El Senado comenzó a debatir en comisión de varios proyectos de ley para crear un régimen especial para penar a los menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos, pero sin bajar la edad de imputabilidad.
La discusión de las iniciativas se efectuó en el marco de un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Población y Desarrollo Humano y Seguridad Interior y Narcotráfico en el que fueron invitados funcionarios vinculados con el área de niñez, adolescencia y familia.
El debate continuará en las próximas semanas y, según admitieron desde el oficialismo, se espera obtener dictamen a mediados de octubre.
La titular de la Comisión de Asuntos Penales, la oficialista Vilma Ibarra, argumentó que la idea de la discusión es "contar con los insumos que nos permitan plantear la realidad de lo que ocurre en la actualidad con los institutos de menores, para saber bien con qué vamos a lidiar".
"Como está la situación, no sólo no cumplimos con la restitución de los derechos a los menores, sino que fracasamos porque los chicos vuelven a insertarse en el sistema penal cuando ya son adultos", refirió Ibarra.
En tanto, la justicialista mendocina María Cristina Perceval afirmó que la intención de establecer un sistema penal especial para menores "no es por un reflejo mediático", sino que "se inscribe en terminar con lo que se inició cuando este Congreso sancionó la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes". Del plenario participó la titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Marcela Vessvessian, quien argumentó que "la verdadera cuestión no es sólo la sanción de una ley, sino la restitución de los derechos", y exigió "trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales, municipales y los organismos no gubernamentales".
El coordinador general del Programa Nacional de Justicia para Niños, Adolescentes y Jóvenes en situación de vulnerabilidad sociopenal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gustavo Piantino, reclamó que "la privación de la libertad debe ser sólo como último recurso".
Por su parte, el director Nacional de Derechos de la misma secretaría, Gabriel Lerner, subrayó que si bien son muchas provincias las que tienen leyes para tratar la situación de los jóvenes con problemas penales "esos dispositivos no responden a la necesidad de que sea un centro de detención juvenil especializado".
