiciliaria) en los casos en que se trataren ejecución de penas privativas de libertad por delitos de lesa humanidad o contra los derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales".

"Actualmente la decisión queda a criterio de los jueces el beneficio de la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años o para los que sufren una enfermedad terminal, pero en los casos de quienes violaron los derechos humanos esta excepción es una regla", sostuvo Vargas Aignasse al explicar su iniciativa.

El otro proyecto, el de Mirta Pérez, incluye la iniciativa de Vargas Aignasse y considera también necesario excluir del beneficio de prisión domiciliaria a quienes "hayan cometido delitos gravísimos como el homicidio agravado y secuestro extorsivo o los cometidos contra la integridad sexual".

Las propuestas de ambos diputados iniciaron un debate que -según dijo la titular de la comisión, la kirchnerista Rosario Romero- "no tendrá un final claro", porque pone en cuestión el beneficio mismo. Eso fue planteado claramente durante el debate no sólo por Pérez, quien señaló que "hoy los 70 años no son los 70 años de hace cuatro o cinco décadas", y también fue considerado por la macrista Nora Ginsburg.

También existen otros dos proyectos relacionados a la prisión domiciliaria que fueron elaborados por la kirchnerista Diana Conti y los aristas Marcela Rodríguez y Emilio García Méndez, que son coincidentes en "ampliar las causales" para acceder al beneficio.