El proyecto presentado ante la Cámara alta para solucionar la situación de los deudores hipotecarios, no obtuvo el consenso necesario en el marco de un plenario. Así las cosas, el tema volverá a ser tratado la próxima semana.
Las discusiones se dieron en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversión. Allí, el titular de Legislación General, el justicialista Nicolás Fernández, dio a conocer una iniciativa que fue elaborada en consonancia con varios senadores y diputados, y con la colaboración técnica del Banco Nación, a cargo del fideicomiso creado por la ley 25.798, según explicó.
Sin embargo, la titular del Nación, Gabriela Ciganotto, no estuvo presente pese a que su presencia había sido anunciada, aunque si concurrió la presidente del Fondo Fiduciario, Mónica Costa.
Sí participaron del encuentro los diputados Eduardo Cigogna y Patricia Vaca Narvaja, que formaron parte de la subcomisión que redactó el anteproyecto; y la titular del Fondo Fiduciario, Mónica Costa.
El proyecto fue cuestionado en varios puntos por la senadora salteña Sonia Escudero, y por el radical Alfredo Martínez, por considerar que no contempla los casos de las deudas pre-convertibilidad, entre otros motivos.
El santacruceño Martínez dijo que tomó conocimiento del proyecto apenas un rato antes del plenario, por lo que tenía que tomarse un tiempo para estudiar la iniciativa, que es compleja por sus implicancias legales.
La idea de los legisladores es crear una norma "aclaratoria" de la ley 25.798, sancionada por el Congreso el 5 de noviembre de 2003, que estableció un fondo fiduciario que le permitiría a los morosos de deudas hipotecarias refinanciar el pasivo a través del Banco Nación. Sin embargo, la adhesión a ese fondo era voluntaria para los bancos privados, y la mayoría decidió no hacerlo y presentar demandas judiciales en contra de la ley, recurso que fue aceptado por varios magistrados, que dieron curso a las demandas de remates de las viviendas por falta de pago de las deudas, si bien en dos ocasiones el Congreso prorrogó la disposición que suspendía los desalojos, la cual vence a fin de año.
El expediente tiene por objeto hacer una interpretación de la aplicación de la Ley de Emergencia Económica que estableció la pesificación asimétrica de los créditos hipotecarios, así como sus modificaciones y prórrogas. Dentro de la ley están incluidos aquellos deudores que ingresaron a un Fondo Fiduciario administrado por el Nación que fue declarado inconstitucional por la justicia, y que había sido establecido para cancelar los créditos adquiridos en prestamistas no bancarios.
El proyecto incluye a quienes hayan adquirido vivienda única y familiar, que hayan incurrido en mora entre enero de 2001 y septiembre de 2003 y que el importe del crédito no supere los cien mil pesos. También suspende las ejecuciones a partir de la entrada en vigencia de la ley, hasta que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en la norma que se intenta sancionar.
Además, el expediente aclara que en caso de duda sobre la aplicación de la norma, los jueces se decidirán en el sentido más favorable a la conservación de la vivienda digna.
Por otra parte se establece que el juez debe intimar al acreedor para que en un plazo de diez días presente una liquidación actualizada de la deuda. Si así no ocurriera, el monto deberá ser calculado por el magistrado. Ese monto deberá surgir de un cálculo de la conversión de un dólar ñ a un peso, conforme a la aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) entre el 1 de octubre de 2002 y el 31 de marzo de 2004.
El nuevo proyecto se basa en "la teoría del esfuerzo compartido" entre deudores y acreedores, según puntualizó Nicolás Fernández durante el plenario, al que asistieron también los diputados Luis Cigogna y Patricia Vaca Narvaja, ambos del Frente para la Victoria, que intervinieron en la redacción de la iniciativa.
Durante el debate, Escudero planteó una serie de diferencias con la iniciativa, en especial su preocupación "por los deudores que no han sido incorporados al fondo fiduciario pese a cumplir con los requisitos", y por aquellos endeudados antes del fin de la convertibilidad, objeciones que fueron compartidas por el senador Martínez.
En cambio, Fernández defendió la iniciativa sosteniendo que se trata del producto de un "esforzado trabajo" que "evite la interpretación distorsiva", y agregó que es una "ley que fue consensuada con el Poder Ejecutivo porque se trata de un problema de Estado".
